Radiografía de la minería ilegal: Una fiscalía sin presupuesto y el crimen organizado apoderándose de zonas mineras

Pese a ello, las acciones gubernamentales han dado escasos resultados en la lucha contra la minería ilegal que ha ido ganado terreno en más de una decena de regiones de nuestro país y también a nivel político.

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Contrario a ello, las esferas políticas, han restado apoyo a las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA), dado que entre el 2025 y 2026, no se le asignaron partidas directas en el Presupuesto Anual para luchar contra este flagelo.

Por ello, no es extraño ver que muchos candidatos presidenciales que postulan en estas Elecciones Generales 2026 de abril próximo, no tengan propuestas claras para erradicar la minería ilegal. Peor aún, llevan consigo a voceros y personajes vinculados a la minería informal.

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El Comercio revisó los planes de Gobierno presentados hasta la fecha y encontró que siete partidos -Somos Perú, Alianza Para el Progreso, Partido Morado, Unidad Nacional, Partido Aprista Peruano, Fuerza y Libertad y Podemos Perú- se refieren al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Proponen desactivar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), no ampliarlo, culminar con el proceso en diciembre o reemplazarlo por un “Banco Minero”.

Otros cuatro planes de gobierno -Ahora Nación, Integridad Democrática, Partido Progresemos y Salvemos al Perú- plantean la reingeniería del Reinfo o trabajar con este.

En tanto, 19 planes de Gobierno de sendos candidatos presidenciales no hacen referencia a los que harán con el Reinfo.

No obstante, algunos han realizado propuestas para la lucha contra la minería ilegal, y otros realizan planteamientos genéricos.

Dentro de este grupo están Fuerza Popular, Un Camino Diferente, Renovación Popular, Alianza Electoral Venceremos, Avanza País, Partido Patriótico del Perú, Perú Primero, Juntos Por el Perú, Partido del Buen Gobierno, Libertad Popular, Partido Demócrata Unido por el Perú, Partido Demócrata Verde, Partido Frente de la Esperanza 2021, País Para Todos, Cooperación Popular, Perú Libre, Partido Regionalista de Integración Nacional-Prin, Partido Sí Creo y Perú Moderno.

De acuerdo al Instituto Peruano de Economía (IPE) la minería ilegal ya se identifica en 12 regiones del país. Y, según cifras de la retirada agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), solo en Madre de Dios, la minería ilegal genera cerca de 10 mil puestos informales y otros 20 mil alrededor de sector.

Teniendo en cuenta ello y el incremento de la minería ilegal en 12 regiones, las cifras superan los 300,000 mil peruanos que se dedican a este rubro y que son vistos como “votos de oro” para los políticos.

Precisamente, el Reinfo, uno de los mecanismos que fue creado para que los mineros ilegales puedan formalizarse, se ha convertido por años en el mejor aliado de la minería ilegal.

Y es que, pese a que los inscritos tenían plazos para cumplir requisitos y formalizarse, nunca llegaban a completar el proceso y exigían la prórroga para completar los trámites. Así, mientras estuvieran inscritos en dicho registro, en ‘proceso de formalización’, sus unidades mineras no podían ser objeto de intervención por parte de las autoridades.

Desde su creación en el 2017 hasta el 2025, el Reinfo contó con cerca de 88 mil mineros inscritos, donde más de la mitad permaneció en proceso de formalización inactiva por años. Por ello, en julio se dispuso el retiro del registro más de 50 mil inscritos, entre personas naturales y jurídicas.

Sin embargo, una vez más, el Congreso decidió ampliar el plazo del Reinfo hasta diciembre de este 2026.

Al cierre de este informe, de acuerdo al Reinfo, existen 31, 613 mineros registrados en vías de formalización. De estos, 23,667 con inscripción “vigente”, mientras que 7,961 aparecen como “suspendidos”.

Precisamente, desde las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA), una de las entidades directamente relacionadas en la lucha contra la minería ilegal, advierten sobre los daños, los conflictos y lo que puede desencadenar este peligroso rubro.

Frank Almanza Altamirano, fiscal superior provisional y coordinador del Fema, señala que existe una “responsabilidad compartida” por parte de los mineros y el sistema que se convierte en “perverso” puesto que se dan las condiciones para que sea más conveniente trabajar en informalidad que en formalidad.

De allí que el Reinfo no ha dado los resultados esperados a lo largo de los años, al ser consultado por El Comercio si dicho registro ha logrado reducir la minería ilegal.

“No, absolutamente al revés. El efecto (del Reinfo) ha sido completamente inverso. Con decirle que del porcentaje de personas que están en proceso de formalización durante tantos años de existencia del Reinfo, únicamente menos del 2% se ha formalizado. Eso creo que le da un indicador claro, ¿no?”

Frank Almanza Altamirano, Fiscal Superior Provisional y coordinador del Fema

Para Almanza Altamarino, el Reinfo no se puede mantener como un status quo ilimitado, ya que el que se quiere formalizar, “se tiene que formalizar ¡ya!”. Y, por el contrario, el que no lo hace es porque le conviene ponerse en condición de informal “para no pagar lo que tiene que pagar, para no dejar el canon, para no ser fiscalizado como corresponde”.

Habiéndose dado la ampliación del Reinfo, el coordinador del FEMA sostiene que se debe respetar la prórroga solo por este año. Advirtió que hacerlo hasta el 2027 -como pretendía inicialmente el Congreso de la República y además, disponer el retorno de los más de 50 mil registros que fueron depurados el año pasado- “sería un grave retroceso”.

Por ello, consideró que se debe concluir con los que ya están en proceso de formalización y no permitir el retorno de los mineros que trataron de usar al Reinfo para aprovecharse y evitar la interdicción como el procesamiento por el delito de minería ilegal.

“Definitivamente es una posición muy conveniente ser un informal en este momento. Haciendo un análisis económico, un análisis costo-beneficio, pues aquí no les conviene formalizarse”, acotó.

Precisamente, el beneficio económico de la minería ilegal ha hecho que cada año se expanda a lo largo de las principales regiones productoras de minerales.

Actualmente, la onza de oro se cotiza entre los $4,400 y $4,500, por lo que la minería ilegal se ha vuelto más rentable que el mismo tráfico de drogas (el gramo se cotiza entre $80 y $90 en Perú).

“Hoy día la minería legal es la actividad criminal más grande del Perú por encima del narcotráfico. Hoy la minería ilegal en poco años, en 5 o 7 años, se ha convertido en la actividad criminal número 1 del país”, alertó Juan Carlos Ortiz, vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), durante su participación en la Semana de la Ingeniería de Minas del Colegio de Ingenieros del Perú que se desarrolló esta semana.

El último reporte de la ONG Conservación Amazónica (ACCA), de agosto del 2025 y basado en cifras del FEMA, estimó que el trabajo semanal de una balsa dedicada a la extracción de oro ilegal (entre 3 a 4 jornadas) permite obtener entre 600 a 1,000 gramos de oro al mes (aproximadamente 10.56 kg al año), lo que hace una ganancia mensual entre S/ 192,000 y S/ 320,000, aproximadamente.

Los montos no incluyen los costos de operación ni los pagos a quienes intervienen en la cadena de valor ilícita, como el pago a informantes y los sobornos a autoridades, agrega el informe

ACCA también da cuenta que en los últimos años la minería ilegal se ha expandido, sobre todo, en regiones amazónicas. Las más afectadas han sido Loreto, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Amazonas, por la deforestación, la contaminación de los ríos con mercurio, la destrucción de hábitats naturales y las comunidades indígenas.

Mientras la minería ilegal se expande a lo largo y ancho del territorio nacional, el Ministerio Público hace esfuerzos para organizar operativos y ejecutar una lucha frontal contra este ilícito, pese a que desde las esferas del gobierno no les otorgue un presupuesto directo para sus acciones de prevención ni de lucha.

En el año 2025, el Ministerio Público no obtuvo un presupuesto en el rubro “Reducción de la Minería Ilegal”.

Este 2026, la Ley 32513 del Presupuesto del Sector Público tampoco los ha incluido y solo ha contemplado otorgar un recurso específico al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – Sernanp, a la Procuraduría General del Estado, al Ministerio del Interior, a la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil-Sucamec y al Ministerio de Defensa.

La ONG CooperAcción elaboró un cuadro sobre el presupuesto destinado para la lucha contra la minería ilegal (partida presupuestal-PP 128) al 2026 y si bien allí se registra un incremento para el mismo, la distribución no incluye a la fiscalía.

“Le han dado presupuesto a la Procuraduría del Medio Ambiente para el Proceso 128. Lo han incluido en el presupuesto y la pregunta es: ¿Qué hace la Procuraduría del Medio Ambiente a nivel de interdicciones? ¿En qué participa? ¿Cuál es el criterio para haberle dado a ellos y a la fiscalía no? Ahí se ve que es un tema o de consigna política o un tema completamente antitécnico”, cuestiona el fiscal coordinador del FEMA, Frank Almanza.

La falta de presupuesto no ha impedido que la fiscalía haya ejecutado más de mil interdicciones contra la minería ilegal en el 2025 -señala Almanza- y 800 sentencias condenatorias por este delito.

Pese a ello, agrega el fiscal, este flagelo persiste y va en aumento, lo que ha puesto en peligro la vida de los fiscales del FEMA.

