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Raúl Ferrero: “Concepción y Pérez se han convertido en íconos”

El constitucionalista pide prudencia a los jueces cuando opinen y reclama preocuparnos, antes que en reformas judiciales, por la enseñanza en las facultades de Derecho.

Raúl Ferrero Costa

Raúl Ferrero Costa, constitucionalista y abogado litigante, habla de la política judicializada y la justicia politizada. (Foto: Alessandro Currarino/GEC)

Fue senador y decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), y aún se lo recuerda forcejeando con policías que le impedían ingresar, el 6 de abril de 1992, un día luego del golpe, al local del CAL donde intentaba celebrar una sesión del disuelto Congreso bicameral. Queremos saber qué piensa hoy Raúl Ferrero Costa de las reformas y urgencias de nuestra trémula política.

¿La judicialización de la política es una novedad o ya se la percibía claramente en los 90?
Cuando era decano del CAL [1987-1992], ya hablábamos de ello. Lo empezaron a discutir los constitucionalistas italianos medio siglo atrás. Acá, recuerdo que lo discutíamos con Valentín Paniagua. No es bueno y existe en todas partes, en países como EE.UU., pero mucho más en países con débiles estructuras democráticas. Se utiliza el Poder Judicial (PJ) para hacer política, que no llega a ser franca, que no da la cara en forma directa. Es un maquillaje para hacer de la justicia un instrumento de política.

Maquillaje con procesos larguísimos que llegan hasta el Tribunal Constitucional (TC).
Una resolución llega hasta el TC y es inacabable, cuando debiéramos tener claro que en el sistema democrático que tanto nos empeñamos en defender hay poderes distintos que no deben entrometerse uno con el otro, pues se pierden equilibrios fundamentales.

El presidente declara a favor de jueces y fiscales.
Es verdad. Por otro lado, comprendo a un presidente que en las circunstancias actuales haga de la lucha anticorrupción lo más importante de su plan de gobierno. Es fundamental, pero requiere naturalmente de un PJ que funcione bien y de una fiscalía con la misma independencia que deben tener los magistrados.

Con la nueva fiscal Zoraida Ávalos, ¿se alivió el riesgo de que el gobierno se entrometa con un proyecto de vicios inconstitucionales?
Primero, debo decir que tengo una buena opinión de Zoraida Ávalos. Por supuesto, hay gente que la critica, porque aquí nadie consigue la unanimidad en el elogio. Más allá de eso, la fiscalía debe entrar en reorganización al igual que el PJ. A la reforma judicial sí hay que otorgarle prioridad. No solo por el Caso Odebrecht, sino porque en sí misma la corrupción es tema serio. El proyecto del Ejecutivo tiene deficiencias jurídicas, pero hay otros proyectos.

El presidente dijo que su proyecto ahora sea un insumo.
Sí tenía vicios que hay que señalar y no deben ni van a prosperar. Para eso ya hubo bastantes críticas. Lo que debe hacerse más y no se está haciendo lo suficiente es que los órganos políticos trabajen más con los especialistas y técnicos.

Se aprobó en referéndum la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en reemplazo del CNM. ¿Seguimos más preocupados en ratificar jueces que en nombrarlos?
De acuerdo con la crítica. La Academia de la Magistratura debería ser una especie de doctorado para los magistrados, sobre la base de su formación de abogados.

Es una reforma pendiente.
Y muy importante. El perfeccionamiento de la formación de los magistrados es fundamental. Una cosa es ser abogado en ejercicio, otra cosa es ser juez o fiscal que termine investigando y acusando. Son funciones que requieren de profundización y mucho estudio.

Ahora hablemos de la politización de la justicia.
Desgraciadamente ocurre, muchos magistrados actúan con inclinación política. Un magistrado puede tener una simpatía y conciencia política, porque todos somos animales políticos, pero que no influya en su trabajo.

