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"Por polémica que sea, la decisión del juez Concepción Carhuancho es legal"

Andrea Planchadell, experta en derecho procesal penal, no le sorprendió la duración de la audiencia de prisión preventiva para la ex pareja presidencial

Andrea Planchadell

Andrea Planchadell considera que "lo deseable" es que se presente la acusación del fiscal contra Ollanta Humala y Nadine Heredia. (Eduardo Cavero / El Comercio)

El Comercio

La doctora española experta en derecho procesal Andrea Planchadell consideró que la resolución del juez Richard Concepción Carhuancho, que ordenó la prisión preventiva para el ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia es legal y se ajusta a derecho, aunque en algunas partes sea demasiado descriptiva.

— Abogados penalistas peruanos han opinado en contra de la decisión del juez. ¿Cuál es su valoración legal de esta decisión?
Vistos los presupuestos, y tal y como han sucedido los acontecimientos, considero que la decisión se ajusta a derecho. 

– ¿No encuentra algo ilegal en esta resolución?
​No, de ilegal entiendo que no. Se ajusta a los parámetros que establece el Código Procesal Penal. Es cierto que podríamos discutir si ha sido más o menos celoso en adoptar o considerar la existencia de elementos suficientes para entender que existe el peligro de fuga o de obstrucción de la justicia, pero no en la decisión en sí. Es una decisión que, por polémica que sea, analizada asépticamente, cumple los presupuestos que la ley establece.

— La defensa del ex presidente Humala insiste en que la resolución es arbitraria y un exceso.
No es así. Sí es cierto que se está produciendo un fenómeno en materia de medidas cautelares. Hay un cambio porque la realidad delictiva también está cambiando. Son medidas, no se puede negar, muy problemáticas. Pero hay que distinguir una decisión muy problemática de lo que sería una ilegal. Son dos planos distintos.

— Algunos expertos resaltan que ni Humala ni Heredia incumplieron las reglas de conducta antes impuestas.
La modificación de la medida cautelar, o el agravamiento en este caso, no solo es consecuencia de un incumplimiento de la comparecencia. Puede ser, sencillamente, por que las circunstancias que motivaron esa comparecencia ahora son insuficientes a la luz de todo lo que se ha venido averiguando posteriormente. Eso es lo que ha pasado aquí.

— Entonces, ¿cuál cree que es el punto más débil de la resolución, teniendo en cuenta que podrá ser revisada por una sala superior?
Es una construcción sólida. Si no me equivoco, no se discute la existencia de los elementos de convicción, sino el peligro de fuga o de obstrucción. Por lo tanto, no estaríamos hablando del fondo. En ciertas partes el juez ha sido demasiado descriptivo, pero está bien fundado. Se ha anticipado sabiendo que es una decisión que iba a ser mirada con lupa y ha querido dar explicaciones muy detalladas.

— ¿El hecho de que Nadine Heredia y Ollanta Humala se hayan entregado apenas conocieron la orden de prisión preventiva, puede ser valorado por la sala como una intención de no fugar? 
Entiendo que sí. Demuestra, por lo menos, la voluntad de colaborar en lo posible. Evidentemente demuestra una buena intención que, supongo, lo utilizarán a efectos de la apelación, como el hecho que se hayan presentado inmediatamente demostraría que no tienen intención de fugar.

— ¿A su juicio, la sala debería confirmar la medida?
[La resolución] No está mal hecha, pero la justicia tiene sus matices. Las medidas cautelares tratan de prevenir peligros del momento, actuales. La vida de la medida cautelar es la medida del peligro. Si ese peligro está, la medida se mantiene. Si ese peligro desaparece, la medida tiene que desaparecer. Lo que sí es cierto es que está teniendo mucha trascendencia y se tiene que confirmar cuánto antes para que esta situación, tanto por un lado como por el otro con todas las parte implicadas, se resuelva con la mayor brevedad posible. Y que el proceso pueda seguir su marcha.

—Precisamente, sobre el proceso, también se ha criticado mucho que aún el fiscal Germán Juárez Atoche no presente la acusación. Finalmente, si se confirma la prisión preventiva, no debería esperar hasta que se cumplan los 18 meses. 
Eso es cierto. Es el gran problema, es la gran crítica que se está haciendo ahora al sistema: el por qué las investigaciones tienen que durar tanto tiempo y que eso provoca las penas de banquillo o situaciones como las que se está viviendo ahora en Perú. El tema es que tampoco tenemos que olvidar que son procesos muy complejos. Además, entran cooperaciones internacionales que, por mucho que el fiscal y los abogados defensores estén volcados, el día tiene 24 horas y somos humanos. Sí es verdad que 18 meses es tiempo, pero para estas cosas no es tanto. Desde ese punto de vista, por supuesto lo deseable es que lo antes posible se entre en juicio. Pero tampoco se puede precipitar y que se caiga todo por las prisas, por estar mal hecho.

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