Reglaje y obstrucción: Eficcop denuncia a dos policías por amedrentar a testigo del caso Ícaro, vinculado a Nicanor Boluarte y Santiváñez

El fiscal provincial Carlos Ordaya, del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), anunció que ha presentado una denuncia contra dos efectivos policiales por haber realizado actos de amedrentamiento contra un testigo protegido en la investigación del Caso Ícaro, en el que están vinculados Nicanor Boluarte y el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez.

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En conferencia de prensa este viernes 29 de agosto, Ordaya señaló que cuentan con chats y otras pruebas que evidencian la amenaza contra el testigo. “Incluso fue inducido para que no declare o entregue elementos de convicción”, reveló el integrante del Eficcop.

De acuerdo con la denuncia, a la que tuvo acceso El Comercio, los policías implicados son Jesús M. Guerrero Rodríguez y Johnny B. Olano Tito. Ambos son integrantes de la Diviac y estuvieron a cargo del resguardo al testigo protegido. La fiscalía los acusa de haber cometido el presunto delito de obstrucción a la justicia, marcaje y reglaje.

A ambos miembros de la PNP se les delegó el resguardo del testigo en el marco de la investigación contra Percy Alberto Tenorio Gamonal, Marco Antonio Palacios Meza, Yessenia de la Cruz Rivas, Gregorio Villalón Trillo, Franco Emilio Parodi Gianella, Gian Franco Meza Lizier, Yber Torres Pariona y Máximo Ramírez de la Cruz. Todos ellos investigados por el Caso Ícaro.

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Según el documento, el testigo protegido le había detallado al efectivo Guerrero información sobre hechos ocurridos en su agravio y su familia.

Una de las situaciones ocurrió en mayo de este año, cuando le robaron partes de su vehículo. Al testigo le llamó la atención que los ladrones no hayan tenido cuidado con las piezas sustraídas y detalló que algunas incluso estaban rotas, lo que le hizo sospechar que se trataba “de una advertencia porque uno de los investigados sabe que ella utiliza dicho vehículo para trasladar a su menor hija”.

En otra ocasión, Guerrero le habría pedido que le brinde detalles sobre su caso para poder ayudarle. “Le tiene que comentar sobre su caso para poderle ayudar, porque no sé si tiene que ver con el caso del Coronel Colchado”, le indicó el efectivo policial.

“Además le dijo que su jefe actual no ha ascendido por culpa del Coronel Colchado y que en un extremo las carpetas se juntan con el caso Colchado y que su jefe tiene problemas con Colchado, diciendo: ‘Mire mejor usted ha pensado en dejarlo, quizá esto se caiga, su vida está en riesgo, además su niña, él va a notificar a Arriola, también a Canario’”, señala la denuncia.

El testigo pensó inicialmente que se trataba de un consejo, pero cuando la conversación avanzaba se percató que Guerrero lo estaba tratando de persuadir, a fin que ya no brinde más información a la fiscalía sobre los hechos denunciados.

“Al momento de preguntarle si dicho efectivo policial le solicitó alguna información sobre los hechos objeto de investigación, en la presente carpeta fiscal, manifestó: ”Si me preguntó, me dijo que, si le daba información, este me daría más protección, ante ello le dije que se viene investigando al ministro y a los generales, no le di más detalles, sin embargo, volvió a insistirme, a preguntarme cuáles eran hechos, de que trataba los hechos, dándomе a entender su interés de saber el caso”, según consta en la disposición fiscal. Este hecho habría ocurrido el 18 de abril de este año.

De igual manera, narró que el efectivo policial en mención “no trasladó al despacho fiscal a cargo del caso los hechos que le reportó, lo que le generó aún más temor”. Es por ello que solicitó que se le varíe la medida de protección policial “a un nivel mayor” (las 24 horas del día) y el cambio del personal policial.

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Ante ello, la fiscalía solicitó a la Diviac que se realice una reevaluación de riesgo a favor del testigo, a fin de redoblar las medidas de seguridad otorgadas, sin perjuicio de que se pueda variar el tipo de medida de protección policial.

También pidió que se exhorte al personal policial a “evitar la exposición a una eventual situación de riesgo de la integridad” del testigo.

La Diviac respondió que al testigo le correspondía continuar con la medida de protección en nivel de supervisado y recomendó su cambio de residencia para ocultar su paradero. Sin embargo, no se pronunció sobre el incidente con el efectivo Guerrero.

En reemplazo de este policía pusieron a Olano Tito, conocido como ‘Pantera’, quien estuvo a cargo del resguardo desde el 23 de mayo del 2025. El efectivo le dijo que “todo se coordinaría con él y ya no con el fiscal superior Peña”.

El testigo contó que este efectivo también mostró su interés sobre los hechos investigados.

“Sí, me preguntó. También se mostró su interés de que trataba los hechos, dándome a entender de averiguarse el caso, ante mi negativa, solo dijo que ‘ya está bien ya revisare su caso’. Asimismo me dijo que todo se realizaría cualquier coordinación solo con él, ya no con el fiscal ni con el superior Peña”, narró.