¿Cómo tratar el caso de jueces y fiscales que podrían no responder a partidos, sino a una ola de indignación contra los políticos?
Estaría mal, no se debe permitir, es parte de la formación que tenemos que insistir se haga en la Academia de la Magistratura. Una vez que alguien es nombrado magistrado tiene que dejar a un lado consideraciones relativas a sus simpatías políticas o confesionales. Tiene que resolver de acuerdo a conciencia, no de acuerdo a presiones. En el PJ hay muy buenos magistrados que se preocupan en su capacitación y otros que no. Ejercer la judicatura exige un compromiso con la verdad, con lo más sagrado que existe, que es hacer justicia.

Hablemos de casos célebres: el juez Richard Concepción Carhuancho y el fiscal Pérez.
Son casos extremos, se han convertido en íconos. Hay un poco de injusticia de la población con relación a su trabajo, se exagera mucho y a eso contribuye la prensa. El esfuerzo que tiene que hacer un magistrado por ser independiente e imparcial es inmenso.

A Concepción Carhuancho se lo recusó por hacer declaraciones que se consideraron adelanto de opinión.
Hay un poco de exageración. Es cierto que se dan casos en que los magistrados opinan más allá de lo que les corresponde opinar y revelan criterios sobre procesos en marcha. Deben tener más cuidado, porque faltan a la reserva y contribuyen a que lo que se discute se haga público. Podrían considerarse adelantos de opinión y eso es inaceptable, porque las opiniones formales son criterios y deben reservarse para resolver de acuerdo a ley. El magistrado tiene que ser muy cuidadoso con lo que dice. Puede estar preocupado por un caso que está manejando y hacer comentarios generales, pero no adelantar opinión.

¿Qué reformas de la justicia hay que priorizar?
El tema deontológico es importante. La corrección del magistrado es fundamental.

O sea, educar antes que reformar.
El abogado se forma en la universidad y recién se está otorgando un licenciamiento [acreditación] a las universidades que realmente califican. Tenemos más facultades de las necesarias y sin la calidad requerida.

Esa ya es una reforma en marcha.
Luego, dentro de la enseñanza del derecho no solo hay que enfatizar los cursos de deontología, sino darles importancia a especialidades. Como matriz, el derecho constitucional debe ser más importante. No se insiste en el conocimiento del derecho constitucional. Entonces, no se entiende lo suficiente la estructura del Estado, el equilibrio de poderes, la importancia de un sistema bicameral, qué es un distrito.

Y se educa más en formalidades que en principios.
Formalidades sin mayor importancia que hacen perder el concepto central de que el derecho solo se puede ejercer en un país democrático.

Vimos implicados a abogados del estudio Oré Guardia y a otros en investigaciones fiscales. El CAL se puso de costado, pidió prudencia, pero no los defiende per se.
De acuerdo con eso. Una de las principales obligaciones del abogado es la reserva profesional, es como un confesor, pero no debe implicarse en el problema del cliente que le hace una revelación.

¿Qué hacer ante la percepción de que la justicia es selectiva y no juzga por igual a PPK, Keiko, Humala?
Es a la inversa. Entonces, ¿hay que preocuparse por la despolitización de la justicia? [ríe]

Despolitizar en este caso sería juzgar a todos por igual.
Dándoles la misma importancia y que todos cumplan las mismas reglas. El sentimiento popular hoy es que se es muy benevolente con unos y muy estricto con otros. Y ahí interviene la forma como algunos políticos se han preocupado en desarrollar sus lazos en el PJ.

Hay otra selectividad al juzgar con más severidad a los funcionarios que a sus corruptores privados.
Vuelvo al tema educativo. Los principios y la ética no son necesariamente el fuerte de muchos empresarios. La sociedad ha ido marchando hacia un practicismo en el que es bueno lo que funciona para lograr lo que uno quiere. Esto se confunde con religión y con creencias. Hay que recordar a todos que tienen que conducirse con las reglas que exige un Estado. Tenemos límites y debemos respetarlos y así viviremos más tranquilos.

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