La sentencia del fiscal, la columna de Cecilia Valenzuela

“Los muertos aprietan”, dice uno de los soldados que sirvió en la base militar de Madre Mía junto a Ollanta Humala en 1992, y lo dice cuando recuerda la matanza en la que participó, por orden de su capitán, en la canchita de fútbol del poblado de Venenillo ese mismo año.

El domingo, el país entero escuchó dos nuevos testimonios contra el ‘Capitán Carlos’. “Cuarto poder” registró las versiones y las propaló después de que ambos testigos declararan ante la fiscalía.

¿Por qué Ollanta Humala no ha sido denunciado ni está detenido?, se preguntan incontables ciudadanos a través de las redes sociales. Por mucho menos, cualquier otro oficial sindicado estaría denunciado y preso, refieren los abogados que han conocido casos de violaciones a los derechos humanos a lo largo de la guerra contra el terrorismo en nuestro país.

Pero la verdadera pregunta es: ¿Por qué la fiscalía no se decide?

A inicios de abril, cuando el fiscal Juárez Atoche, que investiga las agendas de Nadine Heredia y los dineros ilegítimos de los que dispuso el nacionalismo, cumplió con todos los procedimientos legales para utilizar los audios que involucran a Humala en la compra de testigos del Caso Madre Mía, el caso debió reabrirse.

Sin embargo, han pasado dos meses y la Cuarta Fiscalía Supraprovincial de Terrorismo y Derechos Humanos, a cargo del fiscal Luis Valdivia Calderón, continúa evaluando los audios.

¿Acaso el problema es que el fiscal que archivó ese proceso en el 2009 es ahora el flamante jefe del gabinete de asesores del fiscal de la Nación? El 10 de abril último, el ex fiscal Víctor Cubas Villanueva fue designado para ese cargo; así consta en una resolución publicada el 7 de ese mismo mes en el diario oficial “El Peruano”, firmada por el propio Pablo Sánchez.

Al reabrir el primer caso que Humala enfrentó por su accionar en Madre Mía, el de las desapariciones de Natividad Ávila y Benigno Sullca, el mismo que derivó en un proceso contra el lugarteniente de Humala, Amílcar Gómez, por la compra de uno de los testigos claves en contra de su jefe, Cubas Villanueva queda por las patas de los caballos.

El 12 de febrero del 2009 el fiscal Víctor Cubas, a cargo entonces de la Primera Fiscalía Superior Penal Nacional, opinó que no había mérito para pasar a juicio oral contra Ollanta Humala por las desapariciones de Ávila y Sullca y solicitó que se archivara el caso.

En su dictamen, con evidente disgusto, el fiscal Cubas admite que Ávila y Sullca fueron secuestrados de su domicilio la noche del 17 de junio de 1992, para que nunca más nadie los volviera a ver; pero a la vez acude a diversos disfuerzos para insistir, en tres oportunidades, que “no puede emitir pronunciamiento respecto a la responsabilidad penal del procesado”.

El dictamen que salva a Humala en el 2009 es un dictamen en el que el fiscal parece el juez. En lugar de defender el derecho a la vida de los desaparecidos, el derecho de sus deudos a conocer la verdad de lo que les ocurrió, en lugar de insistir en que se investigue hasta el final, el fiscal Cubas se empeñó, hábilmente, en demostrar las aparentes contradicciones de la familia de las víctimas sin contemplar lo vulnerables que los volvía su condición de campesinos dedicados al cultivo de coca ilegal.

Además, resulta bochornosa la forma como un fiscal con la experiencia de Cubas Villanueva se queda satisfecho con la versión del entonces capitán Ollanta Humala y de los militares que declaran a su favor, como si nunca hubiera investigado violaciones a los derechos humanos en la zona de emergencia, como si desconociera las estrategias que se ejecutaron en esos años.

Resulta increíble que el mismo fiscal que denunció al grupo Colina, aunque nunca acusó a Vladimiro Montesinos, se quede feliz y tranquilo con la versión oficial.

Leyendo esa parte del dictamen, una tiene la sensación de que el poder que Humala ya ostentaba en ese momento, era el líder de la oposición que tenía la mayoría en el Congreso, se había comido el carácter y la independencia que una autoridad del Ministerio Público jamás debe perder.

El valor probatorio de los audios y los testimonios acusatorios presentados en diversos diarios y programas de televisión en las últimas semanas no solo son coherentes, coinciden y calzan en los métodos criminales que habría utilizado el ‘Capitán Carlos’ para enfrentar la subversión.

En las manos de Pablo Sánchez está la posibilidad de reivindicar el carácter de la fiscalía; si su entrañable amigo, Cubas Villanueva, se equivocó, el fiscal de la Nación está en la obligación de buscar una mejor asesoría.

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