“Quiero agregar que las veces que le reportaba algún incidente, tanto al anterior efectivo policial y a Pantera, solían minimizarlo, refiriendo simplemente que no era un peligro inminente, lo que yo sí consideraba un peligro debido a que me seguían personas extrañas alrededor de mi propio domicilio, que nunca se les veía. Todo a partir de que vengo como TP (testigo protegido) surgieron estas amenazas”, agregó.

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El testigo afirmó, además, que ‘Pantera’ le solicitaba su ubicación en tiempo real y cuando no se la enviaba, lo llamaba insistentemente mostrando su molestía.

“Además, me hacía seguimientos como sucedió el día 10 de junio de 2025, quien me dice que estoy con un traje azul. En efecto ese día estuve con traje azul, lo otro es que cuando asistía a la diligencias fiscales, sus llamadas fueron muy insistentes preguntándome en dónde estaba. Luego, minutos después, al estar en la fiscalía tuve sospechosamente una llamada del número 9xxx4, preguntándome dónde estabas, lo cual era extraño. Resultó ser el número de Marco Palacios Meza (uno de los investigados)”.

El testigo señaló que se enteró que ‘Pantera’ es personal de confianza del comandante general de la PNP, Víctor Zanabria. “Este último es de confianza de Juan José Santiváñez Antúnez”, aseveró.

“Por último, mencionó que dejará impresas sobre sus conversaciones con el efectivo ‘Pantera’, con lo que muestra lo que ha venido declarando”, puntualiza la fiscalía.

Ante ello, el fiscal Ordaya remitió todos los actuados a la fiscalía penal de turno a fin de que inicie la investigación contra Guerrero Rodríguez, Olano Tito y quienes resulten responsables del presunto delito de obstrucción a la justicia, marcaje y reglaje y otros.

El documento también fue remitido a la Inspectoría de la PNP, a fin de que adopte las acciones de su competencia en contra de los efectivos policiales. Asimismo, se puso en conocimiento del caso a la jefatura de la Diviac, a fin de que adopte las acciones de control y supervisión en la protección de la vida e integridad física del testigo protegido, bajo responsabilidad funcional.

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Respuesta del Mininter

El ministro del Interior, Carlos Malaver, aseguró que responderán sobre esta denuncia ante las instancias correspondientes.

“El Ministerio Público como cualquier otra institución, puede realizar las acciones que estime convenientes. La Policía Nacional, en fiel cumplimiento de sus funciones dentro del marco constitucional y así como también dentro del marco de las leyes, cumplen sus funciones”, respondió ante la prensa este viernes.

“Si hay algo que tenga que esclarecerse o explicarse o allanarse, o en todo caso acudir a las instancias correspondientes, lo harán”, agregó.

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En la conferencia de prensa, Ordaya - acompañado por los fiscales de Eficcop y el coordinador anticorrupción Mirko Cano Gamero - dio detalles sobre la ejecución del allanamiento en el Caso Ícaro.

Ordaya subrayó que la pesquisa es por cuatro hechos. El primero ha sido denominado por la fiscalía como “Presunto favorecimiento ilícito en la adecuación de términos de referencia dentro de la Defensoría del Policía del Ministerio del Interior”,

El segundo hecho ha sido denominado “Presuntos cobros indebidos a cambio de la permanencia de generales”.

El tercer hecho -denominado “Presunto favorecimiento ilícito en beneficio de la mina ‘El Dorado’ a cambio de contraprestaciones económicas y otro”- se vincula a las acciones de la presunta organización criminal que lideraría Santiváñez a favor de Nicanor Boluarte.

El cuarto hecho fue denominado “Presuntas acciones de encubrimiento real en favor del ‘hombre clave’ de la red criminal”.

Ordaya precisó que era necesario realizar la diligencia de allanamiento para corroborar los dichos de los testigos protegidos. “Hemos actuado de forma objetiva”, indicó.

“Se nos ha cuestionado. Nosotros no trabajamos con ningún cálculo político, no perseguimos a ciertos funcionarios y ciertas personas. Nuestro trabajo es perseguir el delito con la objetividad del caso”, dijo en otro momento.

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Durante la conferencia de prensa, se remarcó que el hermano de la mandataria no es investigado en este caso, pero que está vinculado y participa fácticamente en los hechos y es parte de la tesis fiscal y que eso fue tomado en cuenta por el juez para autorizar el allanamiento a su domicilio. Se precisó también que los funcionarios aforados no están incluidos en la carpeta fiscal.

A su turno, el fiscal Cano descartó que el allanamiento se haya tratado de “una medida desproporcionada” y que exista algún tipo de animadversión contra Nicanor Boluarte.

“Nosotros no somos un órgano político, somos un órgano constitucionalmente autónomo y trabajamos objetivamente en base a las denuncias e investigaciones que realizamos. No investigamos hechos sino personas. Yo no tengo nada ni nadie de este grupo tiene nada contra el señor Nicanor [Boluarte]. Yo no sé si él es político o no, no lo conozco”, dijo.

Mira aquí la conferencia de prensa: