Remoción en el CNM: ¿cuál es el procedimiento en el Congreso?

El presidente Martín Vizcarra invocó el artículo 157 de la Constitución Política del Perú para pedirle al Congreso a remover a Guido Aguila, Iván Noguera y Julio Gutiérrez, miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), tras la denuncia periodística de IDL-Reporteros sobre un presunto tráfico de influencias en esa institución.

El artículo referido por el jefe de Estado señala que "los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura pueden ser removidos por causa grave mediante acuerdo del Congreso adoptado con el voto conforme a los dos tercios del número legal de miembros [87]".

El detalle está en que ningún apartado de la Carta Magna, ni el reglamento del Congreso, desarrollan el procedimiento legislativo para la remoción de un consejero. El único antecedente que existe sobre una remoción data del 2010.

Se trata del ex consejero Efraín Anaya, quien fue removido por la "inadecuada conducta funcional" al llevar a cabo reuniones fuera del local del CNM con el postulante a fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez Villegas en pleno proceso de concurso público para cubrir plazas vacantes de jueces y fiscales supremos convocatoria Nº 003-2009-CNM.

En dicho proceso de remoción, el mismo CNM presentó un pedido de remoción ante el Congreso, al cual se sumó otra solicitud del entonces legislador Heriberto Benítez. Ambos oficios fueron remitidos a la Comisión de Justicia que elaboró un informe final que fue derivado al pleno del Congreso. En ambas instancias se recogieron los descargos del consejero Anaya. El proceso demoró un mes.

Ante la inexistencia de un procedimiento establecido en el reglamento, y haciendo de lado el antecedentes, el pleno del Congreso podría convocarse para debatir el caso. Sin embargo, el legislador Juan Sheput (Peruanos por el Kambio) advirtió que se podría incurrir en una violación del debido proceso, con lo que los involucrados podrían recurrir a entes internacionales.

Ante ello, el oficialista refirió que la Junta de Portavoces debería evaluar el mejor mecanismo para la investigación y remoción de los consejeros implicados. 

Para Richard Arce (Nuevo Perú), llevar a cabo el procedimiento a través de una comisión tomaría unos 45 días, con lo que no se tendría una "sanción efectiva". Para el izquierdista, con los audios expuestos sería suficiente para convocar a un pleno y remover a los consejeros.

Para convocar a un pleno extraordinario, se necesita un pedido con la firma de 78 congresistas. La Constitución (artículos 118 y 130) también estípula que el presidente Martín Vizcarra puede convocar una legislatura extraordinaria. El Congreso se encuentra ahorita de receso hasta la elección de la nueva Mesa Directiva.

-En paralelo-
El Congreso también iniciará un proceso de acusación constitucional contra los miembros del CNM involucrados en los audios que revelarían tráfico de influencias en dicha institución. Las bancadas del Frente Amplio y Peruanos por el Kambio anunciaron que presentarían denuncias al respecto.

Este proceso no es excluyente con el proceso de remoción estipulado en la Constitución, debido a que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales buscará investigarlos por el presunto delito de tráfico de influencias.  Este procedimiento sería similar al que se llevó a cabo en el 2017 contra el entonces contralor Edgar Alarcón.

El proceso contra Alarcón también ocurrió durante receso parlamentario, demoró un mes y fue aprobado por la Comisión Permanente. Dicha instancia legislativa declaró la vacancia de Alarcón, un procedimiento amparado en el artículo 30 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría.