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Uno a uno: los motivos de la fiscalía para los allanamientos en el Caso Gasoducto

El Comercio tuvo acceso a la orden judicial, en la que se exponen las razones por el que la representante del Ministerio Público pidió que se aplique esta medida.

Uno a uno: las razones de la fiscalía para solicitar los allanamientos en el Caso Gasoducto

Fiscal del equipo especial Lava Jato, Geovanna Mori, lideró el megaoperativo que incluye el allanamiento a 26 inmuebles (Foto: Alonso Chero - GEC)

El Comercio

La fiscal Geovanna Mori, integrante del Equipo Especial del Caso Lava Jato, consiguió que el juez Juan Carlos Sánchez Balbuena autorice el allanamiento con descerraje de al menos 26 inmuebles como parte de la investigación del Caso Gasoducto. El Comercio tuvo acceso a la orden judicial, en la que se exponen uno a uno los motivos por los que la representante del Ministerio Público pidió que se aplique esta medida.

Desde esta mañana se viene ejecutando la orden de allanamiento y la diligencia en la casa de la ex primera dama, Nadine Heredia es la que más atención mediática causó. Sin embargo, lo dispuesto también incluye los domicilios de ex ministros, así como de ex viceministros y funcionarios del Ministerio de Energía y de Proinversión. De igual forma, la lista contempla abogados de tres de los más grandes estudios de la capital.   

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"La finalidad de la medida es encontrar bienes y/o información que sean de interés para la investigación, como por ejemplo agendas, correos electrónicos, mensajería, videos, audios, teléfonos celulares y cualquier otro medio audiovisual o documento físico y/o informático que acredite algún tipo de coordinación entre los investigados", dice el pedido de la fiscalía, según cita el juez Sánchez Balbuena. 

Respecto al caso de Nadine Heredia, la fiscal le atribuye "haber materializado actos ejecutivos y de gestión" durante el periodo de gobierno de Ollanta Humala (2011-2016); como haber acordado y mantenido reuniones con funcionarios vinculados al proyecto Gasoducto y representantes del grupo Odebrecht. "Mostrando así interés por ese grupo en el concurso público", añade la fiscal Mori.      

De igual modo, señala un interés de Heredia en la designación del ex titular de Energía y Minas Eleodoro Mayorga Alba (febrero del 2014-febrero del 2015). Como es público, Mayorga fue ministro cuando Odebrecht ganó el Gasoducto, la obra más cara que la constructora brasileña hizo en el país, ganó la concesión del proyecto (30 de junio del 2014). 

Lee las imputaciones de la fiscalía:

-Las irregularidades en la concesión-
La primera concesión del Gasoducto se dio el 23 de octubre del 2008. La empresa ganadora fue Kuntur Transportadora de Gas ( vinculada al Grupo Odebrecht), es decir, este proyecto fue dado en el gobierno del ex presidente Alan García. Sin embargo, el contrató terminó el 4 de noviembre del 2014 sin que Kuntur iniciara la ejecución de la obra "y sin que el Estado declare la caducidad del contrato y ejecute la carta fianza de más de US$ 66.7 millones", según la resolución.

La fiscal Mori cuestiona que ello sucedió debido a que "se habría mantenido la suspensión del plazo de la evaluación del cronograma de ejecución de obra por varios años y se habría decidido someter la decisión de la devolución de la carta fianza indebidamente a un experto técnico", cuando la decisión le correspondía a un tribunal arbitral internacional. 

La segunda concesión vinculada al Gasoducto sucedió en el gobierno de Ollanta Humala. El 30 de junio del 2014, la obra fue entregada al consorcio Gasoducto Sur Peruano, integrado por Odebrecht y Enagás, cuyo valor superaba los US$ 7 mil millones. La fiscalía sostiene que el Comité de Proseguridad Energética, responsable del proyecto, habría descalificado de manera indebida al consorcio competidor con el fin de beneficiar a Odebrecht. Para ello, dice la fiscalía, se valieron de informes jurídicos de los estudios Delmar Ugarte y Echecopar. 

"Ambos proyectos (la primera y segunda licitación) tendrían vinculación pues el primero no se ejecutó debido a la inexistencia de garantías y financiamiento; problemas que fueron superados en el segundo proyecto (dado en el gobierno de Humala", dice la orden judicial.  

  

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