Incluso, describe, deben recurrir a otras entidades del Estado para subvencionar sus alimentos y vehículos para movilizarse a los operativos.

Almanza calificó de “irracional” que siendo la fiscalía un ente clave en la lucha contra la minería ilegal, no tenga presupuesto.

“Vamos a luchar siempre, pero peleamos la guerra sin tener las armas necesarias. La guerra la estamos peleando, estamos haciendo frente, estamos consiguiendo resultados, pero conseguiríamos muchísimo más, tendríamos mejores resultados si tendríamos el apoyo estatal en cuanto al fondo, en cuanto al presupuesto ¿Qué tenemos que hacer? Nos tenemos que movilizar en vehículos portatropas, nosotros los fiscales, porque no tenemos presupuesto para adquirir pasajes. Tenemos que pedir apoyo a otras instituciones para que nos subsidien hasta alimentos. A ese nivel estamos trabajando.”

Frank Almanza Altamirano, Fiscal Superior Provisional y coordinador del Fema

El coordinador del FEMA sostiene que se ha reunido con el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, y ambos han solicitado el presupuesto para este año, por lo que esperan puedan obtenerlo.

¿De qué manera? Como lo obtuvieron en el caso de Pataz (La Libertad), en el 2025. Tras el asesinato de 13 trabajadores de seguridad del socavón minero ‘Galindo’, el gobierno emitió un Decreto de Urgencia declarando en emergencia la zona y dispuso una partida presupuesta para el FEMA.

En esa línea, Almanza tiene la esperanza de que se declaren en emergencia otras zonas donde se ha registrado el incremento de la minería ilegal y se les asigne presupuesto a través de esa vía. Es solo “voluntad política”.

“Si declaran en emergencia ciertas zonas y le asignan presupuesto a la Policía, a las Fuerzas Armadas, y a las otras instituciones para que realicen las actividades, y a la Fiscalía no ¿Entonces? La Fiscalía no puede ir al ritmo que las demás instituciones. La idea es hacer exactamente lo mismo que en Pataz, es decir que se le asigne presupuesto a todas las instituciones y también al Ministerio Público vía decreto de urgencia. Con eso se solucionaría la omisión de habernos dejado fuera del presupuesto específico para el Programa Presupuesta 128 (Minería Ilegal)”, expresó.

Un reporte del Consejo Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan) -adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros- de julio del 2025 ya señalaba que el futuro del crimen organizado es preocupante y muestra un “crecimiento acelerado, impulsado por mercados ilícitos como el narcotráfico, la trata de personas, el ciber-crimen y la minería ilegal”.

El Ceplan agregó que, a diferencia del Índice Global de Crimen Organizado 2023, donde el puntaje global de criminalidad aumentó de 4,87 en 2021 a 5,03 en 2023; en el Perú, se registró un incremento de 6,35 a 6,40; sobre todo en delitos como narcotráfico, minería ilegal y productos falsificados.

La ONG Conservación Amazónica (OCCA), en su reporte de agosto del 2025, cita una investigación de la iniciativa Amazon Underworld, dando cuenta que -entre abril de 2022 y julio de 2023- ya se registraban bandas criminales apostadas en zonas de minería ilegal peruana como los ‘Comandos de Frontera’ (provincia de Maynas, Loreto), ‘Comando Vermelho’ (provincia de Coronel Portillo, Ucayali), y los ‘Auríferos de Chorrillos’ y ‘las Nenas de La Pampa’ (provincia de Tambopata, Madre de Dios).

A inicios del 2026, la data obtenida por la Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA) advierte la existencia de 10 organizaciones criminales que están vinculadas a la minería ilegal, incluyendo la zona de Pataz (La Libertad).

En un informe anterior de El Comercio, se dio cuenta de las diez zonas que podrían convertirse en otro Pataz.

Ahora, la fiscalías alertan que las bandas criminales ya están apostadas y ligadas estrechamente a la minería ilegal, convirtiéndose en zonas liberadas donde las actividades ilegales -junto a la minería ilegal- se dedican a la trata de personas, el sicariato, la extorsion, el tráfico de drogas, entre otros.

“Es más, lo que pasó en La Libertad se dio por las organizaciones criminales como Los Pulpos, Los Parqueros de Pataz, la Jauría, la Gota Norteña, vinculadas a extorsiones en minería ilegal”, enfatizó el coordinador el FEMA, Frank Almanza.

“Por eso yo les digo que este 2026 podrían haber situaciones de violencia y de enfrentamiento muy similares o mucho más graves a las que se han dado en Pataz, porque el oro está creciendo cada vez más en su valor, está subiendo el precio a nivel internacional; y eso hace que el crimen organizado, esté metiéndose en esta actividad y cuando el crimen organizado ingresa y se disputan de la manera como lo hacen, termina en estos niveles violencia que ya hemos visto”, subraya el fiscal Almanza.

