Prófugo Vladimir Cerrón busca ahora evadir eventual reparación civil en caso “Antalsis”: los detalles del caso y del monto solicitado por la Procuraduría

El prófugo Vladimir Cerrón insistió en que el Poder Judicial (PJ) lo excluya de pagar una eventual reparación civil en el Caso “Antalsis”, por el delito de colusión agravada del que fue excluido penalmente, según documentación a la que accedió El Comercio.

Como se recuerda, el líder de Perú Libre venía siendo procesado por tres presuntos delitos en este caso: colusión agravada, asociación ilícita para delinquir agravada y cohecho pasivo propio.

Sin embargo, en abril, tras un pedido de la fiscalía, el PJ dispuso el sobreseimiento y archivo del delito de colusión agravada. No obstante, el juzgado precisó que subsistía la pretensión de reparación civil por los hechos comprendidos en dicho ilícito.

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Además, el juzgado ordenó que la fiscalía formule la acusación contra Cerrón Rojas y más de una decena de implicados por los presuntos hechos delictivos que aún continúan vigentes.

De acuerdo a documentación a la que accedió este Diario, la Procuraduría Anticorrupción postuló una reparación civil primigenia ascendente a S/38′190,930 por todo el caso. De dicho monto, por daño patrimonial, es decir por el perjuicio económico al Estado, requirió S/19’190,930.59.

Y, de dicho monto, por el delito de colusión agravada, la procuraduría solicitó que Cerrón Rojas pague una reparación civil de un millón de soles de forma solidaria con otros procesados.

En el presunto delito de asociación ilícita para delinquir se solicitó S/2’000,000.00 de manera solidaria entre Cerrón Rojas y otros presuntos integrantes de la organización delictiva.

Mientras que por el delito de cohecho pasivo propio, la procuraduría requirió que el prófugo exfuncionario público pague otro millón de soles adicionales de forma solidaria con otros procesados. A todo ello se suman otros hechos donde el procesado exgobernador no está incluido.

Pero sumado a ello, Cerrón Rojas y todos los implicados, tendrían que pagar por daño extrapatrimonial, es decir por daño moral, afectación al cargo, a la imagen de las entidades, etc, la suma adicional de S/19 millones de manera solidaria.

Sin embargo, a través de un escrito presentado por la defensa de Cerrón Rojas, señala que el juzgado de primera instancia cometió un “error” al reconocer que no se había configurado el delito de colusión agravada, pero dejó subsistente la reparación civil, cuando el supuesto acto imputado ya no existe.

Dicho acto archivado estaba vinculado a la imputación del denominado “Hecho 3.1” sobre la suscripción de convenios entre el Gobierno Regional de Junín y la empresa estatal Sima Perú, la presunta concertación entre Cerrón Rojas y los directivos de Sima para favorecer a las empresas que integrarían la presunta red criminal.

“En consecuencia, en el presente caso, se aprecia de manera categórica que los criterios de imputación civil no se configuran, toda vez que no existe daño alguno, reconocido por el representante del Ministerio Público y el A Quo”, manifestó Arturo Silva, defensa legal de Cerrón.

Por consiguiente, argumentó el abogado, al no existir dicha imputación penal, mantener la reparación civil implicaría instaurar una responsabilidad objetiva proscrita.

Por ello, solicitó que su pedido sea elevado a la Sala de Apelaciones a fin de que analice su pedido, se revoque la decisión de primera instancia y Cerrón Rojas sea excluido del pago de una eventual reparación civil por el delito de colusión agravada.

El juzgado de investigación preparatoria, a través de una resolución, dispuso elevar el caso ante la instancia superior.

Si bien el delito de colusión agravada ya fue archivado, el fiscal anticorrupción Antonio Arévalo Castillo, precisó que Vladimir Cerrón mantiene otros cargos vigentes en la investigación por los cuales no se ha solicitado sobreseimiento.

Se trata de asociación ilícita para delinquir agravada y cohecho pasivo propio, por los que la fiscalía dispuso continuar con el proceso e incluso ha solicitado medidas de comparecencia restrictiva.

Por el presunto delito de asociación ilícita para delinquir agravada, la fiscalía sostiene que el prófugo exgobernador de Junín, sería miembro de la organización criminal presuntamente liderada por Martín Belaúnde Lossio, y la habría integrado entre los años 2010 y 2014, cuando culminó su primera gestión regional.

Dentro de la organización criminal, acotó la fiscalía, Cerrón Rojas habría aprovechado su cargo como máxima autoridad regional y a requerimiento de Belaúnde, se habría encargado de disponer las obras que potencialmente podrían interesarle a la red criminal para lograr sus objetivos criminales -cometer delitos contra la administración pública- labora que habría realizado hasta fines del 2014.

“Sería miembro también por cuanto habría realizado una serie de actividades que denotarían un objetivo común, porque Cerrón Rojas habría tenido como rol, disponer las obras que potencialmente podrían ser de interés de la organización criminal a requerimiento de Martín Belaúnde. Sin su intervención no habría sido posible para la organización criminal lograr su objetivo: obtener beneficios defraudando al Estado en las obras en las que era favorecido.”

Ministerio Público

El cohecho pasivo propio, de acuerdo al representante del Ministerio Público, se habría configurado durante el 2011, ya que en su calidad de gobernador regional de Junín habría recibido dos camionetas (Nissan Frontier azul y rojo) de parte de Martín Belaúnde Lossio, a cambio de favorecerlo con obras públicas.

Se tratarían de los proyectos “Construcción de Estribos y Pilones del Puente Comuneros” y “Construcción de la sub estructura, cimentación, vía de rodadura, accesos, obras de mitigación de impacto ambiental, montaje y lanzamiento de Puente la Eternidad”, a las empresas Sima, Antálsis Perú S.A.C., Antálsis SL y Corporación Asia S.A.C., en violación de sus obligaciones como gobernador regional.