Ingenieros, procesados disciplinariamente y concursantes insistentes: ¿Quiénes son los candidatos a la ONPE declarados aptos por la JNJ?

El concurso (Convocatoria 001-2026-SN/JNJ) se realiza tras la renuncia de Piero Corvetto como jefe de la ONPE, tras las denuncias e investigaciones (penales y disciplinarias) que se abrieron en su contra por las presuntas irregularidades en la contratación de logística para el despliegue del material electoral para las Elecciones Generales 2026.

Al término de la evaluación de conocimientos, la JNJ publicará los resultados ese mismo día y continuará filtrando a los postulantes.

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Así, el 22 de mayo se seguirá con la evaluación curricular, los que queden pasarán a la Evaluación del Plan de Trabajo y finalmente seguirán a la entrevista personal.

De acuerdo al comunicado emitido por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), los siete postulantes declarados “aptos” luego de la primera etapa son: Ernesto Aranda, Augusto Bernuy, Raúl Caro, Carlos Loyola, Hialmer Ordinola, Amparo Ortega y José Pérez Duharte.

Uno de ellos podría ser elegido como el próximo jefe de ONPE, el mismo que se conocerá el 2 de julio próximo, de acuerdo al cronograma de la JNJ.

Es ingeniero electrónico con maestría en Gestión Pública. Fue jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado y Director de la Dirección del SEACE y Director de Certificación y Servicios Digitales del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil-RENIEC.

También fue Director Ejecutivo del Programa EJE no penal del Banco Mundial, Consultor del Banco Interamericano de desarrollo BID en aspectos normativos relativos a: Identidad Digital, Gobierno electrónico seguro y acreditación.

De acuerdo con el Sistema de Proveedores del Estado, Aranda Vergara presta servicios desde el 2016 hasta febrero del 2026, por más de S/500 mil. Entre las entidades para las que prestó servicios se encuentran la Contraloría General de la República, Ministerio de Salud, Superintendencia Nacional de Migraciones, Sunat, Poder Judicial, Ministerio de Justicia, Banco de la Nación y Reniec.

A través de Keeper Tech S.A, donde figuraba con el 99% de las acciones, también prestó servicios para la Municipalidad de Jesús María en 2016 y 2018 por S/7,588.

Es Ingeniero de sistemas con maestría en Administración de Empresas y doctorado en Gobierno y Política Pública. Además, es investigador de Concytec.

Es director del Instituto de Investigación FIA y coordinador de los Proyectos Educativos para personas con discapacidad de la Universidad San Martín. Presidente del Consejo Directivo del Centro Nacional de Innovación y Transferencia Tecnológica-CENITTEC.

Fue financiado con proyectos de investigación para el Uso y Desarrollo de Software Libre en la UNI – (2001-2004) y la Creación de un software basado en gestión del conocimiento para diseñar perfiles de salud poblacional en base a sistemas geo-referenciados, Fundación MAPFRE de España (2012).

Participó en el Concurso Público para la Selección y Nombramiento de El/La Jefe(A) del Registro Nacional De Identificación Y Estado Civil – Reniec (CONV-001-2020-SN-JNJ).

Sin embargo, no logró convencer a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia que lo evaluaron en ese momento. Obtuvo 74.50 puntos.

Según el registro, si bien mostró amplia experiencia profesional, no “convenció” como “gestor para la labor institucional” y sus propuestas tampoco tuvieron la recepción esperada.

“Muestra poco interés en involucrarse en temas de integridad”, y “Su trayectoria profesional tiene una valía plausible pero no suficiente para las exigencias del alto cargo”, fueron algunas de las conclusiones.

De acuerdo al Sistema de Proveedores del Estado, obtuvo órdenes de servicio en entidades como la Universidad de Ingeniería, Ministerio del Ambiente, Universidad de Moquegua, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, entre otros, por más de S/80,000, entre 2008 y 2025.

Economista con maestría en administración. De acuerdo con registros del Ministerio de Economía, fue gerente de operaciones en Gestión Corporativa de TIC.

Según el Sistema de Proveedores del Estado, el 18 de febrero del 2026 se registró como proveedor del Estado a través de la empresa Mercado Mype Peru S.A.C, con el 50% de las acciones.

La empresa, hasta el momento, no ha realizado ningún servicio para el Estado de acuerdo al mismo registro.

Es Ingeniero industrial y magíster en Administración con doctorado en Gobierno y Política Pública. Se desempeñó como Gerente de Modernización y Planeamiento de la Contraloría General de la República.

