“La reforma del servicio civil tiene ahora apoyo político”

En esta entrevista, el titular de Servir, Juan Carlos Cortés, habla sobre la implementación de la Ley del Servicio Civil y del respaldo que le están dado a esta reforma el presidente de la República y el primer ministro.

— La Ley de Servicio Civil se dio en el 2013. Han pasado casi cinco años y todavía no hay una sola entidad que haya culminado el proceso. La ONP ha llegado ya a la etapa de iniciar los concursos, pero...
Entró en vigencia en el 2014. Y la ONP ya inició los concursos. El primer cargo que se concursa es la jefatura de recursos humanos, que está ahora en proceso. Una vez nombrado el jefe de recursos humanos, él se encarga de realizar todos los demás concursos.

— Pero podemos decir que esta ley, tan importante porque implanta la meritocracia en todo el Estado, no ha tenido prioridad política. Tratándose de una reforma compleja, difícil, que toma tiempo, es imposible realizarla si no hay decisión política…
Como cualquier reforma, ¿no? Cualquier reforma, en salud, en educación, si no hay una decisión política es muy difícil llevarla a cabo.

— Eso es lo que no ha habido entonces durante la etapa de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Por qué?
Creo que hubo muchos prejuicios. Estaban preocupados en otras cosas. Creo que pensaron que una reforma tenía que demorar menos, o no la conocían...

— ¿Pero no le explicaste a Fernando Zavala en qué consistía esto?
La única reunión que tuvimos fue dos o tres semanas antes de que él saliera. Es el problema general del Estado Peruano, que no hay continuidad. Pero creo que ahora hay una visión distinta de las cosas. El presidente y el primer ministro están planteando que la reforma es importante, que tenemos que cambiar el servicio civil. Cuando César Villanueva fue gobernador regional, solicitó a Servir gerentes públicos que accedieron meritocráticamente. Él cree en la meritocracia.

— Entonces, el proceso ahora sí va a tener apoyo político.
Sí, sí.

— Pero el Congreso no es consciente: pasó los CAS de Essalud a la [ley] 728 y no a la Ley Servir, aprobó la ley del trabajador judicial, que también los pasa a la 728 sin meritocracia. Y se ha exceptuado el propio Congreso.
El Congreso, la SBS, el BCR. Las exclusiones se deben a que no tenemos una visión de país. Se excluyen porque tienen miedo de que Servir vaya a vigilar un servicio o que Servir vaya a hacer los concursos, que no es cierto. Se excluyen porque quieren tener remuneraciones distintas, mayores, lo que es legítimo. Cada uno quiere bailar con su pañuelo. El BCR se excluyó principalmente porque no desea que sus remuneraciones sean definidas por el Ministerio de Economía.

— ¿Y eso iba a ocurrir?
El decreto supremo que establece las escalas globales lo da el Ministerio de Economía. Salió el 2014, pero ha tenido una modificación y se irá modificando adecuándose a las realidades.

— ¿Establece escalas uniformes para todo el Estado?
No son uniformes, son rangos y dependen del grado de responsabilidad. Gana más el que maneja S/100 millones que el que maneja S/1 millón, por ejemplo. Ahora, esta reforma consiste no solo en ir hacia la unificación de un régimen único para todos los servidores públicos. Parte de la ley se refiere a la capacitación, que es lo que estamos haciendo a través de la Escuela de Nacional de Administración Pública, con cerca de 70 mil personas capacitadas en casi cuatro años. Capacitaciones que cambian procesos en las instituciones. La brecha en competencias y en conocimientos era muy grande. Luego, estamos haciendo gestión de rendimiento, que consiste en establecer metas anuales y que sean cumplidas por cada uno de los servidores de cada institución. Sirven de base a la evaluación del rendimiento de cada servidor.

— ¿Metas individuales? Pero para eso la entidad misma tendría que tener metas y muchas no tienen.
Justamente eso es lo que estamos haciendo. Hicimos un curso para los jefes para establecer adecuadamente las metas. Y ahí han pasado más de 800 personas de más de 100 entidades.

— Lo difícil es el tránsito que tiene que hacer cada entidad al régimen de la Ley de Servicio Civil ¿no? Implica una reingeniería en cada institución…
Hay 394 entidades que han iniciado el tránsito. La mayor parte no tiene el mapeo total de sus procesos ni de sus puestos, no se han mirado al espejo. El tránsito tiene cuatro etapas. En la primera, la institución crea una comisión con personas que deciden. La segunda es un diagnóstico institucional en dos aspectos: el mapeo de puestos (quiénes y qué hacen) y, al mismo tiempo, un mapeo de procesos (qué es lo que estamos haciendo en cada una de las líneas de servicio). Esto nos lleva a ver cuán bien o mal estamos, qué no estamos haciendo, qué tenemos que cambiar. Es un trabajo de reingeniería, de visión de la institución, de saber exactamente cuántas personas tienen que estar en cada una de las áreas y qué perfil deben tener.

