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La sal de la carretera, la columna de Cecilia Valenzuela

No imaginamos que sería el propio presidente de la República quien pediría una coima de US$20 millones a un consorcio binacional para otorgarle la licitación de una importante carretera

Alejandro Toledo

(Foto: Archivo El Comercio)

Su abogado, otro político de su entraña, sigue diciendo que el “sano y sagrado” vive, en una de las ciudades más caras de Estados Unidos, de la venta de sus libros. (Foto: Archivo El Comercio)

Los empresarios peruanos que pagaron la coima exigida por el ex presidente Alejandro Toledo cumplen prisión preventiva en el penal de Ancón I; sin embargo, Toledo, quien exigió el soborno, sigue paseando por Palo Alto. Y su abogado, otro político de su entraña, sigue diciendo que el “sano y sagrado” vive, en una de las ciudades más caras de Estados Unidos, de la venta de sus libros.

En el 2001, cuando los peruanos veíamos por la televisión las obscenas imágenes de la salita del SIN, pensábamos, ilusos, que tendría que pasar mucho tiempo o que mucha agua turbia tendría que pasar bajo el puente para que se repitiera la historia. Que con esa tremenda lección la próxima vez que un grupo político usara a sus operadores para extorsionar y corromper a empresarios, jueces, fiscales, militares, congresistas opositores, etc., muy pocos se dejarían torcer y convertir en cómplices.

Nos faltó, pues, malicia y suspicacia. Desde “La Ventana Indiscreta” denunciamos a los familiares de Toledo que intentaron hacerse hasta del contrato para administrar la telefonía fija en el país; pero no imaginamos que sería el propio presidente de la República quien pediría una coima de 20 millones de dólares a un consorcio binacional para otorgarle la licitación de una importante carretera.

Para que exista delito de colusión agravada deben estar implicados un funcionario y un privado. La fiscalía sostiene que, aunque no negociaron personalmente la coima que les cobró Toledo, los empresarios de la construcción que pasarán los próximos 18 meses en la cárcel de Ancón I delinquieron al tomar conocimiento y adherirse al pago del soborno que el entonces presidente acordó con Odebrecht.

¿Por qué una persona que forja una empresa y da empleo formal a miles de trabajadores, que ha tenido el privilegio de conocer el éxito, pondría en riesgo su nombre, su familia, sus logros, su libertad? ¿Acaso existe el convencimiento de que así funciona el sistema, que hay que pagar para ganar una licitación? Si esto ha ocurrido con las grandes empresas de la construcción en Lima, ¿qué es lo que ocurre en el interior del país, donde los gobiernos regionales deben hacer tantas obras?

Los empresarios que no aprendieron la lección que acababa de otorgar la justicia peruana, al castigar con la cárcel a la camarilla que acompañó al ex presidente Fujimori y a Vladimiro Montesinos, no tienen excusa, su situación era mucho mejor: la prensa, el espacio ideal para denunciar a una autoridad que los chantajeaba y extorsionaba, ya no vivía intimidada. Y la publicidad no solo los hubiera ayudado a que la licitación se transparentara; también los hubiera protegido hasta que el corrupto dejara el poder.

Ahora tienen la oportunidad de acogerse a la colaboración eficaz y señalar a todas las otras autoridades políticas y funcionarios que les pidieron sobornos.

Deben hacerlo por los miles de trabajadores que construyeron junto con ellos sus empresas y que ahora ven incierto su futuro y el de sus hijos.

Están en deuda con el país, su obligación es ofrecer toda la información que tienen a la fiscalía.

Si aceptamos que los políticos lleguen al poder para poner su tarifa, la perversión terminará por alcanzar a toda la sociedad y el Perú se convertirá en una ciénaga.

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