El abogado constitucionalista Samuel Abad sostuvo que la comisión especial debe buscar su legitimidad. (FotoGEC)
El abogado constitucionalista Samuel Abad sostuvo que la comisión especial debe buscar su legitimidad. (FotoGEC)
José Carlos Requena

Samuel Abad combina su desempeño profesional entre la docencia universitaria y los casos que lleva desde uno de los estudios más grandes del país. Fue uno de los integrantes de la Comisión Wagner, formada tras la difusión de los CNM audios, el escándalo que hace un año transparentó la calamitosa situación de la administración de justicia en el país. Ese grupo de trabajo recomendó, entre otras acciones, la conformación de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) a través de concursos públicos de méritos.

—¿Cómo evalúa el proceso de selección de la JNJ?
Uno hubiera pensado que una comisión especial integrada por el presidente del TC, el defensor del Pueblo, la fiscal de la Nación, el contralor general de la República y dos rectores de importantes universidades del país pudiera llevar a cabo un buen concurso de méritos.

¿Se ratifica en la idea de que el concurso es la vía adecuada?
La idea de un concurso público de méritos es inobjetable. La propuesta se ha ido de alguna manera distorsionando.

¿Cuál es la principal distorsión?
El Ejecutivo hizo una propuesta que tenía ciertas características. Luego, se aprobó en el Congreso una propuesta que no tenía todas esas características.

¿Como cuáles?
Se planteó la idea de una comisión especial con una secretaría técnica fuerte. Otro requisito que se eliminó fue el de no tener antecedentes penales ni judiciales. Se incorporó en esta reforma constitucional un plazo de 90 días para la selección de los integrantes de la junta. Nadie discute que era urgente, porque no hay CNM, pero un plazo de 90 días está siendo desbordado por la realidad. Y también se quitó la paridad. La propuesta no quedó igual, fruto del debate en el Congreso. La ley podía haber hecho algo. No lo hizo y se esperaba que el reglamento, las bases del concurso, pudieran hacerlo.

Sin embargo, en una entrevista suya en febrero con Enrique Chávez el único cuestionamiento que presentó fue el de la paridad.
Salvo lo de paridad, se pensó que [los vacíos] podían ser resueltos por la ley o, en todo caso, por el reglamento que aprobara la comisión especial para el concurso. Era imposible incrementar el número de miembros porque está en la Constitución. [La incorporación de] los antecedentes penales o judiciales que estaban en la propuesta inicial y que fueron retirados podían establecerse en la ley.

¿No considera un inconveniente que las propias instituciones que buscan reformarse –el PJ y el Ministerio Público, algo que figuraba en el informe de la Comisión Wagner– tengan una participación tan importante en este esfuerzo?
Claro, pero tome nota: es una persona de siete. No hay duda de que se puede cuestionar, pero lo que se trató de pensar fue en las instituciones.

Eventualmente, el señor Chávarry pudo haber estado en esa comisión.
Lo importante era fortalecer las instituciones para que tengan presencia no determinante. Una persona no podría imponer una decisión a los siete. En el Congreso se introdujo representantes de universidades, algo legítimo.

¿Por qué cree que se ha presentado tan poca gente?
Ha contribuido [a ello] la forma del concurso. Un concurso de méritos debe generar confianza. Y la confianza se ve cuando uno revisa las reglas del juego.

¿Se corrige vía un nuevo reglamento?
Este reglamento tiene que cambiarse para que quede claro qué tipo de perfil se necesita. No se necesita un abogado ‘codiguero’. Son tres temas puntuales: uno, que esta comisión especial necesita un apoyo técnico urgente. Un concurso público requiere contar con un apoyo técnico, una secretaría técnica distinta, fuerte. El segundo tema es contar con nuevas bases, prepublicadas, donde tenga claro el perfil y el valor de las entrevistas. Y un tercer tema, que a mi juicio es el más difícil, es tratar de buscar que esta comisión genere confianza. Se está criticando a ciertas personas que han integrado esta comisión...

Que además lo hacen por mandato constitucional…
No podemos modificar las reglas del juego ahora. La comisión debe buscar legitimarse y generar confianza.

Sus observaciones se basan en la demanda: en lo que el país quisiera. Sin embargo, ¿qué hay de la oferta?
La comisión nunca pensó en un concurso de méritos con este tipo de pruebas. Jamás. Pensó en un tipo de pruebas donde las personas postulaban y, por ejemplo, sustentaban un tema ante un jurado, como una tesis, un trabajo.

Con estos ajustes al concurso, ¿usted cree que el mecanismo sí es persuasivo?
El mecanismo va a mejorar. No hay sistema perfecto. El sistema anterior no ha funcionado. Ciertamente, hay que tomar nota de que esta primera selección es la más difícil. Esta junta va a revisar el pasado y, como usted comprenderá, puede haber muchos intereses que hagan que se retrase el funcionamiento de una junta de este tipo y en un contexto como este. Es muy probable que haya intereses detrás para que esto no opere. Hay que tratar de lograr que este primer nombramiento, reconociendo los problemas que se han presentado, pueda darse. El país necesita que esto funcione.

Con los arreglos que sugiere, ¿cree que las universidades van a animar a sus egresados más notables a postular?
Los abogados actualmente están prefiriendo el sector privado. Lo que hay que tratar de lograr es revertir esta situación con reglas claras. Si además, queda claro cuál es el perfil, si hay garantías de que hay un sistema que permita que no pase lo que ha pasado, y si encima la comisión genera gestos que demuestran que hay voluntad de mejora sustancial, las universidades pueden apoyar en este esfuerzo.

¿Pueden o deberían?
Deberían. Es un compromiso.

¿Dónde ha funcionado un concurso público de méritos para nombrar a los miembros de una institución igual a la junta?
No hay solución perfecta. Los consejos de la magistratura tienen una finalidad: evitar que en la designación se politicen los temas. Hemos tomado esa figura de Europa. Lo que ha ocurrido es que se ha tratado de buscar una figura que sea en principio inobjetable.

Finalmente, ¿la presidencia o la PCM le han hecho consultas en meses recientes?
He visto una nota diciendo que yo era asesor del presidente para la cuestión de confianza. Mandé una carta aclaratoria. Todo mi apoyo al Ejecutivo ha sido a través de la Comisión [Wagner].

Por eso pregunto específicamente: ¿ha sido consultado en tiempos recientes?
En general, cualquier persona que me consulta, sea funcionario público o privado, académicamente, yo la atiendo. Me han hecho consultas congresistas, (miembros del) Ejecutivo. Hoy he estado reunido con el viceministro de Justicia y con los miembros de la Comisión Wagner. Si me hace una consulta el presidente de la República, si me hace una consulta un ministro, lo voy a atender obviamente y gratis.

¿Eso ha pasado en los últimos meses con el presidente Vizcarra o con el primer ministro Del Solar?
Me he reunido con el primer ministro, sin duda. Es público, además: mi ingreso está en la página web.

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