TC rechaza pedido de Pedro Castillo: ¿Cuál es la situación de los recursos contra la sentencia por el ‘Golpe de Estado’?

La Primera Fiscalía Suprema en lo Penal solicitó ante la Sala Suprema Penal Permanente de la Corte Suprema que se declare “inadmisible” los recursos de apelación del sentenciado expresidente Pedro Castillo, su ex jefa dej Gabinete, Betssy Chávez; y su exministro del Interior Willy Huerta, condenados a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión efectiva.

También solicitó que no se admita el recurso de apelación presentado por el exasesor del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, sentenciado a 6 años y 8 meses de prisión efectiva.

Todos ellos fueron condenados por el delito de “conspiración para la rebelión”, al ser hallados culpables de haber efectuado actos dolosos con miras a perpetrar una rebelión durante el Golpe de Estado encabezado por Castillo Terrones, el 7 de diciembre del 2022.

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Castillo Terrones, como se recuerda, fue detenido el mismo día de su atentado contra la democracia y cumple su condena hasta el 2034.

Chávez Chino se encuentra encuentra asilada en la residencia de la Embajada de México desde los primeros días de noviembre del 2025.

Mientras que Huerta Oliva y Torres Vásquez, aún no cumplen condena efectiva debido a que se les otorgó el beneficio de la ejecución suspendida hasta que la sentencia sea confirmada en segunda instancia.

De otro lado, la Primera Fiscalía Suprema presentó su apelación contra la decisión judicial que absolvió a Manuel Lozada (ex jefe de la región policial de Lima), Justo Venero (ex jefe de la Unidad de Servicios Especiales) y Eder Infanzón (comandante PNP en retiro).

La apelación también cuestiona la absolución de Castillo Terrones por los presuntos delitos de abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública.

De acuerdo a la sentencia, Pedro Castillo, Betssy Chávez, Aníbal Torres y Willy Huerta, acordaron atentar contra el orden constitucional y los poderes del Estado.

Ello, con la finalidad de contrarrestar la tercera moción de vacancia en contra de Castillo Terrones, y por ello realizaron actos de coordinación ilícita previo y durante el 7 de diciembre del 2022, día del Mensaje Presidencial donde se dispuso un Golpe de Estado.

“Los acusados hicieron parte de un acuerdo para atentar contra el orden constitucional y se organizaron para cumplir un rol a fin de materializar el contenido del mensaje a la Nación.”

Sala Penal Especial

Los sentenciados deberán presentar sus argumentos de apelación ante el tribunal supremo, a fin de que sean calificados.

En esta instancia, podrían ser declarados “bien concedidos” o “inadmisibles”.

Si los recursos son declarados “bien concedidos” por el tribunal supremo, este deberá señalar fecha para el informe oral de las partes y analizar el fondo de las sentencias emitidas.

Hasta el momento, la sentenciada y asilada Betssy Chávez ha presentado su apelación, de acuerdo a un documento judicial.

Chávez Chino permanece asilada, desde hace cuatro meses, en la residencia de la Embajada mexicana. A través de un recurso de habeas corpus busca ser beneficiada con una decisión judicial que obligue al Estado Peruano entregar el “salvocoducto” que le permita viajar hasta México.

El pasado 13 de marzo, el juzgado constitucional realizó la audiencia de informe oral a la que no se presentaron los procuradores del Poder Judicial, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la Presidencia del Consejo de Ministros y del Ministerio del Interior.

En tanto, a través de una resolución por mayoría, el Tribunal Constitucional (TC) rechazó el recurso de habeas corpus a favor de Pedro Castillo.

El vacado exmandatario cuestionaba la vulneración de los derechos al debido proceso y al juez natural y del principio de legalidad procesal penal, en el juicio seguido en su contra por el caso del “Golpe de Estado”.

La defensa de Castillo Torres cuestionaba la participación de jueces supremos provisionales como parte del tribunal de juzgamiento y que la acusación haya sido sustentada durante el juicio por fiscales adjuntos supremos, provinciales y provinciales adjuntos.

“El recurrente, mediante escrito de fecha 17 de setiembre de 2025, afirma que los jueces de juzgamiento fueron designados en disconformidad con el artículo 453, inciso 2, del Nuevo Código Procesal Penal, lo que comportaría a la nulidad de todos los actuados en el proceso ordinario, por atentar contra el derecho al juez natural”, se indica como parte del cuestionamiento.

Ante ello, el procurador público adjunto del Poder Judicial, solicitó que se declare improcedente la demanda, pues indicó que el artículo 43 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que los fiscales pueden contar con el apoyo de fiscales adjuntos para el ejercicio de sus atribuciones.

También remarcó que los fiscales adjuntos supremos que actuaron en el proceso se encuentran plenamente habilitados para hacerlo.

El TC precisó que al momento de interponer la demanda constitucional no se habían agotado las vías y recursos dentro del proceso penal, esto es en el juicio oral.

Por ello, la demanda tenía que ser declarada improcedente ya que los actos cuestionados, que presuntamente vulnerarían los derechos de Castillo Terrones y otros, no cumplían el requisito de la firmeza al cual hace referencia el artículo 9 del Nuevo Código Procesal Constitucional.

Cabe precisar que el voto en minoría, a favor de declarar fundado el habeas corpus, provino del magistrado Gustavo Gutiérrez.

Para el magistrado se habían vulnerado los derechos a un debido proceso de Castillo Terrones, debido al estatus funcional de los fiscales que participaron en el juicio, por lo que consideró que debía declararse “nulas, todas las actuaciones procesales” realizadas desde el 4 de marzo de 2024 contra los aforados favorecidos.

En consecuencia, debía instalarse un nuevo tribunal que sustancie el juicio oral siguiendo las reglas específicas del Nuevo Código Procesal Penal (artículos 450 y 453), a cargo de jueces supremos titulares.