Fiscalía pide 5 años y 4 meses de cárcel para Roberto Sánchez: La situación de la acusación y las claves del caso

El Ministerio Público solicitó 5 años y 4 meses de pena privativa de libertad contra Roberto Sánchez, el ahora candidato presidencial de Juntos por el Perú (JP), por presuntamente haber declarado información falsa ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), sobre los aportes de campaña, entre los años 2018 y 2020.

De acuerdo a la nueva acusación fiscal y otros documentos obtenidos por El Comercio, el MP también solicitó la pena de “inhabilitación definitiva” para seguir ejerciendo el cargo de presidente del partido político “Juntos por el Perú”, por presentar informes señalando que no recibieron aportes partidarios, pese a que habrían recibido más de S/200 mil en una cuenta del hermano del candidato presidencial.

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La fiscalía lo acusa, bajo concurso real, por los presuntos delitos de falseamiento de la información sobre aportaciones y falsa declaración en procedimiento administrativo, en agravio de ONPE.

Carlos García, abogado de Roberto Sánchez Palomino, sostuvo que la fiscalía no probó que su patrocinado haya usado los aportes de Juntos por el Perú para gastos personales y que el Poder Judicial ya archivó dicho extremo que estaba contemplado dentro del presunto delito de fraude en la administración en la persona jurídica.

El 27 de mayo, el Juzgado de Investigación Preparatoria analizará el nuevo requerimiento acusatorio que presentó la fiscalía en enero del 2026, luego que una Sala Superior archivara algunos delitos y extremos de la acusación por el transcurrir del tiempo y los recursos que interponían los acusados.

De acuerdo a la acusación, el fiscal Humberto Ruiz del Segundo Despacho de la Segunda Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María, atribuye a Roberto Sánchez, el presunto delito de “falsa declaración en procedimiento administrativo” ya que en su calidad de apoderado y/o representante del Partido Juntos por el Perú habría declarado datos falsos ante la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE.

Ello, con respecto de la Información Financiera Anual del año 2018, así como la relacionada a la Declaración de Ingresos y Gastos de la Campaña Electoral para las Elecciones del 2018.

Así, agrega la fiscalía, por la Campaña Electoral para las Elecciones Regionales y Municipales de 2018, se presentaron documentos firmados por Sánchez Palomino, sobre informes de Campaña electoral y Estados Financieros de Juntos por el Perú de fechas el 21 de enero y julio del 2019.

En esos documentos, señala la fiscalía, Sánchez Palomino aseguró que no se había efectuado ningún gasto en el referido proceso electoral y que la caja no había registrado movimientos por lo que no existían aportes de la militancia.

“El Partido Político Juntos por el Perú declaró aportaciones / ingresos con el importe de S/ 0.00 en la información financiera (…) el Partido Político Juntos por el Perú ha declarado no haber percibido aportaciones / ingresos en efectivo y en especie durante el ejercicio 2018”

ONPE

Ello, según la tesis fiscal, sería falso puesto que se comprobó que se abrió una cuenta bancaria a nombre de William Sánchez Palomino, expresidente del Comité Nacional Electoral de JP y hermano del ahora candidato presidencial, quien habría recibido los aportes en dicha cuenta hasta por el monto de S/204,951.36 que debieron haber sido informados ante la ONPE.

“El Partido Político Juntos por el Perú declaró que no había obtenido ingresos ni efectuado gastos en esta campaña electoral, informaciones que no se ajustarían a la realidad, toda vez que se encuentra acreditado que durante el año 2018, se abrió una cuenta bancaria en el BCP (con el Nro. 191-90141971-0-94) a nombre de la persona de William Ricardo Sánchez Palomino, quien ostentaba el cargo de Presidente del Comité Nacional Electoral de la aludiad organización política, cuenta respecto de la cual se advirtió diversos ingresos y egresos de dinero, los mismos que ascendieron al monto de S/204,951.36 y que debieron ser declarados oportunamente ante la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE. Sin embargo, tal como se señaló, se declaró al cifra de S/ 0.00 en la información remitida”.

Humberto Ruiz, fiscal de la Segunda Fiscalía Corporativa Penal de Lima

El fiscal también le atribuye al ahora candidato presidencial el presunto delito de “falseamiento de la información sobre aportaciones, ingresos y gastos de organizaciones políticas” por presuntamente haber declarado datos falsos en la Información Financiera Anual de los años 2019 y 2020.

De igual forma, en la declaración de los ingresos y gastos de la campaña para las Elecciones Congresales 2020 y sobre la información financiera anual del 2020.

Sánchez Palomino señaló, en los informes, que no habían recibido aportaciones / ingresos en el periodo anual del 2019.

