¿Hacia una sexta ampliación?: Gobierno prevé presentar propuesta de Ley MAPE recién en noviembre, al límite del fin del Reinfo

En una serie de entrevistas recientes, Shinno, el primer ministro del sector en la era de Keiko Fujimori, no ha descartado la posibilidad de una nueva prórroga del Reinfo, un mecanismo cuestionado y que ha servido como manto de impunidad para la minería ilegal, tal como han advertido distintos especialistas. De materializarse, esta se convertiría en la sexta desde su creación, hace diez años, y más si se toman en cuenta los anteriores intentos de formalización de este sector.

El titular del Minem ha sido enfático en sostener que el modelo de formalización que se tiene en la actualidad “no sirve”, pues casi nadie se ha formalizado, y que, si se continúa así, no se tendrá ningún resultado hacia adelante. En sus palabras, “se le exige demasiado” a un minero a pequeña escala, prácticamente lo mismo que a la “gran minería”.

“Queremos trabajar en una nueva Ley MAPE que establezca un nuevo proceso de formalización y que sea más simplificado. No podemos exigirles tantas cosas a ellos porque no es necesario”, dijo Shinno en una entrevista con El Comercio, el viernes 21 de agosto.

Entre los planteamientos esbozados por Shinno está apostar por “requisitos ad hoc” para este sector. Mencionó, por ejemplo, la creación de “unas plantillas”, con compromisos vinculados, entre otros aspectos, a la afectación al medio ambiente y a los insumos a emplear. En sus palabras, “casi una declaración jurada”. Todo para que el proceso de formalización pueda avanzar rápidamente.

En ese contexto, el ministro anunció que se viene trabajando en una nueva propuesta de Ley MAPE, con estándares específicos para este sector. También señaló que se está dialogando con varias federaciones mineras y estimó que esperan poder presentar la fórmula legal al Congreso en noviembre, según indicó a Exitosa.

En esa línea, el titular del Minem no descartó una posible ampliación de la vigencia del Reinfo. Al respecto, apuntó que “no es que se amplíe el 100% a todos, sino a aquellos que tienen avanzado su proceso de formalización”, expresó en Canal N. Según indicó, en la actualidad son más de 25.000 los instrumentos ambientales que siguen pendientes de resolución; en la práctica, expedientes que a la espera de ser revisados.

Una fórmula ya repetida

Lo cierto es que el proceso de formalización arrastra una larga historia de prórrogas, en la que tanto el Ejecutivo como el Congreso han tenido un papel clave. Todo ello, en medio de una fiebre por el oro alentada por el fuerte incremento de su precio y de presiones, e incluso amenazas, de los gremios vinculados a la minería informal, que han ido ganando cada vez más poder.

El Reinfo fue creado en diciembre de 2016 mediante el Decreto Legislativo N.° 1293, durante el gobierno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, con una vigencia de 36 meses. En octubre de 2019, mediante la Ley N.° 31007, el Congreso extendió ese plazo hasta el 31 de diciembre de 2021 y reabrió las inscripciones para permitir nuevas incorporaciones al registro.

El plazo volvió a ampliarse en diciembre de 2021, mediante la Ley N.° 31388, esta vez hasta el 31 de diciembre de 2024. Poco antes de su vencimiento, se aprobó una nueva ampliación a través de la Ley N.° 32213.

Esta última extendió el plazo hasta el 30 de junio de 2025, pero también dejó abierta la posibilidad de una nueva prórroga “por una única vez por seis meses adicionales” por disposición del Ejecutivo. Como era previsible, el entonces gobierno de Dina Boluarte hizo uso de esa facultad y extendió el plazo hasta el 31 de diciembre de 2025.

Cuando ese nuevo plazo estaba por vencer, y pese a que la anterior ampliación había sido presentada como excepcional, el Congreso aprobó una nueva prórroga hasta el 31 de diciembre de este año, en medio de presiones y amenazas de los mineros informales. La norma fue promulgada sin observaciones por el Ejecutivo, entonces encabezado por José Jerí.

Durante la campaña, el candidato presidencial Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, se mostró abiertamente a favor de este sector e incluso suscribió un compromiso con mineros informales en Chala, Arequipa. Su posición, sin embargo, no era nueva. Desde su cargo de congresista ya había mantenido una agenda cercana a las demandas de este sector.

Por su parte, Keiko Fujimori, de Fuerza Popular y quien finalmente llegó a la Presidencia, señaló que aspiraba a que el Reinfo “pueda ser eliminado” en una eventual administración suya y que el nuevo Congreso pudiera aprobar una nueva Ley MAPE, según señaló en una entrevista con El Comercio. Dos posturas que ahora deben hacer frente a una misma realidad: una prórroga próxima a vencer.

En el caso del primer bloque, Yenifer Paredes Navarro, cuñada del expresidente Pedro Castillo y diputada de Juntos por el Perú, es quien logró hacerse de la presidencia de la Comisión de Energía y Minas en la Cámara de Diputados. Será, para efectos prácticos, la primera instancia que deberá analizar, debatir y dictaminar una eventual propuesta de Ley MAPE del Ejecutivo. Además, como ha revelado El Comercio, al menos tres diputados que integran la comisión tienen antecedentes y vínculos con la minería informal.

Por el lado del Ejecutivo, una de las primeras acciones de su nuevo titular del Minem ha sido abrir las puertas del ministerio y sentarse en una mesa con representantes de la Confemin, el principal gremio de mineros informales.

Como pudo corroborar El Comercio, el encuentro ocurrió el pasado 18 de agosto. Según el registro de visitas del Minem, al menos 17 personas vinculadas a la Confemin, entre ellas su presidente, Máximo Franco Bequer, ingresaron al ministerio para sostener un encuentro con Shinno que se prolongó por más de una hora.

