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El parlamentario Alejandro Muñante, portavoz de Renovación Popular, presentó una iniciativa que busca cambiar el reglamento del Congreso para modificar artículos sobre las sanciones disciplinarias contra legisladores, la pérdida del escaño parlamentario, el antejuicio político, la suspensión presidencial y la remoción de altos funcionarios.
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Se trata del proyecto de ley 10875/2024-CR, también suscrito por María Jáuregui, Diego Bazán, Jorge Zeballos, Patricia Chirinos y Esdras Medina. Todos ellos integrantes de su bancada.
En su propuesta plantea la modificación de los artículos 1, 6, 15-A, 16, 24, 37, 43, 46, 64, 68, 86, 89 y la incorporación de los artículos 78-A, 89-B y 93-A del reglamento del Congreso.
Especialistas consultados por El Comercio advirtieron que es peligroso el cambio propuesto en el artículo 15-A del reglamento del Congreso, que se refiere a la pérdida del escaño parlamentario sin reemplazo por un accesitario en casos de sentencia judicial firme por los delitos de tráfico ilícito de drogas, terrorismo, trata de personas y lavado de activos proveniente de estos ilícitos.
Muñante propone que esta sanción a la bancada parlamentaria solo se cumpla por un año y luego se nombre un accesitario que entre en reemplazo del congresista condenado.
En el proyecto de ley también se solicita que, en casos excepcionales, las sanciones por faltas éticas de los parlamentarios sean determinadas por la Mesa Directiva para su aprobación por el pleno.
Además, plantea flexibilizar los mecanismos para remover a altos funcionarios como el contralor general de la República, el defensor del Pueblo, los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, entre otros.
Otra modificación que llamó la atención de los especialistas es añadir el artículo 89-B, que busca establecer un procedimiento para el pedido de suspensión del ejercicio de la Presidencia de la República, por incapacidad física temporal o grave afectación al orden constitucional.
Propone que el pedido de suspensión se formule mediante moción de orden del día, firmada por no menos del quince por ciento del número legal de Congresistas y que tiene preferencia en el orden del día y debe ser vista antes que cualquier otra moción pendiente en la agenda. La copia de la solicitud se remite al presidente de la República.
Asimismo, detalla que el debate del pedido de suspensión se ajusta a los mismos plazos y formas para el procedimiento de vacancia presidencial y requiere la aprobación por mayoría absoluta del número legal de parlamentarios y consta en resolución del Congreso.
Dice, además, que la suspensión presidencial tendrá un plazo máximo de 36 meses (3 años) y, vencido ese lapso, el mandatario suspendido asume el ejercicio de sus funciones sin mayor trámite. Establece también que el presidente suspendido puede ser sometido a una vacancia presidencial y que no existe la ampliación de la suspensión por los mismos hechos.
Precisa que, en el caso de que la declaración de suspensión se origine en una incapacidad física temporal, el plazo de la suspensión se mantiene hasta que el presidente suspendido recupere su capacidad física o salud, o hasta que concluya el período para el que fue elegido.
Muñante explica en el texto que con este proyecto busca optimizar el funcionamiento del Congreso de la República.
Por ejemplo, en el caso del artículo 15-A, indica que “es necesario” hacer precisiones sobre la “pérdida del escaño”, pues el mismo devendría en “inconstitucional” de ser permanente debido a que las causales de pérdida de escaño no están establecidas en la Carta Magna.
“En ese sentido, a fin de salvar su constitucionalidad y que sea proporcional, se establece que la pérdida de escaño sea temporal y no permanente”, dice.
También resalta que es importante especificar que la Mesa Directiva puede proponer sanciones disciplinarias en casos de faltas muy graves y que no solo la Comisión de Ética está facultada para eso.