Las organizaciones criminales identificadas por el FEMA vinculadas a la minería ilegal son:

La Libertad (Pataz):

• Los Pulpos: operan en Pataz desde 2020, se dedican a sicariato, secuestros, extorsión y control de socavones ilegales.
• Los Parqueros de Pataz: Controlan bocaminas y “parquean” la explotación ilegal.
• La Jauría: Banda implicada en minería ilegal, extorsión y violencia.
• La Gota Norteña: Banda vinculada a extorsión, minería ilegal y sicariato, presunta responsable de la masacre de 13 personas en Pataz, en abril del 2025.

En Madre de Dios:

• Los Guardianes de la Trocha, su centro de operaciones se ubica en La Pampa (Madre de Dios), brindan “seguridad” a cambio de extorsión, con historial de asesinatos, secuestros y abuso sexual.

En Loreto:

• Comando Vermelho: Gran banda brasileña presente en la Amazonía peruano-colombiana desde 2023, vinculada al narcotráfico, minería ilegal y otras actividades ilícitas.
• Los Drageros: vinculadas a grupos residuales de las FARC (Colombia) en el río Putumayo, quienes cobran “gramaje” (cupos) por cada gramo de oro extraído.

En Ucayali:

• Los Patrones de la Madera, operan mediante el “blanqueo” de guías de transporte forestal

En Amazonas:

• Los Lobos: El grupo criminal ecuatoriano “Los Lobos” ha cruzado la frontera para controlar los yacimientos de oro en territorio peruano. No solo extraen el mineral, sino que extorsionan a los mineros ilegales locales y han desplazado por la fuerza a comunidades nativas (como la de Kumpanam).
• Los Choneros: La actividad de Los Choneros se concentra en el distrito de El Cenepa, en la zona conocida como El Tambo y la Cordillera del Cóndor; la banda no solo extrae oro, sino que ha sido contratada por mineros ilegales ecuatorianos y peruanos para brindar seguridad armada. También extorsionan a los mineros locales cobrándoles “cupos” por permitirles trabajar.

Contra la minería ilegal

Propuestas normativas en manos de fiscalía de la nación

Iniciativa N° 1: Incorporación de agravante por origen ilícito de fondos en el financiamiento de minería ilegal.

Problemática identificada: El delito de financiamiento de la minería ilegal (Art. 307- CP) no distingue el origen de los fondos. Esto permite que se sancione con la misma pena a quien financia con capital lícito que a quien lo hace con dinero proveniente del narcotráfico, corrupción u otros graves delitos, invisibilizando la mayor peligrosidad y el “doble circuito delictivo” de esta última conducta.

Solución Propuesta: Modificar el artículo 307-C del Código Penal, para agravar la pena (con un marco propuesto de 10 a 15 años) cuando se acredite que el financiamiento proviene de actividades ilícitas graves.

Iniciativa N° 2: Ampliación del tipo penal base de minería ilegal para abarcar toda la cadena de valor.

Problemática Identificada: El tipo penal base (Art. 307-A CP) se centra en la “exploración, extracción y explotación”, dejando fuera de su alcance actos posteriores pero esenciales de la cadena de valor ilícita, como el beneficio, transporte, acopio y comercialización, lo que genera vacíos de punibilidad.

Solución Propuesta: Modificar el artículo 307-A del Código Penal para incluir expresamente el beneficio, transporte, almacenamiento y comercialización y elevar a un rango de 10 a 15 años para reflejar la gravedad del delito.

Iniciativa N° 3: Creación del delito autónomo de “tráfico de recursos minerales de procedencia ilícita”.

Problemática Identificada: Inexistencia de un tipo penal específico que sancione la posesión, transporte y comercialización de minerales, cuyo origen ilícito es conocido o presumible, lo que dificulta la lucha contra el “blanqueo” o “lavado” del mineral.

Solución Propuesta: Incorporar el artículo 307-G en el Código Penal, creando el delito de “tráfico de recursos minerales de procedencia ilícita” para sancionar a quienes, con conocimiento o presunción razonable del origen ilegal, compren, vendan, transporten o almacenen minerales.

Iniciativa N° 4: Derogar la exención de responsabilidad penal para inscritos en el REINFO.

Problemática Identificada: La única disposición complementaria final del Decreto Legislativo N° 1351 exime de responsabilidad penal a los mineros inscritos en el REINFO, lo que en la práctica se ha convertido en un mecanismo de impunidad que obstaculiza la persecución penal, incluso, cuando se cometen delitos flagrantes.

Solución Propuesta: Derogar la mencionada disposición, eliminando el “escudo de impunidad”y permitiendo que los fiscales puedan investigar y procesar a los inscritos en el REINFO que cometan delitos.