Gobernadores regionales electos suman más de 80 casos por presunta corrupción

En el 2023, un grupo de 25 nuevas autoridades asumirá los gobiernos regionales del país por los siguientes cuatro años. Si bien en nueve circunscripciones se llevará a cabo la segunda vuelta electoral –ninguna fórmula superó el 30% de votos válidos–, en otras 16 ya se cuenta con virtuales gobernadores.

De este último grupo, 13 gobiernos regionales serán encabezados por personas con procesos en trámite por presunta corrupción, según la Defensoría del Pueblo. Todos ellos acumulan 84 casos, 46 en etapa de investigación preliminar.

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Adicionalmente, nueve de los 18 candidatos al balotaje regional acumulan 40 procesos en curso por presunta corrupción. De estos, 26 están en etapa preliminar.

La defensoría, en el sexto “Mapa de la corrupción”, ha sistematizado la información relacionada a estos procesos para hacer un seguimiento a su evolución. Los datos reunidos advierten también que los futuros gobernadores regionales son procesados principalmente por presunta colusión (39%). Mientras tanto, la imputación de peculado abarca un mayor porcentaje (38%) entre los candidatos a segunda vuelta.

De la lista de virtuales gobernadores regionales, Wilfredo Oscorima Núñez (Ayacucho) y Luis Torres (Tacna) registran un alto número de casos: 23 y 11, respectivamente.

Torres cumple una orden de detención domiciliaria. Su abogado, Benji Espinoza, dijo el 22 de octubre a Radio Uno de Tacna que no es necesaria esta medida. “Se va a asegurar que va a comparecer en la investigación, va a colaborar con la administración de justicia. Si se mantiene, no solo es desproporcionada, sino que viene a afectar la presunción de inocencia en su contra”, declaró.

De otro lado, el pasado 26 de octubre, el Poder Judicial impuso a Oscorima comparecencia con reglas de conducta, impedimento de salida del país durante 12 meses y el pago de S/100 mil de caución.

En tanto, los candidatos Juan Chombo (Pasco) y Reynaldo Hilbck (Piura) acumulan ocho casos cada uno. Otros datos que han sido reunidos por la defensoría incluyen hechos presuntamente irregulares reportados por la Contraloría General de la República respecto a los virtuales gobernadores de Ayacucho, Ica, Junín, Loreto, Madre de Dios, San Martín, Tacna y Ucayali. Ellos estuvieron involucrados en informes de control en casos como: designaciones irregulares, uso indebido de bienes o recursos del Estado, irregularidades en la adquisición o distribución de bienes o servicios; e irregularidades en obras públicas.

Jorge Chávez Silvano, virtual gobernador de Loreto, dijo a El Comercio que una de las denuncias que hubo en su contra estaba basada en un informe de la Contraloría “por un proceso administrativo que hizo una persona. Servir ha tumbado el proceso administrativo. Otro de peculado no tengo. Eso fue hace más o menos dos meses, cuando Servir declaró nula la resolución de sanción emitida por el Gobierno Regional. [Sobre los casos de presunta colusión y malversación] que yo sepa no [tengo]”.

En tanto, el virtual gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, respondió a este Diario que “son cuatro personas las que se han dedicado a denunciar. […] Ninguna tiene sustento sobre actos de corrupción, porque hemos sido los primeros en luchar contra la corrupción. […] Estos casos que quedan están en investigación preliminar y seguirán el mismo curso de los otros casos que ya fueron archivados porque ninguno tiene sustento. […] En conclusión, son denuncias por responsabilidad de gestión. En mi gestión se solicitó a la Contraloría que auditen los estados financieros y la ejecución presupuestal”.

Luis Valdez, abogado de César Acuña, dijo que su defendido solo mantiene un proceso por presunto tráfico de influencias. “La defensoría debería manifestarse respecto a registros que deja abiertos la fiscalía, aún cuando han pasado a archivo algunas investigaciones. Dejarlas expuestas cuando fueron archivadas atentan contra los derechos de los ciudadanos”, agregó. También comentó que, en ocasiones, las autoridades están “expuestas a denuncias de todo tipo”.

