Estos son los hechos políticos más destacados de la semana

1) Proyecto de ley que propone eliminar la publicidad estatal genera disputas (19/11/2017)
La presentación de un proyecto de ley de Mauricio Mulder, que busca prohibir que las entidades públicas puedan contratar espacios publicitarios en medios de comunicación, fue criticada por Jorge del Castillo.

"El proyecto de Mauricio Mulder sobre publicidad estatal es antidemocrático. Todo ciudadano tiene derecho a informarse. Para ello se necesitan medios privados".

El vocero de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, se mostró de acuerdo parcialmente con el proyecto de ley, mientras que la primera ministra Mercedes Aráoz comentó que la propuesta de Mulder “es una mala idea”.

2) Comisión Permanente definió el lunes que la investigación contra Pablo Sánchez deberá realizarse en un plazo de 15 días. (20/11/2017)
El último lunes, la Comisión Permanente aprobó otorgar un periodo de quince días para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales realice su investigación contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, por las dos denuncias constitucionales que pesan en su contra.

Al respecto, Samuel Abad, quien asumió la defensa de Sánchez, señaló que “la Comisión Permanente actúa como mesa de partes” y le pidió al fujimorismo “entrar en razón” sobre una denuncia “riesgosa” para la democracia.

3) Ministerio Público allanó 12 inmuebles en Lima y Callao (22/11/2017)
Un equipo especial del Ministerio Público allanó doce inmuebles en Lima y Callao en el marco de las investigaciones realizadas por la fiscalía por los pagos efectuados por la empresa brasileña Odebrecht para hacerse con la licitación de obras públicas en el Perú.

El anuncio sobre las operaciones fue efectuado por la institución que encabeza Pablo Sánchez alrededor de las 7:30 p.m. del último martes. Se supo, además, que los allanamientos se realizaron en el Callao y en los distritos de Cercado de Lima, San Borja y Surco.

4) Se reveló que la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, estaba informada de los aportes de Odebrech para la campaña del No en la revocatoria (23/11/2017)
El Comercio reveló el pasado miércoles que el publicista brasileño Valdemir Garreta declaró ante la fiscalía peruana que recibió US$3 millones de las empresas Odebrecht y OAS para trabajar en la campaña contra la revocación de Susana Villarán.

El ex gerente municipal José Miguel Castro ha sido sindicado por ambos empresarios como el hombre que tuvo a su cargo la coordinación para fijar el citado monto.

Al respecto, la presidenta de la Comisión Lava Jato, Rosa Bartra, aseveró que la ex alcaldesa de Lima volverá a ser citada al mencionado grupo de trabajo, pero ahora como investigada. Antiguos allegados a la ex burgomaestre, como Augusto Rey y Marisa Glave, le exhortaron que aclare su situación.

5) Mariano González fue asesor legal de Odebrecht (23/11/2017)
El jueves se reveló que el ex ministro de Defensa suscribió un contrato de asesoría legal en febrero de 2016 con Odebrecht, por el que recibió S/77.777,77. Tras ello, el 27 de febrero de ese año, el ahora parlamentario andino aportó de S/69.000 a la campaña de Peruanos Por el Kambio.

El ex ministro González acudió a la fiscalía anticorrupción, que lo investiga. Al salir, aseguró que no cometió acto irregular en los aportes que entregó a la campaña presidencial de Pedro Pablo Kuczysnki (PPK).

"Estamos en un proceso (de investigación) reservado y tengo que rendir cuentas [...] Pero a los ciudadanos les puedo decir que no hay nada irregular en que yo, como cualquier ciudadano, cobre mis honorarios y después los deposite a la campaña", señaló.

6) Ministerio Público abre investigación a fiscal Hamilton Castro (24/11/2017)
La Oficina Descentralizada de Control Interno de Lima del Ministerio Público abrió una investigación preliminar contra el fiscal Hamilton Castro, jefe del Equipo Especial de Investigación del Caso Lava Jato. Ello a raíz de la denuncia interpuesta por la congresista Yeni Vilcatoma por la presunta comisión del delito de encubrimiento personal.

Según la denuncia de la congresista no agrupada, Hamilton Castro habría cometido el delito de encubrimiento personal por no haber abierto una investigación preliminar a las empresas consorciadas de la constructora brasileña Odebrecht, como Graña y Montero.