Las dudas sobre la fórmula

A opinión de César Ipenza, abogado especializado en derecho ambiental, esta situación ya se ha convertido en “una constante” y lo que se busca ahora desde el Ejecutivo es “dorar la píldora”, es decir, maquillar la situación, cuando el proceso de formalización ya lleva más de 20 años y una ampliación supone “seguir perpetuando esa situación de impunidad” que, remarcó, “no es conveniente para nadie”.

“Todos los ciudadanos tenemos la obligación de cumplir con el Estado, y cumplir con el Estado es cumplir con las exigencias. Esto es simplemente seguir perpetuando esta situación de limbo que afecta los intereses de todos los peruanos, en beneficio de un sector en particular”, comentó Ipenza a propósito de los beneficios del Reinfo, como la exención de responsabilidad penal.

Según indicó, el Minem es un sector netamente técnico, por lo que, si el Ejecutivo va a presentar una iniciativa, puede hacerlo sin necesidad de impulsar mesas o diálogos. Además, ya se han efectuado diversas mesas técnicas. En todo caso, consideró que el Congreso es el espacio para su discusión y evaluación. Desde su perspectiva, noviembre se trata de un plazo excesivo. “Eso de plantearlo como un proceso tan largo y cercano al vencimiento del plazo, nos alerta que van a terminar ampliando”, cuestionó.

Para Karina Garay, exfiscal especializada en delitos medioambientales, no es tan acertado el diagnóstico del titular del Minem, pues se tiene que medir “qué tan gravosa en términos de afectación es la minería”. Además, sostuvo que no se puede dar por sentada la aprobación de una actividad que genera un alto impacto en el medio ambiente y los recursos naturales.

Agregó que el simple hecho de que quienes están inscritos en el Reinfo ya puedan realizar actividad minera demuestra que existe todo un “proceso de flexibilización” para este sector. “El simple hecho que ellos con solo una simple inscripción ya puedan explotar o extraer el mineral e, incluso, no ser sancionados por ello demuestra que hay una flexibilización. Entonces, es imposible que se compare con los requisitos de una mediana o gran minería. Por lo contrario, hay mucha actividad de la pequeña minería que ya debería ser considerada como mediana”, agregó.

También sostuvo que se debe tener cuidado de que, por intentar acelerar procedimientos y recortar requisitos, se generen mayores impactos en el medio ambiente y en la salud de las personas. Por ello, consideró necesario fortalecer el proceso de fiscalización. “Lo correcto es de que esta Ley MAPE, sí, nos dé un proceso ordenado, pero un proceso que no sea la máscara para un proceso de impunidad”, acotó.

Por su parte, Iván Arenas, especialista en minería e hidrocarburos, consideró que la actual gestión “está comenzando desde cero”, pues las anteriores gestiones “no se ha dejado absolutamente nada”. Señaló que son 27 mil Reinfos que no han sido formalizados, una cifra que considera imposible de procesar y revisar antes del 31 de diciembre, cuando culmina el plazo. Atribuyó esta situación a “toda la incertidumbre política”, marcada por el paso de diversos presidentes y ministros.

“Este gobierno hereda todo lo que no han hecho los gobiernos anteriores. Entonces, hasta el 31 de diciembre, la promesa era que los casi 31.000 Reinfos tenían que formalizarse. No se han formalizado. Por eso el ministro dice vamos a tener que hacer una ampliación”, expresó.

Desde su perspectiva, a estas alturas “el problema ya no es ampliar o no el Reinfo, sino una depuración técnica de ese Reinfo”. En esa línea, consideró que este punto abrirá un nuevo frente, un nuevo cuello de botella, pues el ministro se ha mostrado favorable a una ampliación, pero solo para quienes han empezado el proceso de formalización. Esto podría generar cuestionamientos de grupos como la CONFEMIN, que buscan una ampliación del Reinfo “tal y como está”.

“Si se hace una depuración, podría quedarse con 4000 o 5000 Reinfos fácilmente; y en un año, se supone, podemos terminar el próximo año la formalización y podemos tener una Ley MAPE”, apuntó.

Pasos perdidos

Por lo pronto, la senadora de Ahora Nación, Ruth Luque, mostró su rechazo a la posibilidad de una nueva ampliación del Reinfo, pues ello significaría, remarcó, condenar a los pueblos indígenas que actualmente están siendo amenazados y prácticamente conviviendo con organizaciones criminales y economías ilegales, que sigan expuestos a una situación de alto riesgo y contaminación de los principales afluentes.

Según sostuvo, “esa posible ampliación debe ser rechazada”. También señaló que este no es un tema nuevo, sino que ha estado vigente durante los últimos años. Por ello, cuestionó que se pretenda sostener ahora que se efectuará un diagnóstico.

“El tema de la pequeña minería y minería ilegal no es un problema nuevo, ese es un tema que ha estado por todos estos años presente y el fujimorismo ha tenido a cargo las presidencias del Congreso de la República. Y hemos podido otorgarle al país una nueva Ley Mape que tenga por lo menos ejes fundamentales de responsabilidad ambiental, protección a las cuencas de los ríos, temas claros de remediación ambiental, y no se ha querido hacer”, dijo este miércoles en el podcast “Tenemos que Hablar” de El Comercio.

“Simplemente se ha querido acceder a las demandas de actores ilegales que quieren seguir manteniéndose en la informalidad para seguir tapando la ilegalidad que existe”, agregó.

En tanto, el diputado Luis Quispe Candia (Buen Gobierno) evitó pronunciarse sobre el tema y señaló que esperará una posición meditada y consensuada de su agrupación.