Toledo y Humala son los reos que fujimoristas y apristas quieren asegurarse como propios y por largo tiempo. (Foto: Archivo El Comercio)
Toledo y Humala son los reos que fujimoristas y apristas quieren asegurarse como propios y por largo tiempo. (Foto: Archivo El Comercio)
Juan Paredes Castro

Lejos todavía de las elecciones presidenciales del 2021, la disputa política más intensa de hoy en el Perú es quién tiene o no tiene a un reo propio en la Diroes (la cárcel de mayor rango del país) que haya ejercido la presidencia o haya postulado a ella.

Una nueva fuente del comportamiento político peruano se abre así a las mentes de sociólogos, psicoanalistas, historiadores y politólogos, en medio de la fábula de la anticorrupción, que esconde algo más fuerte que ella: la impunidad. Esa impunidad que a veces se guarece peligrosa y vergonzosamente en la opinión pública.

Veamos lo que ocurre. Los ex presidentes y , investigados por lavado de activos (a los que presuntamente sobornó para sacarles más dinero y ventajas a los proyectos nacionales) aparecen, de pronto, como víctimas de persecución política, mientras que las víctimas reales (los peruanos que ven tirada su plata en proyectos de construcción corruptos) deberíamos lloriquear la suerte fiscal y judicial de los que precisamente usaron el poder (o las solas campañas presidenciales) para enriquecerse impunemente.

El mundo al revés en una película predecible cuyo final no veremos ni siquiera el 28 de julio del 2021, cuando un nuevo gobierno nos vuelva a prometer que acabará con la corrupción.

Toledo y Humala (el primero en trance de extradición o de contumacia y el segundo en prisión mientras espera una acusación fiscal) son los reos que fujimoristas y apristas quieren asegurarse como propios y por largo tiempo. Los fujimoristas no olvidan la rabiosa persecución de Toledo del 2001 al 2006. Hasta sus personales gestiones ante la entonces presidenta chilena Bachelet para extraditar al ex presidente Fujimori. Los apristas tienen en la sangre roja de sus pupilas el proyecto de la “reelección conyugal” de la pareja Humala-Heredia, que pasaba por la demolición de su líder Alan García a través de una megacomisión parlamentaria que Pedro Cateriano hubiera querido presidir, quizás no con éxito pero sí con más habilidad política que el nadinista Sergio Tejada.

Ahora resulta que los votantes y simpatizantes de Toledo y Humala (aquellos sufridos mártires del mal menor, no importa que sus candidatos presidenciales pudieran ser corruptos o violadores de derechos humanos) quieren también, como los apristas y fujimoristas, su reo propio en la Diroes, pues mañana, tarde y noche andan detrás de las cabezas de García y Keiko, a la espera de que los delatores brasileños confirmen que ellos, al igual que Toledo y Humala, no escaparon de las agendas y desembolsos corruptores de Odebrecht.

Lo triste es que muchos toledistas y humalistas quisieran enterrar la verdad de que sus otrora líderes de la anticorrupción y de la anticriminalidad cayeron en lo mismo. Es más: lo que merecerían Toledo y Humala de quienes les confiaron ciegamente sus votos es la más firme condena de sus actos, en lugar de la más cínica de las complacencias.

No estamos lejos de imaginar la pronta conversión de la Diroes en un condominio carcelario VIP, con alojamientos presidenciales de la más alta seguridad, que podría ser construido a bajo costo (en compensación por las adendas) por la mismísima Odebrecht.
Al fin y al cabo el destino democrático del país habría dado un inesperado giro: algunos ex presidentes con dificultades para entrar en el purgatorio de la historia tienen en la Diroes el recinto propicio alternativo para la expiación de sus culpas, algo así como el olimpo terrenal reservado a los semidioses de la política en falta grave.

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