— ¿Pero acaso las instituciones están en capacidad para realizar un mapeo y reingeniería de procesos?
Lo ha hecho la ONP, lo ha hecho Senasa. Hay muchas entidades que lo están haciendo con su propio personal, pero se requiere que se dediquen a tiempo completo a hacer eso.

— Es decir, la decisión política interna de hacerlo.
Exactamente. Y en Servir tenemos un área que se dedica a dar asistencia técnica en esa materia.

— Pero esto implica también decisión para otorgar presupuesto a la reforma, porque en el nuevo cuadro de personal que salga los profesionales y técnicos ganarán más, ¿no?
Sí. La norma señala claramente que aquellas entidades que pasan al nuevo régimen reciben 15% más para remuneraciones. Pero hay progresividad. Si no hay plata, iremos más lentamente. Los concursos se van a hacer de acuerdo a los presupuestos que tenga cada institución y cómo vayamos caminando como país. Pero el proceso mismo de hacer los mapeos, el redimensionamiento y una mayor equidad en los propios salarios lleva necesariamente a ahorros, a hacer mejor las cosas, a ser austeros donde tenemos que ser austeros e invertir en donde tenemos que invertir. Cada entidad ordena mejor su estructura salarial y de puestos.

— Bueno, de haber impulso político, ¿en cuánto tiempo se podría tener el régimen de Servicio Civil implantado en todo el Estado?
El próximo año debemos tener culminado lo que es gobierno nacional, que las entidades hayan llegado al punto en que pueden comenzar sus concursos. Y luego de las elecciones abocarnos a trabajar con los gobiernos regionales. Piura, por ejemplo, ha avanzado de una manera importante. Y luego ya con los gobiernos municipales, donde habrá dos grupos. Los pequeños tendrán un proceso mucho más simple.

— ¿Por qué los concursos son cerrados dentro del Estado? ¿Por qué no están abiertos al mercado?
Lo primero es mejorar las personas que están en el Estado y luego planificar bien el ingreso de nuevas personas al Estado. Lo que estamos comprobando con la escuela es que a personas a las que no se les había capacitado, cuando se les da la oportunidad comienzan a hacer cosas realmente interesantes. Ahora, si en el concurso nadie logra esa plaza dentro del Estado, entramos ya al concurso abierto.

— Ahora, si, digamos, un 10% de los trabajadores de una institución no logra ocupar ninguna plaza en el concurso, queda como fuerza excedente cargando el presupuesto de la entidad…
Es que hay una planificación para hacer los concursos. Habrá que ver cada caso. Pero creemos que lo que va a haber es un mejor ordenamiento del tema presupuestal en planilla. Además, esas personas pueden concursar en cualquier sitio del Estado, y podrán capacitarse para ello. Lo que se está planteando no es que la persona se quede en su institución para siempre, sino justamente una progresión a otras entidades, movilidad horizontal y vertical. Esa es la carrera. Por ejemplo, comienzo yo en una municipalidad pequeña como analista de políticas sociales. Luego puedo querer postular al gobierno regional, y luego al Ministerio de Inclusión Social. Es decir, una carrera en todo el Estado.

— Pero uno puede presumir que los que están en la 728, que tienen todos los beneficios y ninguna obligación, no se van a mover de ahí...
La gestión de rendimiento se aplica para todos, cualquiera sea su régimen. Se aplica para los CAS, para los 728, se aplica para los que ingresen al servicio civil.

— Según el régimen del servicio civil, si no apruebas la segunda evaluación, te retiran de la institución. Eso no lo puedes hacer con los 728.
El Decreto Legislativo 1023, del 2008, establece el mismo esquema de la Ley de Servicio Civil, la evaluación por rendimiento. Para todos. Y te pueden retirar. Solo que por decisión nuestra el tema del retiro no lo estamos aplicando en este momento porque hemos puesto el énfasis en desarrollar bien el sistema de cumplimiento de metas. Consolidado el sistema se aplicaran las consecuencias plenamente. Ahora bien, con la gestión de rendimiento los trabajadores se esmeran en cumplir sus metas porque estas están totalmente visibilizadas.

— ¿Cómo van a determinar cuando el sistema está consolidado?
Lo que la evidencia nos está demostrando es que, si seguimos en el camino que estamos, necesitaríamos un año o dos para hacerlo en el Poder Ejecutivo nacional. En los gobiernos regionales y municipales tendríamos que reforzar los temas a partir del inicio de las nuevas autoridades.

— Ahora, la Ley Servir establece una carrera, y una carrera supone una estructura jerárquica, pero en las administraciones modernas hay cada vez más horizontalidad, redes…
Depende de la institución. No debemos confundir la carrera de la persona con la polifuncionalidad que tiene cada puesto. Estamos viendo también los efectos de la tecnología y de la cuarta revolución industrial en el sector público. ¿Qué va a pasar con el personal que sea desplazado por la digitalización de ciertos procesos?