Además, fue Director General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Cultura, Jefe Zonal Adjunto Administrativo en la SUNARP, Jefe de Planeamiento y Presupuesto de la Derrama Magisterial, Asesor de la Dirección Ejecutiva en AGRORURAL, Secretario General y Gerente de Planificación y Presupuesto en el RENIEC, Gerente d e la Oficina General d e Planificación y Desarrollo Electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), pasando también por el PRONAA, INRENA, INDECI y el Ministerio de Salud.

Publicó artículos de investigación como “La Planificación Electoral: Elemento clave para el éxito del desarrollo de procesos electorales” en la Revista Elecciones de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe-2006), entre otros.

Fue postulante en el Concurso Público para la Selección y Nombramiento de El/La Jefe(A) del Registro Nacional De Identificación Y Estado Civil – Reniec (CONV-001-2020-SN-JNJ) obteniendo 82.16 puntos. Sin embargo no logró la elección tras las entrevistas personales.

“Manifiesta logros en las gestiones a su cargo. Pese a ello, hay puntos de atención de orden administrativo que, sin ser definitivos, deben ser esclarecidos en el ámbito correspondiente”, se indicó en su evaluación en ese momento.

De otro lado, de acuerdo a los registros de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) el postulante Loyola Escajadillo presenta hasta tres procesos seguidos en dicha entidad.

De acuerdo a la Resolución Directoral Nº 058-2011-MIMDES-PRONAA/DE del 3 de febrero del 2011, el ahora postulante fue sancionado por la Dirección Ejecutiva del PRONAA a través de una “sanción disciplinaria de amonestación escrita”, por la infracción de las normas tipificada en el inciso a) del artículo 109º del Reglamento de la entidad. Esto fue “Incumplimiento de órdenes, instrucciones o directivas”.

Sin embargo, tras la apelación de Loyola Escajadillo la Segunda Sala de Servir vía Resolución N ° 00232-2013-SERVIR/TSC-Segunda Sala revocó la resolución que lo sancionó, al determinar que desde que se dio cuenta de la inconducta funcional (15 de setiembre del 2010) a la imposición de la sanción (3 de febrero del 2011) el empleador no realizó mayores acciones, durante cuatro meses, después de recibir los descargos del procesado.

Por tanto, el tribunal consideró que la “inacción de la entidad empleadora” para imponer una sanción durante tan dilatado lapso “puede ser válidamente atribuida a su decisión de condonar la falta cometida y conservar vigente e inalterado el vínculo laboral” que mantenía con el impugnante.

En el 2019, Servir procesó nuevamente en un caso vinculado a Loyola Escajadillo; esta vez, cuando laboraba para el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC).

De acuerdo a los documentos, el exfuncionario había presentado su carta de renuncia a Reniec el 14 y 16 agosto del 2019; sin embargo el 19 de ese mismo mes presentó un escrito retirando su renuncia.

Pese a ello, Reniec aceptó la renuncia vía Resolución Jefatural Nº 118-2019/JNAC/RENIEC del 19 de agosto del 2019. Pese a que el exfuncionario solicitó la nulidad de dicha resolución, alegando que había renunciado porque el Jefe Nacional de la Entidad le ofreció que ocupara el cargo de Secretario General, pero al cambiar de decisión dicho funcionario, el motivo de su renuncia había desaparecido, pero fue rechazado.

Ante ello, elevó al caso en apelación hasta Servir, pero la Primera Sala vía la Resolución Nº 002796-2019-SERVIR/TSC-Primera Sala, determinó que la renuncia presentada por Loyola Escajadillo, desde su presentación, producía plenos efectos. Por tanto, si luego el servidor desistía de la renuncia que formuló, era un acto potestativo del empleador aceptar aquel desistimiento. De allí que la apelación fue declarada infundada en diciembre del 2019.

Loyola Escajadillo volvió a Reniec en el cargo de Gerente de Planificación y Presupuesto, y en mayo del 2022 se le impuso la “sanción de suspensión por cinco (5) días sin goce de remuneraciones”, vía la Resolución Gerencial Nº 000103-2022/OPH/RENIEC.

Ello, por “falta de diligencia” al emitir autorización para otorgar fondos para la adquisición de pasajes aéreos, viáticos y adquisición de trofeos, para el evento denominado “XIX Olimpiada Nacional RENIEC – Arequipa 2019”, sin considerar que dicha actividad no se encontraba orientada al cumplimiento de las metas de Objetivos Estratégicos Institucionales y Acciones Estratégicas Institucionales definidas en el Plan Operativo Institucional (POI).

Similar situación ocurrió por el “Otorgamiento de beneficios a través de sorteos de útiles escolares a los trabajadores durante el 2019”. Por ello, mediante Resolución de Oficina Nº000029-2022/OPH/RENIEC del 3 de junio de 2022, la Jefatura de la Oficina de Potencial Humano de la Entidad resolvió imponer al impugnante la sanción de suspensión sin goce de remuneraciones por quince (15) días.

