PPK: Conferencia Episcopal pide "diálogo y prudencia"

La Conferencia Episcopal Peruana (CEP) advirtió que está en juego el orden democrático y el Estado de Derecho de Perú por los procesos del Congreso, dominado por el fujimorismo, para destituir al presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), a jueces del Tribunal Constitucional y al fiscal general.

La CEP exhortó a la clase política del país, "y ante todo al Congreso, a reencontrar el camino del diálogo y la prudencia" para no precipitar la destitución del mandatario ni la de otros máximos responsables del resto de poderes del Estado.

Los curas recordaron a las autoridades del país que su deber es "salvaguardar la institucionalidad democrática mediante el respeto del marco constitucional, legal y procedimental".

"Es necesario detener todo indicio de abuso de poder, y respetar la autonomía y el equilibrio de los poderes del Estado", señaló la CEP, en referencia al proceso de destitución contra PPK iniciado el viernes por el Congreso.

La Conferencia Episcopal reiteró, como ya lo hizo en un comunicado el mes pasado, que "la corrupción política es una de las deformaciones más graves del sistema democrático porque traiciona al mismo tiempo los principios de la moral y las normas de la justicia social".

El parlamento peruano votará este jueves 21 de diciembre una moción para destituir a PPK por "incapacidad moral permanente" por supuestamente haber ocultado sus vínculos con la constructora brasileña Odebrecht, protagonista del mayor escándalo de corrupción de Latinoamérica.

La acusación sostiene que Kuczynski "faltó a la verdad" cuando dijo en repetidas ocasiones que nunca recibió nada de Odebrecht, hasta la pasada semana, cuando la empresa desveló haber pagado entre 2004 y 2007 más de 782.000 dólares a la consultora Westfield Capital, propiedad del mandatario.

En esa período, Kuczynski ejercía como ministro de Economía y luego como primer ministro en el Gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006).

Tanto el presidente peruano como Odebrecht alegan que los contratos son legales y fueron negociados exclusivamente con el empresario chileno Gerardo Sepúlveda, quien administraba Westfield Capital mientras Kuczynski era funcionario.

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