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PPK: ¿Son proporcionales las medidas contra el ex presidente?

A pedido de la fiscalía, el Poder Judicial ordenó hoy un pedido de impedimento de salida del país contra PPK por 18 meses, también el allanamiento de tres inmuebles a su nombre

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PPK renunció a la presidencia y, al día siguiente, le ordenaron el impedimento para salir del país por las investigaciones del Caso Odebrecht. (Foto: Difusión)

Reuters

Un día después de que el Congreso aceptó la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) a la presidencia, el Poder Judicial dictó dos medidas en su contra: un impedimento de salida del país de 18 meses y el allanamiento a tres inmuebles a su nombre ubicados en San Isidro y Cieneguilla.

PPK tuvo dos reacciones. Una a través de su abogado, César Nakazaki, quien dijo que se allanaban a cualquier decisión para contribuir con las autoridades. La otra fue más política y confrontacional a través de sus redes sociales.

"Daré todas las facilidades del caso [...] Dejemos atrás el show mediático y no sigamos dañando la imagen del país. Que la persecución y la venganza política no se instalen en nuestro país", escribió vía Twitter.

Consultado por El Comercio, el abogado penalista Yván Montoya consideró que, más allá de las críticas del ex presidente, ambas decisiones odernadas por el Poder Judicial son proporcionales, tomando en cuenta que PPK es investigado por un delito común, que es lavado de activos.

"Al día siguiente de su renuncia, el ex presidente ya no goza de ninguna protección. A PPK no se le está imputando algo que no sea lavado de activos. Si hubiera sido por actos dentro de su función, quizá sí hubiera tenido algún tipo de protección, pero ante un delito común no hay ninguna consideración", manifestó.

Montoya señaló también que el impedimento de salida del país es la medida cautelar menos invasiva del sistema y la que menos derechos afecta.

"El estándar es que esta restricción es la más simple de todas y lo único que busca es que el ex presidente no salga del país, por lo que es proporcional al estado de la investigación, a la presunta vinculación de PPK con los delitos investigados y a los indicios que tiene Hamilton Castro", señaló.

"Con relación al allanamiento, solo cabría conocer los motivos de la urgencia, las razones por las cuales el fiscal consideró necesario llevarlas a cabo el mismo día que se decidía el impedimento de salir del país. Pero aún así, se justifica porque los allanamientos por delitos graves deben ser sorpresivos e inesperados", indicó.

–Entre la política y la justicia–
Una opinión contraria tuvo Enrique Ghersi, quien calificó como desproporcionadas ambas medidas restrictivas contra PPK.

Específicamente sobre el impedimento de salir del país, cuestionó que el fiscal Castro haya incluido en su sustentación los ingresos del ex presidente PPK como elemento para un posible peligro de fuga.

"Se supone que todos somos iguales ante la ley. Es irrelevante que una persona sea rica o no, o que tenga más o menos relaciones sociales. Para la ley eso es irrelevante, lo que importa es la comisión del delito. Esos argumentos son más políticos, y eso hay que dejarlo de lado", comentó.

Con relación al allanamiento, consideró que prematuro el accionar de la fiscalía. "Hay otras personas a las que también se investiga y contra quienes no se ha dictado un allanamiento como este", resaltó.

Por eso, sugirió "natural moderación" a jueces y fiscales. "Que se investigue si hay que investigar, pero dejar que la gente piense que la justicia es una herramienta de venganzas políticas solo deslegitima sus decisiones. Que sea severa, pero no por eso que deje de actuar con equilibrio y moderación", comentó.

–Un camino cuestionable –
El abogado penalista y ex procurador anticorrupción César Azabache consideró adecuado que la fiscalía busque que PPK permanezca en el Perú y solicite el impedimento de salir del país, pero cuestionó que use el presunto delito de lavado de activos, algo que no considera que exista en las indagaciones por los pagos a Westfield y First Capital.

"Estos pagos, como un caso en sí mismo y en mi opinión, son eventos prescritos, por más desagradable que sea. Desde mi punto de vista, las investigaciones adquieren sentido en el marco del Caso Odebrecht y con el proceso por la Interoceánica Sur. Habría tenido más sentido que la fiscalía reaccione a la renuncia de PPK incluyéndolo en el caso de las IIRCSA", comentó.

Agregó que el delito de lavado de activos como tal, un intento de percibir y ocultar dinero clandestino, no tiene elementos. Eso, expresó, puede poner en peligro el caso que busca estructurar la fiscalía.

"La cuestión de Westfield no es lavado de activos. Puede ser negociación incompatible, ventaja de privados, pero no hay circulación de fondos clandestinos", señaló César Azabache al recordar que, a diferencia del proceso contra Ollanta Humala y Nadine Heredia, no hay elementos que vinculen los pagos a las empresas vinculadas a PPK con los fondos ilícitos de Odebrecht.

"PPK merece ser investigado y con todo el rigor, pero no con este tipo de procedimientos", concluyó el penalista.

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