Sin embargo, dicha información no se ajustaría a la verdad, puesto que se abrió otra cuenta bancaria mancomunada (Nro 191-96430300-0-42) entre otros dos co-acusados y a pedido del Comité Electoral Nacional del partido que estuvo integrado por el acusado donde se habría recibido S/75,750.00, señala a fiscalía.

“La mencionada cuenta bancaria habría recibido abonos y depósitos de dinero por la suma de S/75,750.00. Sin embargo, eso difiere respecto del monto consignado en la información financiera anual del 2019 que se presentó ante la ONPE, pues ante la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios se declaró aportes e ingresos en la cifra de S/ 0.00”, precisó el fiscal.

Sobre los Ingresos y Gastos de Campaña electoral para las Elecciones Congresales 2020, también habría falseado la información ante la ONPE, puesto que reportó un “aporte privado en especie por el importe de s/25,000.00”, lo que no guardaría relación ya que se habría recaudado S/75,750.00 que debieron haber sido considerados en la declaración de ingresos y/o gastos de dicho proceso electoral.

Finalmente, la fiscalía acusó a Sánchez Palomino por haber falseado información en el reporte Financiera Anual del 2020, ya que en su condición de presidente del partido JP declaró aportes e ingresos por la suma de S/27,400.00.

De acuerdo a la acusación, Sánchez declaró que se trataba de un “aporte en especia por el uso de un local partidario para el año 2020”, sin embargo el supuesto aportante negó haber entregado algún bien como aporte.

“En su condición de presidente del partido político Juntos por el Perú, declaró aportes e ingresos por la suma de S/27,400.00 en la IFA 2020, siendo que declaró un aporte en especie por el uso del local partidario para el año 2020 (…) Onpe cruzó una carta al aportante declarado, Sr. Edwin Espinoza Chávez, mediante carta S/N con expediente Nro 0048347-2021, manifestando esta persona que no ha realizado ningún aporte durante el año 2020, de lo que se colige que los datos remitido por el partido no se ajustan a la realidad.”

Humberto Ruiz, fiscal de la Segunda Fiscalía Corporativa Penal de Lima

Inicialmente, el proceso se formalizó por los presuntos delitos de fraude en la administración de personas jurídicas, falsa declaración en procedimiento administrativo y falseamiento de la información sobre aportaciones, ingresos y gastos de organizaciones políticas.

Sin embargo, tal como lo dio a conocer Cuarto Poder, la sala superior archivó el delito de fraude en la administración de personas jurídicas vinculado a la desviación del dinero que se aportaba al partido Juntos por el Perú.

De acuerdo al extremo de la denuncia por fraude en la administración de personas jurídicas, que se archivó vía una excepción de improcedencia de acción -es decir que los hechos no constituían el delito imputado- un promedio de S/204,951.36 mil en aportes se habrían desviado a las cuentas del William Ricardo Sánchez Palomino, por disposición de este y del hoy candidato presidencial. Y, otro monto por S/75,750.00 recaudado en una cuenta mancomunada entre otros dos co-acusados que debió ser ingresado al partido.

Para ello, la fiscalía presentó un voucher de los depósitos realizados por los aportantes, así como una transferencia de S/2,500 soles a favor de Roberto Sánchez.

“Ricardo Sánchez Palomino, aperturó (abrió) una cuenta en el Banco de Crédito y sacaron unas tasas entre comillas, para que todos los postulantes a nivel nacional depositáramos los montos que están establecidos y que fue remitido por Ricardo Sánchez Palomino a todas las bases y también por Roberto Sánchez Palomino y los demás denunciados, teníamos que depositar para que después del depósito que se realizaba a los dirigentes de las regiones elevábamos el voucher a Roberto y Ricardo Sánchez Palomino de aquellos candidatos que ingresaban o postulaban (…) Entonces, de esa forma recaudaba Ricardo Sánchez Palomino, hermano de Roberto Sánchez a través de una cuenta en el banco de crédito y elevábamos los documentos a ese Comité que estaba conformado por esos señores”

Leandro Afrade Cerna Herrera, exdirigente de Juntos Por el Perú

Carlos García Asenjo, abogado de Roberto Sánchez, dijo a El Comercio que la acusación que se presentó por el presunto uso ilícito de los aportes de dinero ya fue archivada en una instancia superior que analizó los hechos y determinó que no había delito.

“En ningún momento, en la acusación se acredita en qué gastos personales se usó eso (los aportes), no hay nada de eso. Lo único que hay es una transferencia de, creo, S/1,500 a Roberto Sánchez, pero la recaudación era mayor, los aportes eran mayores. La fiscalía no establece cómo se ha usado en temas personales, a diferencia de lo que dice mi patrocinado que esa plata se usaba para la campaña, gastos para la campaña. No es que él se haya apropiado del dinero,” señaló.

