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Rivera saluda que Vizcarra haya observado ley que favorecería a Fujimori

Según el abogado de los deudos de Barrios Altos y La Cantuta, la autógrafa de ley tendría “graves problemas de inconstitucionalidad”

Carlos Rivera

“La propia estructura de construcción de la norma es incoherente por los principios que la Constitución plantea", señaló Carlos Rivera. (Foto: Archivo El Comercio)

Carlos Rivera, abogado de los deudos de los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos, saludó este lunes que el presidente de la República, Martín Vizcarra, haya saludado la autógrafa de ley que sugiere la ejecución humanitaria de la pena, la misma que beneficiaría al ex mandatario Alberto Fujimori.

En diálogo con Canal N, Rivera indicó que la norma tiene “graves problemas de inconstitucionalidad”, pues estaría configurada para favorecer a una persona determinada, lo cual, se ha reiterado, está prohibido.

“[Tiene] otro nivel de inconstitucionalidad por determinar que, a partir de un proceso administrativo, se rompa con una decisión judicial. El presidente del INPE termina disminuyendo la condena [de los beneficiarios]. Hay un proceso judicial para la reducción de la pena y beneficios penitenciarios”, criticó.

“La propia estructura de construcción de la norma es incoherente por los principios que la Constitución plantea […]. La inexistencia de dato cierto sobre los beneficiarios, que pueden ser narcotraficantes o asesinos, genera bastantes problemas”, añadió.

Al ser consultado por si calcula que el Congreso aprobará la autógrafa por insistencia, el abogado respondió que tiene el convencimiento de que ello ocurrirá, pero que eso le causará inconvenientes al Parlamento.

“Si continúan con esa estrategia tendremos mañana la norma publicada y vamos a enfrentar otro problema más de legalidad en el Perú”, advirtió Carlos Rivera.

Vizcarra anunció este lunes su decisión de observar la autógrafa de ley remitida por el Congreso a su despacho presidencial el pasado 12 de octubre.

Entre las principales razones argumentadas figura que la norma beneficia a condenados por violaciones a los derechos humanos, así como que es incompatible con parámetros mínimos de la vigilancia electrónica.

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