Decisión fue tomada por el juez Richard Concepción Carhuancho. (Foto: Archivo El Comercio)
Decisión fue tomada por el juez Richard Concepción Carhuancho. (Foto: Archivo El Comercio)
Karem Barboza Quiroz

El juez de investigación preparatoria, Richard Concepción Carhuancho, declaró improcedente el pedido que realizó el presidente de la empresa , Marco de Moura Wanderley, para rebajar el plazo de investigación que se le sigue junto al ex presidente  por el delito de lavado de activos.

Esta solicitud la hizo a través de un recurso de tutela de derecho presentada en la carpeta 14-2016, donde se le investiga por un presunto soborno que habría pagado al ex presidente Toledo por la construcción del tramo IV de la Carretera Interoceánica.

Por este caso también es investigado el empresario peruano israelí Josef Maiman y Michael Maiman Firon (o Michelle Yanckelovich).

Según la defensa del empresario, De Moura Wanderley no es investigado como integrante de una organización criminal, por lo que el plazo actual de 36 meses establecido por la fiscalía al momento de formalizar la investigación preparatoria en su contra debía corregirse a solo ocho meses.

En respuesta, la fiscalía confirmó que el empresario brasileño y el resto de imputados no son investigados como una organización criminal, pero sí como “personas vinculadas a una organización criminal”.

“Lo que estamos investigando son actuaciones de la organización criminal, esto es un hecho vinculado a una organización criminal con empresas brasileñas que han manejado una estructura societaria con empresas off shore para realizar actos de corrupción”, señaló la representante fiscal.

Además, la representante del Ministerio Público remarcó que una tutela de derecho no es la vía adecuada para cuestionar el plazo, pues este recurso solo se aplica cuando se vulnere derechos de defensa.
Tras analizar los alegatos, el juez Concepción Carhuancho resolvió declarar improcedente la tutela de derecho de Marco de Moura Wanderley.

El magistrado basó su resolución explicando que la tutela “no era la vía específica” para cuestionar el plazo de investigación, pues ello se hacía a través de un “control de plazo”.

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