Virtuales gobernadores que mantienen procesos

*Un caso puede tener más de un delito y un delito se puede registrar en más de un caso. Información proporcionada por la Defensoría del Pueblo.

**Según su defensa, solo se mantiene en curso el de presunto tráfico de influencias.

Candidatos a segunda vuelta para gobiernos regionales

*Un caso puede tener más de un delito y un delito se puede registrar en más de un caso. Información proporcionada por la Defensoría del Pueblo.

En las capitales de regiones también se han observado situaciones similares. Cuatro de los 25 virtuales alcaldes de estas jurisdicciones tienen 20 casos de presunta corrupción en trámite, de los cuales ocho están en la etapa de investigación preliminar.

De acuerdo con la defensoría, se trata de: Pedro Spadaro (Callao) con un caso por presunta negociación incompatible; Néstor Peña Sánchez (Abancay) con dos casos por presunto peculado; Carlos Reyes Roque (Ica) con dos casos por presunta negociación incompatible y colusión; y Gabriel Madrid Orué (Piura) con 15 casos por presunta colusión, negociación incompatible, concusión, peculado, cohecho y malversación.

Gabriel Madrid respondió a El Comercio que “todas [las denuncias en su contra] se han ido desvirtuando, quedan unas 10, pero en ninguna hay acusación. Todas, cuando se pidieron peritajes, se ha demostrado que son denuncias de carácter político. […] Nos hemos presentado a esclarecer los hechos. Las que quedan pendientes en cinco no he firmado ningún expediente. Por tanto, cinco se caerán. Las otras aún están haciendo declaraciones, vamos a salir limpios de todas. No tengo ninguna con sentencia”.

Mientras, Néstor Peña dijo a este Diario que “en ninguno de esos temas tengo participación directa, sobre todo pensando en que ha sido una cuestión que las autoridades que entran tienen una visión errónea de los que salimos. Seguro los procesos que vengan van a tener que dilucidarse sin problemas. No tengo inconveniente, no he tenido alguna participación en un hecho así, mi política no ha sido esa. Muchas de estas [denuncias] se han quedado en el tintero”.

Susana Silva, adjunta para la lucha contra la corrupción, transparencia y eficiencia del Estado, dijo a El Comercio que esta situación podría poner en riesgo los fondos públicos que las autoridades, a partir del 2023, deberán administrar. Hay también un peligro de continuidad y estabilidad en las administraciones regionales si se reciben alguna sentencia durante sus funciones.

“Lo que como Defensoría hacemos es promover, a partir de esta información, que la ciudadanía esté alerta. En esas jurisdicciones debería haber mayores reflectores en el desarrollo de la función que les corresponde a estos funcionarios”, comentó a este Diario.

Esta también es una alerta a futuro, agregó Silva. “En caso se confirmen [los procesos], los recursos del Estado están en riesgo. Además, eventualmente esos funcionarios, sean condenados o se dicte prisión preventiva, sin duda por más que existan mecanismos de reemplazo, igualmente esa situación va a constituir un tropiezo, una dificultad en la forma en que se va a desarrollar la gestión pública. Es una alerta”, comentó.

Para la adjunta en lucha contra la corrupción el principal reto es generar conciencia para evitar la tolerancia o “normalización de la corrupción” en diferentes sectores, tanto públicos como privados. “[…] Hay una mayoría en el país que termina tolerando este tipo de comportamiento”, dijo. Por ello, una forma de prevenir situaciones similares a futuro podría estar en la legislación electoral.

“[…] No solamente las sentencias deberían ser transparentadas por parte del mismo candidato, también los procesos. Sería saludable que exista esa obligatoriedad. No constituyen una culpabilidad, pero sí son alertas”, concluyó Silva.

El analista político Rober Villalva opinó que “lo más dramático [de esta situación] es que la población esté normalizando la corrupción y no la considere como un elemento importante”. Agregó que, en algunas regiones, se estaría tomando estos cargos públicos como un “botín”. “[…] Lo que está caracterizando a la política peruana, movimientos y partidos, es que se convierten en administradores de circunstancias pasajeras, donde los gobiernos los obtienen como botín de corrupción. Eso es preocupante”, dijo.