Roberto Burneo: “Corvetto nos mintió no solo a nosotros, sino a todo el mundo, al decir que todo estaba garantizado”

A nosotros nos correspondía dar una respuesta al promotor de esa inquietud. Pudimos responder que no existe un marco legal; sin embargo, quisimos analizar todas las aristas con la información oficial que teníamos a la mano. Hicimos una evaluación estadística de impacto y a lo que significa el voto, que de acuerdo a la Constitución debe ser un voto libre, auténtico y espontáneo. Dentro del análisis y del debate, los magistrados tomamos una decisión por unanimidad. Se hicieron sesiones privadas y lo primero que se publicó fue el sentido de nuestra decisión a través de un comunicado que buscaba zanjar las narrativas. Luego, se hizo pública la resolución.

—Se insiste en que los plazos de un cronograma no pueden estar por encima del derecho constitucional a votar.

Lo que creemos es que se debe garantizar el derecho del voto de todos los ciudadanos. No hemos negado que haya habido una afectación y lo que estamos indicando es que hay situaciones muy graves que tienen que ser investigadas y determinar las responsabilidades que correspondan. No estamos hablando solamente de plazos, sino de la transición de poder. Porque nuestra Constitución establece que sea, a más tardar, el 28 de julio. Entonces, no se trata de minimizar los plazos, sino que hay un ordenamiento y una institucionalidad que se tiene que garantizar. Va a haber un perdedor de todas maneras, por eso hablamos de esperar los resultados con responsabilidad y que al final prime el respeto a los resultados y la estabilidad sobre todas las cosas.

“El 10 de abril en la noche comenzamos a advertir demoras”.

—Ante Fiscalización en el Congreso dijo que “se tendrán que tomar decisiones, así sean las más drásticas”. Se especuló que estaba a favor de anular las elecciones y que se hagan complementarias. ¿Esto ha sido así?

No, de lo que yo estaba totalmente a favor era de dar una respuesta al pedido que nos habían hecho y eso se hace con la participación de todos los miembros del pleno del Jurado. Yo estaba a favor de que sea una decisión totalmente informada, por eso pedimos los informes y el sustento técnico para tener todas las perspectivas. Así llegamos a una decisión por unanimidad, porque pudo haber habido votos en contra dada la independencia de cada uno de los magistrados. El JNE tiene una composición sui generis; el origen de cada magistrado es diferente.

—Según el abogado de Renovación Popular, usted debería salir. ¿La Corte Suprema puede retirarlo o usted renunciar?

No puede haber un acuerdo de la Sala Plena retirándome, no funciona así, salvo causales previstas en la propia ley orgánica y el marco normativo. Entonces, entraría un suplente. Hay muchas narrativas e inquietudes equivocadas.

—En la resolución de las elecciones complementarias se señala que el ausentismo ha sido multicausal y que solo se afectó en 0,8 puntos porcentuales por cada hora de retraso en la instalación de mesas. Pero igual, ha habido una afectación. ¿Cómo resarcir a quienes no votaron porque el material electoral llegó tarde?

Nosotros quisimos evaluar el impacto del ausentismo, sobre todo en torno a la demora en el arribo y despliegue del material electoral por parte de la ONPE. Lo que advertimos es que Lima Metropolitana ocupa el lugar 17 en ausentismo en el país. Tuvimos que determinar si esta demora generó un impacto suficiente como para tomar o evaluar una medida extraordinaria y lo que vimos es que sí hubo un impacto, pero que se fue minimizado por las medidas que tomamos el mismo 12 de abril, como la ampliación del horario y una jornada adicional en los locales donde no llegó el material. Esas medidas minimizaron el impacto por la demora, por eso decimos que el ausentismo es multicausal, porque sea que hubiese habido demora o no, iba a haber un ausentismo por diferentes razones. Por ejemplo, las personas fuera del país, personas que están enfermas ese día o que por razones de trabajo no van.

—Nunca sabremos exactamente el porcentaje de quiénes fueron y no pudieron votar y quiénes no fueron porque no estaban.

