Organismos de control fallaron en la fiscalización a Álvarez

Si bien hoy Lima mira pasmada las denuncias contra César Álvarez, en Áncash saben que este tema no es de ahora y que pudo ser evitado si los organismos de control del Estado hubieran actuado con prontitud.

Estos son los casos, por ejemplo, de la Contraloría General de la República, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y el Poder Judicial, instituciones que por su origen fiscalizador debieron velar por la correcta administración pública. Sin embargo, en Áncash demostraron poca eficiencia.

“La contraloría se equivocó al no hacer un control estricto en la supervisión, y ahora vemos cómo de una manera espectacular han mandado hace un mes a cuarenta auditores a la región Áncash”, dijo a El Comercio el congresista Mesías Guevara, presidente de la comisión que investiga los presuntos actos de corrupción en la gestión de Álvarez, hoy recluido en el penal de Piedras Gordas I.

“Los diversos organismos de control del Estado fallaron. Han mostrado una absoluta debilidad en este caso”, añadió el legislador de Acción Popular. 

UNA TARDÍA CONTRALORÍA
Uno de los casos más controvertidos de la gestión de Álvarez es la compra de 79 ambulancias al precio de S/.214.600 cada una. Lo irregular en esta adquisición es que en el mercado se las podía encontrar a S/.195.000.

Dos años después, recién este organismo determinó que se pagaron por los vehículos precios sobrevalorados. Esta compra demuestra la tardanza de las acciones de fiscalización del órgano de control. “La contraloría se demoró mucho en hacer sus informes, en promedio se demoran entre un año y un año y medio [...] Aquí lo que hay es una acción tardía”, afirmó el congresista Guevara.

FISCALES SANCIONADOS
Pero la institución más cuestionada por su rol en el Caso Áncash es, sin duda, el Ministerio Público, en ese entonces dirigido por el fiscal supremo José Peláez Bardales.

Peláez es criticado por haber removido del cargo a al menos diez fiscales que investigaban y denunciaban los actos de corrupción en Áncash. Algunos, como los fiscales que allanaron ‘La Centralita’, fueron despedidos con su sola firma.

Peláez, asimismo, archivó dos denuncias contra Álvarez por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

El actual fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, también es cuestionado por haber recomendado en febrero último que se investigue, por supuesto abuso de autoridad, a los fiscales que intervinieron ‘La Centralita’. Por eso el entonces fiscal supremo de Control Interno enfrenta hoy una denuncia constitucional.

Emblemático y polémico también es el caso del fiscal superior Dante Farro, hoy investigado y suspendido luego de que un colaborador eficaz de la fiscalía lo acusara de haber cobrado S/.30 mil al mes por dar protección a Álvarez. 
 
POLÉMICA RATIFICACIÓN
Sin embargo, para el CNM las denuncias y quejas que pesaban contra Farro no bastaban para no ratificarlo como titular de la Junta de Fiscales del Santa. El 19 de julio del 2012, con los votos de los magistrados Luis Maezono Yamashita, Vladimir Paz de la Barra y Gastón Soto Vallenas, Farro logró quedarse en el cargo por un período más.

CAPACITACIÓN A JUECES
A pesar de que César Álvarez era investigado por el Poder Judicial, 12 magistrados de la Corte Superior de Justicia del Santa viajaron a capacitarse a California (Estados Unidos) con dinero del Gobierno Regional de Áncash en el 2012, como parte de un convenio millonario que firmó Álvarez con el Poder Judicial.

Este hecho causó bastante revuelo, pues tres jueces que participaron en el viaje ordenaron la excarcelación, en enero último, de tres acusados del primer atentado contra el ex consejero Ezequiel Nolasco. Ello hizo que aumentara la desconfianza de la comunidad ancashina sobre el Poder Judicial.