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En suspenso el arresto de Alejandro Toledo por el Caso Ecoteva

Fiscalía sostiene que le faltan detalles para explicar la ruta del dinero entre las ‘offshores’ de Josef Maiman y la empresa Confiado International Corp

Alejandro Toledo

Alejandro Toledo tiene en curso otra orden de arresto provisorio con fines de extradición por el Caso Odebrecht. (Foto: Archivo El Comercio)

Alejandro Toledo tiene en curso otra orden de arresto provisorio con fines de extradición por el Caso Odebrecht. (Foto: Archivo El Comercio)

El juez Abel Concha Calla, titular del Juzgado Penal 16 de Lima, detuvo el trámite de arresto provisorio con fines de extradición por el Caso Ecoteva para el ex presidente Alejandro Toledo y su esposa, Eliane Karp, quienes se encuentran en Estados Unidos. Asimismo, elevó los cuadernillos del caso a la Cuarta Sala Penal de Reos Libres.

De acuerdo a documentos a los que tuvo acceso El Comercio, el juez sustentó esa decisión en el hecho que –mediante una serie de escritos– la fiscal de lavado de activos Manuela Villar señaló que no ha podido determinar la ruta del dinero ilegal que salió de las ‘offshores’ del empresario peruano-israelí Josef Maiman hacia la empresa Confiado International Corp., cuyo fin fueron las arcas de Ecoteva Consulting Group.

Esto ha quedado en evidencia en las resoluciones judiciales emitidas durante el proceso cuyo expediente principal fue enviado, días atrás, a un tribunal superior.

Pero ese no fue el único argumento. Villar también refiere que necesita cotejar una nota que meses atrás le entregó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Perú.

“Reiteramos que el despacho fiscal entiende que necesita un mayor detalle en relación al ingreso de dinero a la empresa Confiado International Corp., que pueda hallarse en la nota de inteligencia financiera espontánea 00109-2017-DAO-UIF-SBS que no estamos autorizados a presentar; sin embargo, solicitamos interponga sus buenos oficios para tales fines de ser necesario”, sostiene el documento enviado por Villar.

En esa nota de inteligencia, explicaron fuentes judiciales, se detalla de dónde provendría el dinero que llegó a las arcas de Confiado.

—Idas y vueltas—
Este escenario comenzó a fines de agosto, cuando el juez Concha, a través de una resolución de fecha 21 de agosto, dio cinco días de plazo a la fiscal para que subsanara observaciones y perfilara su teoría del caso.

Recién diez después, la fiscal Villar le respondió que mantenía la imputación contra Toledo basada en ocho delitos fuente. Sin embargo, hacía la salvedad de que en el Caso Odebrecht se habían incrementado las evidencias. Por tanto, no perfilaría su teoría, pues tenía la posibilidad de hacerlo “hasta en la etapa de acusación”.

El magistrado la emplazó a que aclarara en 48 horas esa posición, o si no remitiría hacia Estados Unidos el cuadernillo de detención con las deficiencias halladas.

Tras esta exhortación, el 5 de setiembre –a través de un escrito–, Villar presentó ante el despacho del juez Concha su teoría del caso perfilado, quedándose solo con la imputación del presunto soborno recibido por Toledo de Odebrecht, por la concesión de los tramos 2, 3 y 4 de la carretera Interoceánica.

En ese mismo escrito, la fiscal Villar ya sostenía que no podía explicar la ruta del dinero o la forma como el dinero presuntamente ilícito fue trasladado hacia Confiado International Corp.

Además, pedía al juez que intercediera ante la Unidad de Inteligencia Financiera para usar la referida nota de inteligencia.

Al día siguiente, es decir el 6 de setiembre, el juez emitió una resolución que daba por perfilada la teoría del caso y, entre otros, rechazó la solicitud para convocar a reunión por no ser su función. Empero, otorgó a la fiscal el plazo que estimara conveniente para reunirse con las instancias que necesitara a fin de recabar los medios de prueba para sustentar su nueva teoría del caso.

—Emplazamiento—
Las discrepancias entre juez y fiscalía continuaron una semana después. El 12 de setiembre, cuando Villar estaba de vacaciones, el fiscal adjunto Wilson Salazar Reque apeló la resolución que les otorgaba el plazo adicional y solicitó a la instancia superior que ordenara al juez Concha ejecutar la orden de arresto provisorio contra Toledo y otros.

En respuesta, el magistrado rechazó el recurso explicando que, contrariamente a lo solicitado por Salazar Reque, la fiscal Villar en una apelación que presentó el 5 de setiembre había pedido “de alguna manera más tiempo para levantar las observaciones”.

Además –respondió el juez en otro escrito– Villar pidió al juzgado que interceda ante la Unidad de Inteligencia Financiera para poder utilizar –como medio de prueba– la información contenida en la mencionada nota de inteligencia. Por esta razón, le otorgó más tiempo a la fiscalía para realizar este y otros trámites.

Días después, el 13 de setiembre, el juez Concha declaró “improcedente” el recurso de apelación del fiscal y exhortó al Ministerio Público a que actúe “en unidad de criterios” o se ponga de acuerdo y plantee una posición “coherente y uniforme”, respecto a sus pedidos de cooperación internacional.

El fiscal adjunto replicó presentando una queja excepcional alegando que no habían solicitado plazo extra, sino que solo estaban dando explicaciones adicionales sobre el caso.

Finalmente, en una resolución del 20 de setiembre el juez Concha declaró improcedente la queja excepcional y resolvió suspender la orden de arresto provisorio contra Alejandro Toledo y los otros procesados, “al no haber motivos para que los cuadernos de arresto provisorio con fines de extradición de Alejandro Toledo y otros se sigan tramitando”. El magistrado elevó los cuadernos de extradición a la sala penal superior, la que deberá resolver si ratifica o no su decisión.

Durante la semana, El Comercio trató de recoger la versión del coordinador de las fiscalías de lavado de activos, Rafael Vela, y de la fiscal Manuela Villar; sin embargo, no obtuvimos respuesta.

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