Esa era la gran pregunta que nos hacíamos y por eso empleamos a profesionales de estadística de datos para tener la perspectiva de cuánto era el impacto, y vimos que era leve. El ausentismo se iba a dar de todas maneras y a ello se sumó la demora del despliegue del material electoral, por lo que analizamos en qué medida esa demora generó un impacto. Lo que pudimos deducir –y así está en el fallo– es que hubo un ausentismo multicausal, y en cuanto a la demora, lo logramos minimizar. Eso no conllevaba, por lo tanto, a tomar nuevamente una medida extraordinaria como las elecciones complementarias. Además, ya teníamos resultados más allá del 94%, por lo que se quebraba la igualdad del derecho al voto, la espontaneidad y se generaría el “voto estratégico”. Ya no se votaría por los que están al final de la cola, sino por los que estuvieran primero, lo que generaría no solo distorsiones en el resultado del voto presidencial, sino de senadores, diputados y Parlamento Andino.

“Va a haber un perdedor de todas maneras; por eso hablamos de esperar los resultados con responsabilidad”.

—¿Cómo se condice el fallo con la denuncia del procurador del JNE, que dice que se afectó el derecho al sufragio y que se instrumentalizó el sistema electoral? ¿Hay una discrepancia?

No. Nosotros tomamos la primera decisión [ampliación de horario], cuando vimos que eran casi 300 locales de votación en Lima Metropolitana, que representaban alrededor de 3.000 mesas y 1’700.000 ciudadanos que pudieron haberse afectado. Entiendo que el procurador ha visto que esas fallas pudieran derivar en una grave afectación como efectivamente pudo haberse dado.

—¿Estamos de acuerdo en que hubo una grave afectación?

Por eso tomamos medidas extraordinarias el mismo 12 de abril. Cuando ese día vino al JNE el entonces jefe de la ONPE, nos dijo que habían logrado llegar a una gran parte de esos cerca de 300 locales y que faltaban alrededor de 67, y que solo pedía una hora más de prórroga para la instalación de mesas. Nosotros dimos dos horas. También nos dijo que ya no iba a implementar la STAE, porque les advertimos que no estaba funcionando. Cuando fiscalizamos la STAE, le dimos una serie de observaciones porque tenían muchas deficiencias.

—A propósito de la STAE y del voto electrónico, ¿han auditado o fiscalizado otros sistemas informáticos de la ONPE?

Todos los sistemas informáticos…

—¿Lo que están usando ahorita es auditado por el jurado?

También ha sido auditado por el jurado.

—¿Y qué les arrojó?

En cuanto al software y la programación, no hay una situación preocupante. Lo que también estamos fiscalizando es la parte operativa, porque una cosa es tener el software bien hecho y otra cosa es el momento llenar los datos que podía haber algunos riesgos.

—¿De qué tipo?

Por ejemplo, a veces se pueden equivocar al momento de digitar la información. La ONPE tiene diferentes procesos que minimizan esa situación, pero nosotros estamos con fiscalizadores en la ONPE validando que efectivamente se pueda registrar.

—Dijo que había 50.000 fiscalizadores. ¿Por qué no fiscalizaron que en todos los colegios estuviera el material electoral desde el sábado o la madrugada del domingo? Corvetto dijo el viernes 10 que todo el material estaba desplegado. ¿Mintió? ¿El JNE no fiscalizó?

En principio [Corvetto] nos mintió, porque nosotros le habíamos advertido desde el inicio del despliegue, que fue el 10 de abril, que había demora en las rutas, y la mañana del 11 seguimos advirtiendo la demora. La respuesta de la ONPE fue: “Tengo problemas con mi operador logístico”, y al rato dijo: “Ya lo solucioné y no va a haber problema, a las 12 de la noche llega todo el material”. Seguimos advirtiendo y en todo momento nos garantizaron que el material iba a llegar.

—¿Todo eso está documentado?