Remarcó que ese hecho, que formaba parte del presunto delito de fraude en la administración de personas jurídicas ya fue archivado, y señaló que Sánchez Palomino tampoco había incurrido en los otros dos presuntos delitos (falsa declaración en procedimiento administrativo y falseamiento de la información sobre aportaciones, ingresos y gastos de organizaciones políticas) por los que fue citado a control de acusación este 27 de mayo próximo.

Al ser consultado por qué, si su patrocinado no es responsable de la presunta falsa declaración en la consignación de la información financiera reportada a la ONPE, la sala no acogió ese argumento, el abogado indicó que el tribunal superior decidió que eso debía debatirse en las audiencias de control de acusación.

“La Sala analizó los hechos y determinó que los presuntos delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falseamiento de la información sobre aportaciones debían ser debatidos en el curso del proceso y por eso solo se archivaron los hechos por fraude en la administración de personas jurídicas (…) no se aceptó (el archivo) porque la sala consideró que había elementos que debían ser esclarecidos.”

Carlos García Asenjo, abogado de Roberto Sánchez

El abogado insistió en que su patrocinado no es responsable penal por haber brindado información errónea a la ONPE, pues aseguró que él solo firmó documentos en calidad de presidente de Juntos por el Perú para poder ser elevados ante el órgano de fiscalización.

Por ello, aseguró que quienes realizaron los reportes fueron los contadores del partido y el informe que ellos elaboraron se anexó a una carta que firmó su patrocinado. “Él solo firmó el documento, él no elaboró los reportes (financieros)”, adujo.

Finalmente, el abogado señaló que bajo su análisis, en los próximos meses estaría archivándose, por prescripción, el presunto delito de falsa declaración en procedimiento administrativo. Sin embargo, reconoció que el presunto delito de falseamiento de la información sobre aportaciones, ingresos y gastos de organizaciones políticas, aún tendría un plazo de diez años -desde que corrieron los hechos- para ser procesados en el ámbito penal.

Roberto Sanchez, en la declaración que brindó a la fiscalía, rechazó haber cometido algún delito, sobre todo el de haberse apropiado de los aportes, al asegurar que el dinero que entregaron los militantes debía reportarse al Comisión Electoral de JP y no a la ONPE.

“No ha existido cobro de tasas para los postulantes a candidatos en las elecciones del 2018; asimismo, refiere que el señor William Ricardo Sánchez Palomino nunca ha sido tesorero del Partido Político Juntos por el Perú. Además, ha señalado que los voucher de depósito de dinero que se le han puesto a la vista corresponde a dinero recibido por el Comité Electoral, siendo que ellos actúan como órgano autónomo. Es decir que sus acciones son internas, de autogestión administrativa, precisando que ese dinero no se puede considerar como fondos partidario, ni se puede considerar como parte de la actividad financiera de la organización política que regula la ONPE”

Roberto Sánchez, presidente de Juntos por el Perú

William Sánchez Palomino prefirió no declarar a los medios de comunicación que lo abordaron este lunes en los exteriores del local del partido.

Sin embargo, en la declaración brindada en su momento, reconoció ante la fiscalía que eran “depósitos” hechos por “compañeros” al ver que el Comité Electoral no contaba con dinero para la logística o los trámites a favor de los candidatos que se presentaban en el 2018.

Señaló que el dinero, que fue cerca de los S/193 mil, fue usado para las impugnaciones, tachas y para la movilidad desde marzo de ese año hasta la culminación del proceso electoral.

¿Prescribirían los delitos?

Posible delito subsistiría hasta el 2030

Según el abogado penalista, Carlos Caro, en el caso que se subsistan los delitos imputados por falsa declaración en procedimiento administrativo y falseamiento de la información sobre aportaciones, ingresos y gastos de organizaciones políticas, uno de ellos podría seguir juzgándose hasta el 2030. 

Recordó que el delito de de fraude en la administración de personas jurídicas, ya fue archivado por lo que este ya no puede ser considerado en la acusación. 

Sin embargo, en el caso del delito de falsa declaración en procedimiento administrativo, este sí podría prescribir en enero del 2027. Ello, porque a la pena máxima de 4 años que contempla el tipo penal se le suma la mitad del plazo y un año más en aplicación de la Ley Soto. 

Sin embargo, precisó que en el caso del presunto delito de falseamiento de la información sobre aportaciones, ingresos y gastos de organizaciones políticas, la pena máxima es de seis años. 

Esto quiere decir, explicó, que a dicho pena se le suma su mitad más un año en aplicación de la Ley Soto, con lo cual daría 10 años más. 

“Si es que subsiste este delito, prescriben de forma independiente, porque son hechos separados del 2018 y 2020. Acá es concurso real, son hechos independiente, entonces podría prescribir en enero del 2027 y el de seis años prescribiría en diez años; con lo cual, el sistema tendría por lo menos hasta el 2030”, señaló.