Seguridad ciudadana y reformas para el nuevo quinquenio: cuatro virtuales congresistas en “Desde la Cúpula”

El eje principal de nuestra campaña, y que se va a traducir en la agenda legislativa, es devolver a nuestro país el orden. El orden no solamente significa el fortalecer la lucha contra la criminalidad, sino también las grandes reformas que se tienen que hacer como, por ejemplo, del sistema de justicia. Esta es una gran oportunidad para que podamos ponernos de acuerdo y tener por fin esa reforma del sistema de justicia, que contribuye evidentemente a la lucha contra la criminalidad. No es posible que tengamos, por ejemplo, 47% de internos procesados a la espera de una sentencia. Eso está contribuyendo a que haya una sensación de impunidad y un sistema de justicia que no está funcionando. Una de las grandes tareas para recuperar el orden es esa reforma, acompañado al fortalecimiento de la PNP y las FF.AA. Otro tema importante es la reactivación económica. Con la Constitución de 1993, tenemos la posibilidad de tener un país que, a los ojos del mundo, tiene estabilidad macroeconómica, una moneda fuerte, un presidente del BCR que, por supuesto, debe seguir en funciones. Pero tenemos que ir más allá, el país puede dar mucho más. Debemos de tener cifras mejores, destrabar grandes proyectos que realmente puedan darle al Perú ese desarrollo y esa posibilidad de ser realmente lo grande que fuimos.

Seguridad ciudadana, salud y educación. En el tema de seguridad ciudadana, estamos involucrando el fomento de la inversión privada, porque la inversión privada no llega si no hay seguridad. No puedo dejar de mencionar que la seguridad y la estabilidad política van de la mano; la estabilidad política es fundamental. Otro tema es un satélite de telecomunicaciones para poder conectar a la Amazonía y poder hacer factible una salud integral y se pueda proveer la historia clínica electrónica interoperable. No importa si me pasó algo en Iquitos y mi historia está en Cusco. Es fundamental para integrar a todo el país. En salud, queremos que se reduzcan las enfermedades que pueden prevenirse; la anemia está azotando a la infancia y es una emergencia nacional que hay que atender. En lo que respecta a educación, la SUNEDU tiene que ser recompuesta; no es posible que sea juez y parte, donde el directorio esté conformado por gente que tienen universidades o que tienen intereses directos en la evaluación. El rol de la ciencia y la tecnología en el Perú debe tener ya un salto distinto, un salto tecnológico que necesitamos a gritos para elevar la productividad de nuestro país y dar mejores condiciones de vida a la población.

El Parlamento debe ser el espacio para la construcción de políticas públicas y normas basadas en evidencia y en las principales urgencias del país. Independientemente de la posición política o de los planes de gobierno de cada uno, se tiene que priorizar qué es lo urgente. Y es el tema de seguridad. Sin seguridad no vamos a ningún lado. Y tiene que ver no sólo con la delincuencia, que está extorsionando y matando, sino con niveles de corrupción que lamentablemente se han enquistado en el propio aparato del Estado. Es un tema prioritario. Si no rompemos esa cadena de desarrollo podemos terminar siendo un país inviable. El segundo tema es salud. Nuestro sistema está basado en atención de la enfermedad; y ese es el último eslabón de la cadena. No nos hemos preocupado de garantizar que la gente esté sana. Yo vengo denunciando los niveles de agroquímicos que estamos consumiendo todos los días que hacen que los productos no sean aptos para el consumo humano. En las intervenciones que hemos hecho desde el Monitoreo Ciudadano a supermercados, en algunos casos hasta el 50% de los alimentos encontrados con altísimos niveles de agroquímicos que la ley los considera no aptos para el consumo humano, con sustancias además que están prohibidas en el Perú. ¿Qué estamos haciendo para resolver eso? A nadie le importó; esa es una prioridad.

A título personal, coincido con que las prioridades son el fortalecimiento de la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado por un lado y, por otro, la reforma del sistema de justicia; van de la mano. En ese sentido, para fortalecer a la PNP, yo promovería un proyecto de ley que le dé seguridad jurídica a sus miembros. Hemos visto varios casos: se enfrentan a delincuentes, el delincuente termina muerto y quienes terminan procesados, en la cárcel y con la carrera frustrada son los policías. Esto es incorrecto. Muchas veces el policía no se enfrenta a delincuentes no por el miedo a delincuentes, sino por miedo al sistema de justicia por el que puede terminar preso. Por otro lado, hay que reconocer que hay una grave crisis de corrupción dentro de la policía; algo que ayudaría es un proyecto de uso obligatorio de ‘bodycams’ (cámaras de cuerpo) las 24 horas de servicio. Pero de nada sirve tener la mejor policía del mundo si el sistema de justicia sigue tal cual está. Promovería algunas reformas en el Ministerio Público y el Poder Judicial. Una de ellas es regresar al tema de jueces y fiscales sin rostro. Muchas veces los fiscales no investigan ni los jueces administran justicia. ¿Por qué? Porque el delincuente le envía fotos de sus hijos, de su esposa y les dicen: voy a atentar contra ellos. Por otro lado, vamos a respaldar el proyecto de ley de la Dra. Gladys Echaíz para establecer la escuela nacional de la magistratura, para que los mejores graduados de derecho ingresen a la carrera fiscal y judicial; no como es actualmente, que los mejores prefieren ir al sector privado. 