Asimismo, indica que es importante regular la suspensión por incapacidad temporal del presidente pues, pese a que la vacancia por incapacidad moral permanente ha sido determinada por el Tribunal Constitucional, no existe un pronunciamiento sobre los alcances de la incapacidad temporal, situación que debe ser completada por el legislador en primera opción, por lo que se propone que sea por incapacidad física temporal y por grave afectación al orden constitucional.
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Cuestionamientos
En diálogo con este Diario, el exoficial mayor del Congreso José Cevasco y los especialistas en temas parlamentarios Alejandro Rospigliosi y Martín Cabrera calificaron la propuesta de peligrosa y arriesgada.
Cevasco consideró que plantear la suspensión presidencial a través de una moción de orden del día generaría un “clima de inestabilidad” en el país.
Asimismo, criticó que se pretenda hacer cambios en el artículo 15-A porque desincentivaría a los partidos políticos a contar con filtros adecuados para la selección de candidatos.
“Actualmente, las agrupaciones intentan evitar llevar a personas con procesos judiciales por narcotráfico, lavado de activos, entre otros, por temor a que si los declaran culpables cuando lleguen al Congreso pierdan el escaño. Con lo que propone Muñante es que después del año lo recuperen. No creo que eso esté bien”, advirtió.
De otro lado, Cevasco consideró que se debería proponer la desaparición de la Comisión de Ética y que los casos sean vistos directamente por la Mesa Directiva para mayor celeridad. Bajo su lectura, este grupo de trabajo solo ha servido en los últimos años para blindar a parlamentarios que cometieron faltas graves al código de ética.
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Por su parte, Rospigliosi señaló que la suspensión temporal del presidente le parece un desarrollo peligroso porque en la historia constitucional siempre se ha usado la vacancia por incapacidad moral permanente.
“Es una figura que ya ha funcionado en el país porque requiere de una alta votación. Entrar a esta figura [de la suspensión], me parece muy peligroso y puede generar ingobernabilidad. Nunca se ha usado la suspensión presidencial en la historia constitucional permanente”, dijo.
Con respecto a la modificación sobre la pérdida del escaño, dijo que beneficia a aquella “agrupación negligente, que lleva un menú de candidatos no idóneos, que son sentenciados por tráfico de drogas, lavado de activos, etc.”.
“Actualmente, el castigo no solo es para el parlamentario que es retirado del cargo sino para el partido porque pierde un escaño. Con ese cambio no habría incentivo para ser rigurosos en la selección de candidatos”, indicó.
“Este artículo 15-A debería modificarse, pero para ampliar la cantidad de delitos que están ahí para que sean muchos más. Ese artículo hay que fortalecerlo, no debilitarlo”, puntualizó.
A su turno, Cabrera indicó que añadiendo el artículo de la suspensión pareciera que le están dando vida a la figura del impeachment que no existía porque, a la fecha, para llegar a ese objetivo solo hay un camino en el Congreso, que es la denuncia constitucional.
“Ahora, con esto están, prácticamente, creando un procedimiento AD HOC en el que están especificando las causales de la suspensión: incapacidad física temporal o grave afectación al orden constitucional. Señalan que el pedido de suspensión se pueda hacer con una moción de orden del día y con la firma de un grupo poco significativo de congresistas”, remarcó.
Cabrera opinó que se trata de una medida arriesgada, teniendo en cuenta que el Parlamento actual tiene un nivel de confianza muy inferior al de otras gestiones. De otro lado, indicó que se debe considerar que hay un sistema de partidos políticos y un Congreso sumamente atomizados. Además, que existen deficiencias en cuanto a la ética de los propios parlamentarios.
“Definitivamente es bastante arriesgado o peligroso porque nada nos puede asegurar que con un Parlamento de estas características pueda actuar diligentemente y con responsabilidad en un proceso como este”, apuntó.
Advirtió que se podría llegar al punto en el que a un presidente se le suspenda con una moción en la que no se desarrollen adecuadamente las razones y en un tiempo muy célere. Agregó que lo mismo podría ocurrir con la flexibilización del proceso para remover a altos funcionarios.
