Roberto Sánchez: Juntos por el Perú afirma que candidato no respaldó ninguna de las leyes consideradas como ‘procrimen’, pero es falso

Durante el debate técnico entre Fuerza Popular y Juntos por el Perú, el virtual diputado de esta última agrupación Ernesto Zunini afirmó que Roberto Sánchez, actual congresista y candidato presidencial de su partido, no votó por las llamadas leyes procrimen y que tampoco las han defendido en la campaña electoral.

“No hemos votado por las leyes procrimen ni las defendemos en la campaña”, manifestó, en respuesta a la congresista Rosangella Barbarán (Fuerza Popular), con quien polemizó sobre juventud y deporte.

Esta afirmación es falsa

Sánchez, como parlamentario, no solo respaldó la Ley 31989, que derogó la disposición complementaria del Decreto Legislativo 1607-que permitía a la Policía Nacional intervenir en actividades mineras ante el uso ilegal de explosivos, incluso cuando los involucrados estaban inscritos en el Reinfo- sino que también fue uno de los coautores de esta iniciativa.

El hoy postulante presidencial respaldó esta medida en la primera votación, como en la exoneración de la segunda, a mediados de marzo de 2024.

Respecto a otras normas consideradas como procrimen, Sánchez votó en contra y se abstuvo en otras ocasiones.

Cabe precisar que Fuerza Popular, con sus votos en el Parlamento, ha apoyado estas cuestionadas leyes. Y, a mediados de marzo, al ser consultada sobre este tema, la candidata presidencial naranja, Keiko Fujimori, dijo que no cree en “la narrativa” sobre las normas procrimen.

En otro momento del debate, Pedro Francke, ex ministro de Economía y representante de Juntos por el Perú, exclamó: “Una de las primeras medidas es: vamos a derogar las 8 leyes procrimen que votó la bancada fujimorista y que no votó Roberto Sánchez y esa es la verdad”.

Según informó este Diario, Sánchez ha suscrito—tanto en calidad de autor como de coautor— al menos una decena de proyectos orientados a favorecer a la minería informal e ilegal.

Estas iniciativas incluyen la extensión de la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) —en un caso incluso hasta el 2030—, la flexibilización de exigencias regulatorias y la reducción de herramientas legales para combatir a la minería ilegal.

Mira aquí todo el debate de equipos técnicos: