Reabrir El Frontón, jueces sin rostro y los 11 proyectos en el Congreso: ¿solucionan el problema de la inseguridad?

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El último 30 de enero, el parlamentario Juan Burgos (Unidad y Diálogo Parlamentario) presentó una iniciativa para la creación e instalación de tribunales sin rostro. Ello con la finalidad de “fortalecer la lucha contra la criminalidad”.

La propuesta pretende que la identidad de los magistrados y fiscales que intervienen en la investigación y juzgamiento de imputados por crimen organizado sea secreta. “Los fiscales y magistrados no requieren firmar ni rubricar las resoluciones judiciales, pues su identificación se preserva con los códigos dispuestos por el Poder Judicial”, sostiene el proyecto.

Burgos cita en su iniciativa “el incidente producido el 18 de agosto del 2023, en circunstancias en que se desarrollaba una audiencia judicial virtual en la segunda sala de Junín, el interno Elio Bueno Gaspar amenazó de muerte al magistrado Zenón Salvatierra Martínez si este no disponía su liberación de manera inmediata”

“Así como este caso, se han producido muchos más contra magistrados y contra fiscales que forman parte de un proceso relacionado con bandas criminales”, remarca.

Asimismo, menciona que el mecanismo ya fue aplicado en los noventa en el Perú y que no “contraviene” a los tratados, convenios y convenciones suscritos y ratificados por el Estado peruano.

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En tanto, José Arriola (no agrupado) y Heidi Juárez (Podemos Perú), presentaron proyectos que buscan que la “Colonia Penal Agrícola del Sepa” (’Sepa’), ubicada en el distrito de Sepahua, provincia de Atalaya, región Ucayali, vuelva a funcionar.

La iniciativa de Arriola también plantea que se restablezca la operatividad de “El Frontón” (en el Callao). Ambas propuestas buscan resolver el problema del hacinamiento en los penales.

De otro lado, está la propuesta de Juan Burgos que busca que se declare de interés público la construcción de penales alejados de las zonas urbanas, a tres mil metros sobre el nivel del mar.

También se han presentado en el Congreso iniciativas que plantean reformas a la administración y seguridad de los penales. Mientras que hay propuestas que proponen que se tipifiquen los delitos de terrorismo urbano y usura digital. Asimismo, otros proyectos buscan establecer el rol de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad ciudadana [ver infografía].

El secretario general de Alianza para el Progreso, Luis Valdez, anunció, por ejemplo, que ha presentado un proyecto de ley que propone otorgar amnistía al personal de la PNP y las FF.AA. que combata el crimen organizado.

Es importante recordar que, en diciembre del 2023, El Comercio dio a conocer que la mayoría de peruanos considera que la delincuencia continuará en aumento este 2024, de acuerdo con una encuesta Datum.

El sondeo reveló que un 56% así lo cree, mientras que un 29% considera que seguirá igual que este año. Apenas un 11% estima que sí se reducirá.

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En diálogo con El Comercio, los exministros del Interior Rubén Vargas y Mariano González cuestionaron algunas de las propuestas, en especial la de los tribunales sin rostro y que se reabran El Frontón y el ‘Sepa’.

Vargas resaltó la importancia de que se ponga en agenda el tema de los establecimientos penitenciarios, las políticas penitenciarias, la administración de justicia y el rol de las FF.AA. para enfrentar la inseguridad, así como el uso de los chips en el tema de las extorsiones. No obstante, opina que los proyectos no han sido planteados de la manera correcta.

Para el exministro, más importante que construir penales, es ampliar los que están ubicados sobre los cuatro mil metros de actitud, estos son Challapalca, Yanamayo y el penal de Cerro de Pasco. Añadió que ello permitiría la reubicación de 4.000 internos.

“Lo de El Frontón y el ‘Sepa’ no es técnicamente viable porque habría que reconstruirlos y la logística para llevar y agua y comida es cara. Más los costos operativos de trasladar a los presos. Sería bastante caro”, expresó.

“Lo que se necesita es tomar medidas urgentes como ampliar inmediatamente los pabellones de los penales que están ubicados sobre los cuatro mil metros de altitud [...] Aunque el presidente del INPE lo niegue, los penales se han convertido en las bases de operaciones del crimen organizado, se han convertido en el call center de las extorsiones, en centros de reunificación amical de miembros de bandas y organizaciones criminales”, dijo.

Vargas respalda la idea de que las FF.AA. colaboren con la PNP, pero solo en temas vinculados a las economías ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal. “Pero frente al delito urbano y organizaciones criminales son responsabilidad de la PNP”, apuntó.

Sobre los tribunales sin rostro, el extitular del Mininter dijo que “el problema no es que haya jueces amenazados de muerte y como consecuencia de ello estén liberando a delincuentes” sino que se necesita que los “operadores de la administración de justicia cumplan sus obligaciones respetando el debido proceso, que es la mayor y mejor garantía para que los delincuentes terminen con sentencias condenatorias”.

“Vulnerar el debido proceso, convierte a los delincuentes en víctimas a largo plazo y más adelante podrían recurrir a órganos internacionales de los que Perú forman parte y habrían sentencias adversas a los intereses del país”, concluyó.

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Una opinión similar tuvo González: “El tema de los jueces sin rostro siempre va a traer un problema no solo interno. Atenta contra una serie de principios en un Estado democrático y generará mayores problemas que soluciones. Este es uno de los proyectos más lesivos al orden constitucional”.

El exministro dijo que “en lo que más debe preocuparse el Estado” es “la provisionalidad de los jueces”. “Más importante es que un juez tenga la suficiente preparación profesional para aguantar la presión que los mismos medios puedan cuestionar respecto a una decisión que tal vez sea impopular, pero justa y necesaria”, expresó.

Respecto a los penales, consideró que “definitivamente hay que hacer cárceles más seguras y con regímenes mucho más duros para aquellos criminales peligrosos para el Estado”, pero “no debemos ir a los extremos”.

A su juicio, “la construcción de penales lejos de las zonas urbanas” es una mejor opción para trasladar a reos de alta peligrosidad.

Para González este paquete de propuestas son “bien intencionadas, pero refleja un gran desconocimiento de cómo funciona todo el sistema de seguridad del Estado”.

Añadió que es importante que todos los componentes de Inteligencia actúen “en una sola dirección contra la lucha contra la inseguridad”.

“Todo ello se solucionaría con liderazgo y actualmente hay una ausencia de este liderazgo político desde los sectores de seguridad Mininter, Mindef, Dini y la PCM. Si no se hace un cambio de equipo, cualquier iniciativa, por muy bien intencionada que sea tendrá efectos”, finalizó.

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