Bartra: Esterilizaciones fueron "parte de una política de salud reproductiva"

La congresista Rosa Bartra, de Fuerza Popular, señaló que el relanzamiento del partido —realizado ayer mediante una conferencia de prensa— implica salvaguardar los principios contenidos en la Constitución de 1993, incluyendo la defensa del concebido.

En ese sentido, comentó que durante el gobierno de Alberto Fujimori en la década de 1990 se practicó una política de esterilizaciones que no va en contra de este principio, pero en la cual "probablemente se hayan dado" casos que calificó como "excesos".

"(La esterilización) fue parte de una política de salud reproductiva en la cual, si hubieron [sic] casos aislados de excesos, no fueron parte de la política de Estado, sino prácticas aisladas por parte de malos profesionales que probablemente se hayan dado. Las condenamos y las vamos a seguir condenando", comentó en una entrevista con RPP.

Rosa Bartra aseguró que, lo que se practicó durante el gobierno de Alberto Fujimori, fue una política para que la mujer tenga la capacidad de "elegir el método por el cual ella decidía su reproducción".

"Ella, informadamente, debió haber decidido si optaba por un método definitivo de planificación familiar que iba a impedir que ella podía volver a tener hijos. Pero era su libertad sobre su cuerpo para decidir la política o el método anticonceptivo de la política reproductiva que podía acoger para ella misma", indicó la parlamentaria.

"Si hubo casos aislados en los cuales, indebidamente o abusivamente, alguna tuvo una práctica indebida, que se sancione, pero no digamos que esto iba en contra de la libertad de las mujeres para poder decidir el método que iba a acoger", insistió.

Sin embargo, Rosa Bartra no especificó sobre qué cifras se basaba para señalar que se trataron de casos específicos y no parte de una política generalizada por el gobierno de Alberto Fujimori. "No tengo el número exacto y no me gustaría cometer errores por ligereza. Pero que fueron aislados y no fueron parte de una política nacional, en eso me reafirmo", aseguró.

—“No son hechos aislados”—
Sobre las declaraciones de Bartra se pronunció Ana María Vidal, secretaria ejecutiva adjunta de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), quien participó en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que evaluó el caso el año pasado.

Para Vidal, la posición de Bartra demuestra que el fujimorismo busca desconocer a las más de 5 mil mujeres del registro de víctimas de esterilizaciones forzadas creado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. “No se trata de hechos aislados, hay una investigación fiscal que habla de por lo menos 2.000 casos y esto demuestra que fue una práctica sistemática y generalizada”, comentó.

Sin embargo, estimó que más de 2000.000 esterilizaciones se habrían dado en un período de cinco años sin cumplir con los requisitos previos de consentimiento informado o incluso a la fuerza. En ese sentido, consideró que Bartra incurre en una negación que atenta contra las víctimas.

“Fue una política de Estado, ya lo ha reconocido el mismo Estado peruano ante la Comisión Interamericana [de Derechos Humanos]. Esto da mucha pena y demuestra cuál es la vocación del fujimorismo, de que para hacer política no tiene el menor reparo de pasar por encima de miles de mujeres que ya están reconocidas por el Estado como víctimas”, acotó.

—Posición del Estado peruano—
El pasado 1 de octubre del 2018, la CIDH realizó en Estados Unidos una audiencia pública sobre igualdad de género, derechos sexuales y reproductivos y denuncias de esterilización forzada de mujeres en Perú.

Durante el evento en donde se escucharon tres testimonios, el procurador público especializado supranacional, Carlos Reaño Balarezo, representó al Estado peruano y manifestó que recoge las demandas de las denunciantes sobre justicia, verdad, reparación y salud. Reconoció además que las esterilizaciones forzadas fueron parte de una política gubernamental indebida.

“Es difícil representar al Estado en una situación como esta, en la cual nos encontramos frente a miles de mujeres que fueron esterilizadas forzosamente en una política indebida y errónea, bajo todo supuesto violadora de derechos humanos. Trataremos de solucionar la situación”, expresó.

En aquella sesión también participó el fiscal superior Luis Landa, quien en abril del 2018 ordenó a la fiscal Marcelita Gutiérrez denunciar a Alberto Fujimori y varios ex funcionarios de su gestión presidencial por ser responsables del programa de planificación familiar que funcionó en la década de 1990 en el Perú. Y así lo hizo la representante del Ministerio Público en noviembre del año pasado.

Gutiérrez formalizó denuncia penal contra el ex presidente Alberto Fujimori Fujimori. También contra los ex ministros de Salud Eduardo Yong Motta, Marino Csota Bauer, Alejandro Aguinaga, y el ex asesor del Minsa Ulises Jorge Aguilar.

A ellos se les atribuye el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud -lesiones graves- seguidas de muerte "en un contexto de grave violación de derechos humanos", en agravio de María Mestanza Chávez, Alejandra Aguirre Auccapina, Reynalda Betalleluz Aguilar, María Espinola Otiniano y Celia Ramos Durand, y por el delito de lesiones graves en agravio de Olga Aban Pérez y otras personas.

Cabe recordar que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos encabeza, además, una mesa de trabajo que aborda la problemática.