Sí, están levantadas las actas. Recordemos que la fiscalización la hacen los jurados electorales especiales con sus fiscalizadores y luego viene la Dirección Nacional de Fiscalización. Cuando fui al Congreso verifiqué que existan esas actas, muchas de las cuales la ONPE no quiso firmar, pero tienen la firma de hasta siete fiscalizadores.

—Volviendo al 10 y al 11 de abril, Piero Corvetto les decía que todo estaba bien. ¿Considera que ahí les mintió?

Nos mintió no solo a nosotros, sino a todo el mundo, porque él salió públicamente a decir que todo estaba garantizado.

“Los vehículos de transporte estaban en el local, por eso le creímos a la ONPE”.

—Hubo una ceremonia en la que Corvetto da inicio al despliegue del material. ¿Todo fue una finta?

Esa muestra de despliegue se dio, pero entendamos que eran más de 200 rutas en Lima Metropolitana y no llegaron a lugares que estaban al lado de su almacén en Lurín. Los vehículos de transporte estaban en el local, por eso le creímos a la ONPE. Pero la logística con la empresa de transporte no era el problema, sino el material informático, porque cada unidad iba con material electoral propiamente dicho, junto con el material para la implementación de la STAE y esto generó la demora. Eso, además de la falta de decisiones de los directores de la ONPE, porque, si ya tenían problemas con el despliegue del material para la STAE, pudieron haber dicho que vaya solo el material propiamente electoral.

—¿Quién nos garantiza que el 7 de junio no va a pasar lo mismo? Porque es el mismo equipo en la ONPE; solo ha salido la cabeza.

Siguen estando ellos y eso nos preocupa y nos ha preocupado desde siempre. Hemos venido luchando a contracorriente para garantizar que estos procesos se hagan de la mejor forma.

— Estamos en ese proceso de revisión de las actas observadas. ¿Llegarán al 15 de mayo?

Sí, en cuanto a lo que es resultado presidencial con total garantía, porque necesitamos definir quién va a la segunda vuelta.

— ¿Qué les recomienda usted a los candidatos? Porque ya hay un escenario A con el candidato Sánchez, un escenario B con el candidato López Aliaga. ¿Hay una proyección definitiva?

Se tienen que esperar con calma y con responsabilidad los resultados que dicte el JNE. Nosotros proclamamos los resultados y se darán cuando definamos todas las controversias en cuanto a observación, pedidos de nulidad, y eso demora un tiempo, porque cada proceso tiene su debido procedimiento, sus plazos y con el recuento de votos se hace un poco más compleja la situación que hubo históricamente.

— ¿Cómo esperar con responsabilidad si un candidato llama el sur andino a cuidar el voto y el otro habla de fraude y que usted es cómplice?

Lo que hay que hacer es esperar con responsabilidad. Al JNE siempre le ha tocado estar en medio, porque esa es su función, la de garantizar. El poder garantizar, dirimir y definir, finalmente en última instancia, quién gana o quién pasa en este caso a la segunda vuelta. De todas maneras va a haber segunda vuelta el 7 de junio con los dos candidatos que el JNE proclame. Siempre va a haber un ganador y un perdedor. Lo que buscamos es respetar la autoridad electoral, jurisdiccional y en eso estamos actuando con mucha responsabilidad y objetividad.

— ¿Cómo toma el pedido de un candidato a que se anulen las mesas con el número 900 mil, porque dice que son actas fantasma?

Son actas de centros poblados que tienen derecho al voto. Ellos solicitan que dentro de su centro poblado –que normalmente es muy lejano– se instale una mesa de sufragio. El resultado de todas esas actas ya lo hemos fiscalizado. Hay que evitar esa narrativa en torno a ese grupo de actas en específico. Hay una población que tiene derecho al voto y son las regiones más alejadas y justamente se identifican esas actas para poder llegar a ese sitio a nivel operativo, a nivel organizacional. Estamos poniendo el foco a esta situación para dar una respuesta a la preocupación de la población en torno a todas las situaciones y también a muchas narrativas que se dan, pero queremos ser consecuentes con ellos, no decir o negar algo, sino que, sobre la base de la evidencia, dar una respuesta.