El pleno del Congreso de la República sesionará este jueves a fin de debatir los primeros dictámenes sobre reforma política que fueron enviados por el Ejecutivo y aprobados por la Comisión de Constitución tras la cuestión de confianza.
Según la agenda de la sesión plenaria, se debatirá el dictamen sobre los proyectos de ley 482, 1475, 1879, 2213, 3547, 4188, 4251 y 4467, que proponen modificar la legislación electoral sobre la inscripción, afiliación, comités partidarios, suspensión, cancelación, integración y renuncia a las organizaciones políticas.
Esta iniciativa recoge propuestas de diferentes agrupaciones políticas, el Poder Ejecutivo y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
La Comisión de Constitución debatió durante cinco sesiones la propuesta sobre la inscripción y cancelación de partidos políticos y organizaciones políticas regionales.
Dicho grupo modificó el artículo 5 de la Ley de Organizaciones Políticas eliminando el sistema de recolección de firmas (el 4% del padrón de la última elección, poco más de 700.000 rúbricas) para la formación de partidos políticos.
Además, los congresistas revisarán los proyectos de ley 122 y 4190, que proponen incorporar el artículo 34-A y modificar el artículo 39 de la Constitución sobre los impedimentos para ejercer la función pública.
La Comisión de Constitución dictaminó que todo ciudadano que tenga una “sentencia condenatoria emitida en primera instancia por delito doloso”, está impedido a postular a un cargo de elección popular.
Lo aprobado difiere ligeramente de la propuesta del Ejecutivo, que indicaba que el mencionado impedimento solo aplicaba para aquellos sentenciados por delito doloso a más de cuatro años de prisión.
El dictamen también cambia el artículo 39 de la Carta Magna, donde establece que “están impedidos de ejercer la función pública”, a través de designación a un cargo de confianza, los que estén condenados por delito doloso en primera instancia.
-Reconsideración financiamiento de partidos-
Durante la sesión plenaria, se someterá a votación la reconsideración planteada, en diciembre del año pasado, por Nuevo Perú sobre el dictamen de financiamiento ilegal de partidos políticos.
Pese a la protesta de las bancadas de oposición, el Pleno aprobó incorporar el delito de financiamiento ilícito a partidos en el Código Penal.
El texto nuevo señala que “el que infringiendo la ley electoral o de organizaciones políticas, entrega o recibe, directa o indirectamente, financiamiento de origen delictivo [...] es reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de diez años”.
Agrega: “La pena privativa de libertad es no menos de cinco años ni mayor de quince años y de 120 a 350 días multa si el valor del dinero, bienes, efectos, o ganancias involucrados es superior al equivalente a 500 UIT [S/. 2'075.000].
Ni bien se aprobó dicho dictamen, el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, lo calificó como “nefasto” y se negó a firmar la autógrafa, paso previo para enviarlo al Ejecutivo con el objetivo de su promulgación.
En aquel momento, el entonces secretario general de la Asociación Civil Transparencia, Gerardo Távara, advirtió que con esta modificación se crea “un tipo diferente de lavado de activos con una pena menor”. “Han dejado fuera un conjunto de otras infracciones punibles. El pitufeo, por ejemplo”, exclamó.
La agenda del pleno precisa que “conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 58 del Reglamento del Congreso de la República, la aprobación de las reconsideraciones requieren el voto de más de la mitad del número legal de congresistas”.