Fundamentalmente dos: el restaurar la soberanía popular en materia constitucional y, la segunda, referida al equilibrio de poderes. Pensamos que tendría que haber una renovación parcial de las cámaras mediante elecciones de medio término, de tal manera que cada dos años y medio el pueblo, como soberano, pueda decidir y controlar aquellas representaciones congresales que no han tenido un comportamiento acorde con lo que se ha ofrecido. La otra es el tema de la regulación de la vacancia presidencial; hay que incluir graves violaciones de derechos humanos y graves casos de corrupción. Y lo que sería adelanto de elecciones generales por crisis políticas graves y restablecer a plenitud el derecho de referéndum ciudadano para la reforma constitucional que ahora está tan limitado por una ley que ha supeditado el referéndum a la aprobación del Congreso. Regular mejor la cuestión de confianza. Y algo que es bien interesante para estos momentos y que no vuelva a suceder lo que estamos pasando: redefinir los alcances de la segunda vuelta presidencial. Que no sea por los dos de mayor votación, sino por los cuatro de mayor votación; es algo mucho más razonable. Y la elección del Congreso tendría que ser en la segunda vuelta, de tal manera que haya una solidez y estabilidad política más garantizada. Esas son ideas que queremos impulsar y que ojalá tengan un eco.

Hemos llegado a esta situación de 36 partidos disputando unas elecciones como producto de la desconfianza que tiene la gente en la política. Y eso nos ha puesto en un dilema de haber fraccionado a tal nivel el voto que la gente ha estado extremadamente confundida que ni siquiera podía saber cómo llenar la cédula de sufragio. Es un mensaje al país en el sentido de la necesidad de fortalecer los partidos políticos; hay muchos grupos que tenemos un pensamiento muy similar, es hora de hacer una reagrupación y no necesariamente hacer un partido, pero sí consensuar líneas comunes para dar una señal clara al país. Pero no solamente tenemos que hablar de las elecciones generales; se nos vienen elecciones municipales y regionales. El nivel de corrupción que existe es monstruoso. Estamos viendo que la política está siendo usada por gente para beneficiarse, para robarle plata al país: S/30 mil millones cada año. Es un escándalo; tenemos que luchar frente a eso. Tenemos que asegurar mecanismos de fiscalización que no vayan digamos solo a la capa superficial, sino trabajar con otras herramientas y otras instancias. Es reto vamos a tenerlo ahí en el Parlamento, en el diseño de políticas y estrategias para enfrentar esa situación.

La reforma más importante de los últimos tiempos ha sido la reforma del regreso a la bicameralidad y la reelección de las autoridades. Creemos que este nuevo sistema que se está estableciendo tiene que consolidarse. Va a haber, imagino, algún tipo de fricciones y a lo que nos va a llevar es a que haya altos consensos entre diputados y senadores. El otro tema fundamental es la reforma del sistema de partidos políticos. Después de una reforma del señor [Martín] Vizcarra, hemos concurrido 35 partidos. Esto no va a ocurrir más porque ya se ha hecho una modificación, por lo menos parcial, de esta reforma en el sentido de que no se pueden inscribir ya más partidos con sólo 23 mil militantes, como lo han estado haciendo ahora. Los partidos políticos tienen que tener vigencia en el tiempo, consolidarse no solamente en Lima sino también a nivel nacional; y toca especialmente a los partidos nuevos en este momento que entran o tienen por primera vez representación en el Congreso hacer un trabajo importantísimo de consolidación de sus bases a nivel nacional. Entonces hay que consolidar una reforma del sistema de partidos importante y, por supuesto, tengo que incidir también nuevamente en la reforma del sistema de justicia. 

