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Reforma política: los cambios en las reglas de juego

Propuesta del Ejecutivo demandaría modificaciones en la democracia interna y el reclutamiento de los partidos, pero también en representación de ciudadanos

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El debate está abierto. (Ilustración: Víctor Aguilar/El Comercio)

Como cada cierto tiempo durante los últimos años, la reforma política vuelve a copar hoy la agenda.

A diferencia de las últimas propuestas discutidas, el presidente Martín Vizcarra redobló la apuesta en 28 de julio. Anunció la presentación de iniciativas para prohibir la reelección parlamentaria, reinstaurar la bicameralidad y fiscalizar el financiamiento de partidos políticos.

Los tres proyectos de reforma constitucional –que pueden ser modificados por el Parlamento– ya fueron enviados a la Comisión de Constitución. Sin embargo, entre tecnicismos y cuestionamientos, poco se ha hablado del real impacto en las reglas de juego que estos podrían tener tanto en partidos como en electores.

1. Reingeniería para afrontar una no reelección
La prohibición de la reelección inmediata de parlamentarios es sin duda la norma que más apoyo concentra en una opinión pública desencantada de la política y, a la vez, la más polémica a ojos de la academia. No porque esta última se oponga a la no reelección, sino por las consecuencias que acarrearía una prohibición.

Su sola implementación, por ejemplo, demandaría una renovación de 130 parlamentarios cada cinco años.

“Y realmente es difícil pensar en muchas personas de gran potencial que, en un contexto como el actual, quieran ingresar a la política cada cinco años”, comenta el analista político Alfredo Torres.

El eventual cambio sería un incentivo para la renovación tan postergada en algunas organizaciones políticas, al demandar un cambio en las prácticas de reclutamiento. Pero también podría constituir un incentivo perverso a la consolidación parlamentaria.

“Normas como las del sistema de pensiones y de tráfico de tierras, por ejemplo, necesitan un trabajo congresal de largo aliento. El buen político tendrá que saltar rápidamente en el tiempo. Tal vez podría discutirse una prohibición por períodos y no una general”, indica el politólogo Eduardo Dargent.

2. Un Senado de lista cerrada y sin voto preferencial
Aunque el tecnicismo suene poco usual, la lista cerrada ya se utiliza en la votación congresal e implica que el elector vote solo por una organización política. La diferencia en la bicameralidad propuesta por el Ejecutivo se concentra en la eliminación del voto preferencial para senadores.

De aprobarse las nuevas reglas de juego, el votante solo elegirá al partido. Y este definirá, previamente, el orden en el cual ingresarán sus eventuales senadores a la Cámara Alta.

“Eso será todo un reto no solo para la democracia interna hoy inexistente en muchos partidos, sino también para el funcionamiento de las instituciones”, advierte el secretario general de Transparencia, Gerardo Távara.

Todos los analistas consultados coinciden en que, sin un desarrollo legislativo que le dé obligatoriedad a la democracia interna, la propuesta del Ejecutivo sería insuficiente.

“Sin una elección de todos los militantes, en la cual participen los entes electorales, seguirá primando la dedocracia”, agrega Torres.

3. Entre macrodistritos y microdistritos
Es uno de los principales cambios, pero tal vez el menos comprendido de la propuesta del Ejecutivo.

Según esta, los eventuales 100 diputados serían elegidos por 50 microdistritos binominales. En síntesis, cada uno de los 50 grupos poblacionales, aún no definidos, elegiría a dos diputados. A diferencia de hoy, cada uno representaría a la misma cantidad de peruanos.

“Revisar las circunscripciones electorales es importante. Si uno analiza a los más de treinta congresistas de Lima, no ve gran variedad en los distritos de procedencia. Probablemente San Juan de Lurigancho o Lima norte no estén representados”, enfatiza Távara.

Para el Senado, la iniciativa del gobierno no establece un número de macrodistritos electorales específicos. Sin embargo, el objetivo es desconcentrar la predominancia de Lima en la votación y agrupar regiones.

“La definición del número quedará en manos del JNE o del Parlamento. La idea es que se dé en función del ámbito poblacional y geográfico”, detalla el vocero oficialista Gilbert Violeta.

Del número final dependerá si se garantiza un balance entre la sobrerrepresentación y la subrepresentación actual.

4. Listas con paridad entre hombres y mujeres
En esa línea de representatividad, el Ejecutivo también plantea que las listas de candidatos a diputados y senadores se compongan, de forma equitativa, entre hombres y mujeres. Eso implica elevar al 50% la cuota actual de 30% de mujeres.

“Es, nuevamente, cambiar las propias prácticas de las organizaciones. Prueba de ello es que en bancadas de partidos tan antiguos como el Apra o Acción Popular hay solo una mujer”, remarca Távara.

Si bien los especialistas coinciden en la necesidad de elevar la participación femenina en política, las posturas son disímiles en cuanto al porcentaje y el plazo de aplicación.

“Podría darse una figura escalonada para que esa población femenina universitaria, que ya ronda efectivamente el 50%, llegue a edad para ser lideresa política. Empezar con el 30% y llegar progresivamente al 50%”, comenta Torres.

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