Sin embargo, ambas sanciones fueron anuladas a través de sendas resoluciones de las salas de Servir. De acuerdo a ambos tribunales, Reniec no motivó adecuadamente las razones fácticas y jurídicas que sustentarían que el beneficio del “Sorteo de Útiles Escolares 2019”, se encontraría inmerso en alguno de los supuestos de prohibición presupuestaria, en un caso. Y en el segundo, no tipificó adecuadamente los hechos.

Ingeniero industrial con maestría en Gestión de Operaciones y Gestión Pública. Desde abril se desempeña como director de la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad (Electrosur), a propuesta del Ministerio de Energía y Minas (Acuerdo de Directorio N°001-2026/011-Fonafe).

Fue gerente general de la Superintendencia Nacional de Migraciones, candidato a vocal del Capítulo de Ingeniería Industrial, Sistemas y Transportes; además de Jefe de la Unidad de Logística de la Oficina de Administración del Instituto Peruano de Energía Nuclear.

De acuerdo al Sistema de Proveedores del Estado obtuvo órdenes de servicio desde el 2016 al 2018, por aproximadamente S/113,400.

Ingeniera de sistemas con maestría en Sistemas y doctora en Administración. Fue Directora General de la Oficina de Tecnologías de la Información de la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

También ocupó el cargo de Líder del Gobierno y Transformación Digital de la Contraloría General de la República, así como Gerente de la Gerencia de Tecnologías de la Información de la misma entidad y Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Superintendencia Nacional de Migraciones del Perú.

Bajo la modalidad de servicios al Estado, de acuerdo al Sistema de Proveedores del Estado, obtuvo cerca de S/7,000.

Abogado con doctorado dentro del Programa de Gobierno y Administración Pública (grado de doctor). Actualmente se desempeña como Director de la Oficina General de Cooperación y Relaciones Internacionales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Fue Director de la Escuela Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, Director de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, miembro de la Misión de Acompañamiento para las Elecciones Nacionales para la Corte Electoral de la República de Uruguay, Observador internacional para las elecciones locales en Colombia para la Unión Interamericana de Organismos Electorales-Unicore, entre otros.

Su tesis doctoral “El impacto de la administración electoral en la democracia latinoamericana”, fue convertida en libro publicado en el año 2014 por el Instituto Electoral del Estado de México.

Pérez Duharte no es nuevo en tentar cargos públicos cuya convocatoria está a cargo de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

En el 2020 postuló para la elección del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) donde terminó siendo elegido Piero Corvetto Salinas, quien renunció al cargo tras el escándalo de la contratación de proveedores para las recientes Elecciones Generales del 2026.

Durante dicho proceso obtuvo 91.00 puntos en la evaluación de conocimientos por debajo de Corveto Salinas que obtuvo 93.50. En la evaluación curricular obtuvo 89 puntos sobre los 77.5 de Corvetto.

El funcionario no logró superar la evaluación personal que era la última etapa donde se le preguntó por las denuncias que se presentaron a su candidatura por los cargos consignados en su hoja de vida. En su momento, Pérez aseguró que sus los cargos que asumió fueron acreditados ante la JNJ.

Sin embargo, de acuerdo a su evaluación, “en cuanto a los cuestionamientos públicos sus explicaciones no generaron convicción”. También destacaron que, pese a mostrar una amplia trayectoria no tuvo la oportunidad de laborar en ONPE.

“Es un profesional, por su gran capacidad de reflexión y mesura, idóneo para puestos consultivos y no tanto de gestión y ejecución que son condiciones especiales y claves para una entidad tan intensa y ágil como es la ONPE”, señalaron en otras conclusiones.

Sin embargo, Pérez Duharte siguió tentado un cargo por concurso ante la JNJ. Es así que en el 2021 se presentó para la CONVOCATORIA 001-2021-SN/JNJ- Concurso Público para la Selección y Nombramiento de El/La Jefe(A) de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial.

En ese momento, el ahora candidato a jefe de la ONPE no pasó el primer filtro del concurso ya que la JNJ lo declaró “no apto” al establecer que “no acredita experiencia profesional como abogado por un periodo no menor a quince años”.

En abril de este año, tras la renuncia de Piero Corvetto como jefe de la ONPE, se especuló que la JNJ nombraría a Pérez Duharte para ocupar dicho cargo de manera interina y que incluso la presidenta de la entidad, María Teresa Cabrera, se habría reunido con el ahora postulante.

Sin embargo, a través de un comunicado, la JNJ rechazó dichas versiones y rechazó cualquier acercamiento con Pérez Duharte y también negó que este sea considerado accesitario para ocupar el cargo de jefe de ONPE.