Coincido con que la bicameralidad fue una reforma de mucha trascendencia para el país y es positiva porque va a incrementar los filtros de las leyes. Pero sí considero que en esta reforma hay un grave desequilibrio de poder entre la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. En ese sentido, plantearía iniciativas para, de alguna manera, equilibrar ambas cámaras. La primera, el mecanismo de insistencia para diputados. Actualmente el sistema está diseñado para que, si diputados aprueba un proyecto de ley, este va a la Cámara de Senadores que tiene capacidad de veto absoluto. Si rechazan la ley, se archiva y ahí queda. Yo propondría la insistencia: diputados aprueba, va a senadores. Si senadores rechaza la ley, esta regresa a diputados. Y si diputados logra aprobarla por insistencia, con dos tercios de la votación, la ley sigue su trámite regular, ya sin pasar por senadores. La Cámara de Diputados es la más representativa de la población; y eso permitiría restaurar el equilibrio. Por otro lado, no sé por qué no tienen iniciativa legislativa los senadores; se supone que son los más experimentados. ¿Por qué no pueden presentar directamente un proyecto de ley? Una tercera reforma es que para graves casos en los cuales los congresistas pueden cometer un presunto delito o actos que afecten gravemente la imagen del Congreso, la Mesa Directiva, sea de diputados o senadores, pueda proponer al pleno de su cámara una sanción inmediata a este parlamentario. Eso ayudaría a restaurar de alguna manera la imagen del Congreso.

La Constitución es clara: el Congreso no tiene iniciativa de gasto público. Pero esto ha sido ignorado sistemáticamente por los diferentes congresos. Lamentablemente, ha habido una sentencia del Tribunal Constitucional que ha dejado en entredicho este tema. Debe plantearse una demanda de inconstitucionalidad en algún momento por alguna de las leyes aprobadas con alto costo fiscal por parte del Congreso. Y el TC debe resolver de manera clara y tajante cuáles son los límites y las atribuciones que tiene el Congreso respecto a estas normas que implican gasto público, porque es una total irresponsabilidad. Igual que el tema de las universidades, se han creado como treinta o cuarenta universidades públicas sin ningún sustento presupuestario; se está engañando a las regiones. Son universidades fantasmas que probablemente nunca se implementen. ¿Y quién debe poner límites? A mí me parece que es el TC. En lo particular, en las leyes que se vean en el Congreso, yo voy a procurar repasar y ver que no sean leyes irresponsables que no tengan cómo financiarse a futuro. Porque realmente estamos empeñando el futuro de la población.

La Constitución es clarísima cuando señala que los congresistas no tienen iniciativa de gasto. Pero el Tribunal Constitucional hizo una interpretación diciendo está bien, no tienen para este periodo, sí para el siguiente. Abrió una puerta que realmente ha sido sumamente complicado poder cerrarla. Y nosotros hemos tenido, en muchos de los casos, iniciativas de conversar con los presidentes que hemos tenido a lo largo de este tiempo, para pedirles que planteen una acción de inconstitucionalidad a efectos que puedan parar este tema, inclusive yo he conversado con miembros del TC, y han señalado que ‘bueno, el Perú tiene una gran deuda social que hay que reconocer’. Y efectivamente, pero cada cosa tiene que ser planteada de acuerdo a las atribuciones y a las funciones de cada poder del Estado. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Aparte de este tipo de solicitudes al Ejecutivo, en el reglamento de la Cámara de Diputados -del cual soy autora- se ha establecido que no se admitirán proyectos que creen o aumenten gasto público. Este es un candado que hemos puesto para limitar estas iniciativas.

Como país tenemos que ser responsables con la economía y con el presupuesto. Y precisamente se llama Poder Ejecutivo porque es el que ejecuta. Presenta un proyecto de presupuesto para discutirlo y consensuarlo con el Poder Legislativo; y eso tiene que ser garantía de que los dineros disponibles y presupuestados para el país están destinados a tales y tales fines. Pero, obviamente, por la presión social que existe, pensiones y sueldos miserables, condiciones laborales inapropiadas, los congresistas se ven presionados por estos grupos que, con legitimidad, están reclamando y terminan presentando este tipo de proyectos e iniciativas para las que el Tribunal Constitucional ha dejado abierta una puerta. Lo que correspondía en todo caso era no aprobarlos, pero se han aprobado; y esto ha generado y está generando un impacto fiscal muy importante. Esto hay que corregirlo.

La postura del Partido del Buen Gobierno es que hay que respetar la Constitución. El artículo 79 es muy claro: no hay iniciativa de gasto; y la aprobación de proyectos con alto costo fiscal depende del financiamiento que tenga o no tenga el Estado. Lo demás es populismo barato. Así que debemos ser responsables con la distribución del presupuesto público, que ya tiene prioridades para las brechas sociales. Por ejemplo, la anemia es una prioridad, no se puede distraer lo que es el cumplimiento del presupuesto público que ya tiene sus prioridades. Tenemos que respetar la institucionalidad fiscal. El Consejo Fiscal es una institución que hay que respetar y sus informes técnicos tienen que ser obedecidos y bien comprendidos.