Mucho ruido por nada, la columna de María Alejandra Campos

Luego de largas horas de debate, que incluyeron diversos despotriques contra el Ejecutivo y sus supuestas actitudes dictatoriales, el Congreso finalmente claudicó ante el pedido del gobierno y le otorgó la confianza al Gabinete de Salvador del Solar con un amplio margen (77 parlamentarios a favor y 44 en contra).

El debate se polarizó entre las críticas a Vizcarra por la falta de avances en su gobierno –porque, por supuesto, no se puede trabajar a la vez en la reforma política y en los problemas de educación, salud y reconstrucción– y los reproches al modelo económico que, al parecer, es la fuente de todos nuestros males. La discusión sobre el fondo del pedido –los seis proyectos de ley priorizados por el Ejecutivo– fue prácticamente inexistente.

Y así, volvemos a fojas cero. Aunque algunos parlamentarios resaltaron que el gobierno había bajado el tono al pedido de confianza con respecto a lo presentado en la carta que envió Del Solar a Daniel Salaverry hace unos días, lo cierto es que las condiciones se mantienen.

El Congreso sigue teniendo como plazo para aprobar las reformas el fin de la legislatura (la cual siempre estuvo en sus manos ampliar) y siguen existiendo características consideradas la “esencia” de los proyectos de ley.

Con esto, el suspenso se mantiene. La cuestión de confianza seguirá en la agenda hasta que el Congreso apruebe todas las características mínimas exigidas por el Ejecutivo en el plazo planteado.

Pero hay dos problemas serios en el camino. Uno es el político. Hay que ver si los parlamentarios agachan la cabeza o si deciden jalar la pita un poco más, y hacer modificaciones a los proyectos de ley que dejen en una zona gris lo que el gobierno ha definido como su esencia.

El segundo es el técnico. Tal como han afirmado repetidas veces los miembros de la comisión de reforma política, incluso en las páginas de este Diario, las propuestas eran perfectibles y abiertas al debate. Qué tal, por ejemplo, si algunos expertos cuestionan las elecciones internas abiertas y obligatorias.

Es decir, que todos los peruanos tengamos que ir a votar obligatoriamente por los precandidatos desconocidos de partidos aun menos notorios. Para el gobierno, esta es una cuestión no negociable.

El Ejecutivo también propone que por lo menos 280 mil ciudadanos voten en las primarias de un partido para que este mantenga su inscripción. ¿Qué pasa si se consigue evidencia de que el número es demasiado alto? Según el mismo proyecto de reforma, a un partido se le exigen 14 mil militantes; es decir, 20 veces menos el número de votos requeridos en las elecciones internas.

Una organización política nueva, con bases de ese tamaño, podría no llegar a la meta de electores planteada. Ello tampoco estaría abierto a discusión.En este contexto, se puede concluir que el debate de la cuestión de confianza difícilmente sirvió para zanjar el tema. Lo que venga en las próximas semanas será una continuación de la tensión entre los dos poderes del Estado y no conoceremos su desenlace hasta la votación de los dictámenes en el pleno.