María Alejandra Campos

Más allá del debate constitucional respecto a la disolución del Congreso, lo cierto es que el día a día del país ha entrado en un cauce de nueva normalidad. Solo la Comisión Permanente opera con las restricciones de la coyuntura y no existe un Poder Legislativo que restrinja el accionar del Ejecutivo.

Así, como decía el lema de la campaña presidencial por la que candidateó Martín Vizcarra a la vicepresidencia, parece ser que se acabó el recreo. Hasta el próximo año, cuando el nuevo Congreso entre en funciones, el Gobierno tiene la libertad de legislar vía decretos de urgencia sin sentir en la nuca el aliento obstruccionista del Parlamento.

En este escenario llaman la atención las respuestas del presidente a las preguntas que le hicimos en este Diario en la entrevista publicada el último domingo.

¿Qué va a hacer en su gobierno en estos cuatro meses?

Vamos a continuar nuestro esfuerzo por tener resultados en beneficio de la población.

¿Pero tiene algunas ideas puntuales sobre qué cosas le gustaría hacer?

En dos o tres semanas va a haber un planteamiento de en qué se va a fortalecer el accionar del Ejecutivo.

O sea, no hay un tema puntual que estaba siendo bloqueado por el Congreso y que ahora ya pueden sacar, sino que van a elaborar un plan…

Yo le aseguro que vamos a hacer un programa de acciones para que se note el impacto en beneficio de toda la población.

De esta conversación se puede colegir que el Gobierno –que lleva un año y medio en funciones– aún no cuenta con una hoja de ruta de lo que quiere hacer o que por lo menos no incluyó el qué pasaría al día siguiente en su discusión sobre la disolución del Congreso. Además del evidente problema que esto significa para el país, donde los asuntos urgentes no faltan, pone a Vizcarra en una situación sumamente vulnerable.

La campaña parlamentaria, por su naturaleza dispersa, posiblemente no capture la atención de la opinión pública –y por ende de los medios– hasta su recta final. Salvo el plano judicial que cubren algunos periodistas especializados, el resto de la prensa nacional no va a tener otra cosa que hacer que mirar al Gobierno, todo el día, todos los días. En los últimos dos años y medio esto ha pasado muy pocas veces porque siempre aparecía el Congreso tirándole un golpe por debajo del cinturón al Ejecutivo e instantáneamente se rearmaba la bronca que acaparaba todos los reflectores.

¿Qué pasó en los breves períodos en los que el pleito cesaba? La popularidad del presidente caía a ritmo acelerado. Por ejemplo, después del anuncio de adelanto de elecciones de 28 de julio y antes de la disolución del Congreso, la aprobación de Vizcarra pasó de 57% el 2 de agosto a 48% en la quincena de setiembre. Es decir, 9 puntos en un mes y medio. De hecho, en los 18 meses en los que El Comercio e Ipsos han medido su gestión, la aprobación presidencial ha caído en 11 ocasiones. Siempre que ha subido ha sido gracias a un capítulo de confrontación con el Legislativo.

¿Logrará Vizcarra acabar su gobierno con capital político suficiente como para tentar el sillón presidencial en el 2026 o seguirá la senda del desprestigio que transitaron sus predecesores?