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“El acuerdo con Odebrecht asegura todo lo que vendrá en el futuro”

El fiscal sostiene que declaraciones de Alan García sobre supuestos informantes en el equipo especial podrían representar una forma de peligro procesal.

Rafael Vela

El fiscal Vela participó en la firma del acuerdo que se llevó a cabo en la madrugada del sábado. (Foto: Anthony Niño de Guzmán/ Archivo El Comercio)

Archivo El Comercio

El líder del equipo especial, Rafael Vela, cuenta detalles del acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht y lo que sigue en las investigaciones.

—¿Qué puntos de quiebre marca para la investigación la firma del acuerdo?
Lo primero es que asegura todo el material probatorio que la empresa aportó. Esto porque la ley de colaboración eficaz establece que, si fracasa el acuerdo, la prueba testimonial y documental se tiene por inexistente. Por otro lado, asegura todo lo que vendrá en el futuro. Ellos tienen la obligación de seguir colaborando, declarando y entregando pruebas documentales de acuerdo a las exigencias de la fiscalía.

—¿A qué se debió la demora? Este acuerdo fue anunciado en agosto. Se dijo que iba a demorar unos 45 días.
Los 45 días fueron una fecha sobre la expectativa de tratar de promover un proceso ordenado para llegar a la finalización de las negociaciones. El primer obstáculo que hubo fue el proceso de entrega de cargo [con el fiscal Hamilton Castro]. Duró más de 30 días. Después, los fiscales han tenido que definir qué diligencias, desde su perspectiva, tenían que reimpulsar las investigaciones. Llegó la prisión preventiva de Keiko Fujimori. Cuando el doctor José Domingo Pérez aseguró las medidas cautelares, nos hemos podido abocar a los términos del acuerdo.

—Con miras a un juicio, ¿qué tan importante es la firma de este acuerdo?
Ellos están asumiendo la obligación de mantener todos sus testimonios y las pruebas hasta la conclusión de cualquier juicio. La empresa también se compromete incluso, si tiene que traer ejecutivos al Perú, a traerlos.

—Hay quienes dicen que este acuerdo le da un marco de impunidad a la empresa.
No es un marco de impunidad. Es un reconocimiento de culpabilidad. No solamente eso: hay una obligación de un pago de reparación civil. En cualquier acuerdo de colaboración eficaz, uno tiene que tomar una determinación respecto a los beneficios que están orientados al peso específico de la información que entrega la empresa. Entonces, lo que uno hace es valorar la información que te sirve para criminalizar a otros.

—Se cuestiona que Odebrecht solamente reconozca sobornos en cuatro obras en el país.
No es así. No es que sean cuatro obras. Nosotros no podemos obligar al colaborador a que admita hechos por los que siente que no ha delinquido. Él sabe que no ha delinquido desde su perspectiva. Eso no significa que el Ministerio Público no pueda perseguir a Odebrecht si encuentra pruebas por sus propios medios.

— ¿Qué ha sopesado la fiscalía a la hora de darle beneficios a la empresa?
Toda la información que ha venido entregando. Se han abierto más de 40 investigaciones con lo que ha dado la empresa. Eso también se tiene que sopesar, se tiene que valorar dentro de un acuerdo de esta naturaleza.

—Sobre todo el punto que habilita a Odebrecht a volver a contratar con el Estado.
Lo que pasa es que eso está en la ley. La idea de que la empresa pueda volver a contratar con el Estado tiene que ver con la búsqueda de operatividad para que pueda pagar sus obligaciones. No hay que olvidar que el tamaño de Odebrecht tiene también una connotación de carácter social como empresa.

—Las bancadas de oposición, principalmente, han empezado a criticar el acuerdo…
Lo que pasa es que el tema de buscar controvertir el acuerdo es principalmente de las personas cuya posición es de investigados que, entre comillas, se van a ver perjudicados por el manejo de la información. Si uno ve, es la parte política del tema. ¿Quiénes son los que se oponen a un convenio de colaboración eficaz de esta naturaleza? Quienes van a sufrir las consecuencias de la información que va a llegar, ¿no? Porque quien se ha quejado es la señora [Rosa] Bartra. La señora Bartra se tiene que quejar porque la información que ha entregado la empresa es la información de la ruta del dinero en el caso de la señora [Keiko] Fujimori. Si no hubiera convenio, esa información probablemente nunca habría llegado.

—¿Este acuerdo puede abrir las puertas para el diálogo con empresas como OAS y Camargo y Correa?
Hay una perspectiva interesante de que este acuerdo tenga un efecto multiplicador. Es decir, que otras empresas también analicen la posibilidad de firmar un convenio de delación y que se puedan acoger a los beneficios premiales, naturalmente entregando información relevante y valiosa.

—¿Cuándo va declarar Barata?
Desde el 15 hasta el 18 de enero. Declarará varios días.

—¿Sobre qué temas?
Declara con los cuatro fiscales en varias investigaciones. Hablará sobre el caso del metro de Lima, declarará en el caso de Atala, en el caso arbitrajes, en todo lo que ha participado Barata. Todo se va a aclarar, todos los fiscales están participando y él está dispuesto.

—La ley que ha aprobado el Congreso recientemente, de financiamiento ilegal de partidos políticos, ¿considera que perjudica de manera directa la investigación del Caso Lava Jato?
Desde nuestro punto de vista es una clara muestra de intromisión a las investigaciones en curso, porque ha sido promovida por los grupos políticos que tienen un cuestionamiento a nivel judicial, a nivel fiscal. Más bien, revela que es parte también de lo que instrumentalizan las organizaciones criminales a los partidos políticos. Entonces, es pasible de ser interpretada como una conducta incluso hasta obstruccionista.

—El ex presidente Alan García ha dicho que tiene informantes en el equipo especial. ¿Qué le responde?
La declaración de García determina una expresión de peligro procesal porque estaría, a través de este tipo de declaraciones, obstruyendo la labor de la justicia al manifestar que ha infiltrado el equipo de fiscales. Es una forma de peligro procesal. Si él está obteniendo información con un equipo de inteligencia, como él dice, está infringiendo los deberes de confidencialidad que tiene todo el personal administrativo y fiscal, lo que podría terminar siendo un acto de corrupción.

—¿Podríamos ver a Barata testificando en los juicios contra los ex presidentes peruanos?
Lo vamos a ver. Esa es la obligación asumida en el convenio. La declaración de Barata en el juicio puede ser en Lima o cualquier otro mecanismo técnico que la ley prevea. El acuerdo posibilita todas estas fórmulas y la ley así lo establece.

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