TC: ¿Qué sigue en el proceso de denuncia constitucional?

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales recibió ayer a los abogados de los cuatro miembros del Tribunal Constitucional (TC) para escuchar sus argumentos en relación a la denuncia constitucional que siguen los magistrados en el Congreso por el caso El Frontón. ¿Cuál es el siguiente paso en este proceso?

En un plazo máximo de cinco días hábiles, César Segura, el congresista delegado por la Subcomisión, deberá presentar el informe final para que, luego de ser debatido, sea aprobado o rechazado en la sesión que convoque la presidencia de dicho grupo.

Este informe final concluirá únicamente con la acusación de los investigados o con el archivamiento de la denuncia. Luego de ello, pasará a la Comisión Permanente. Una vez ahí, se ordenará su distribución entre los miembros de la comisión y se convocará a sesión luego de los dos días útiles siguientes.

Si el informe propone la acusación ante el pleno del Congreso y esta es aprobada por la Comisión Permanente, se nombra una Subcomisión Acusadora -integrada por uno o más miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales- para sustentar el informe de acusación en su nombre ante el Parlamento.

Asimismo, el Consejo Directivo decidirá la fecha y hora, así como las reglas a considerar en el debate, que tendrá prioridad en la agenda legislativa. El pleno del Congreso votará si hay o no lugar para la “formación de causa” a consecuencia de la acusación.

En el caso de la acusación constitucional por la comisión de delitos, se requiere la votación favorable de la mitad más uno del número de congresistas sin contar a los que son miembros de la Comisión Permanente (26).

Para el acuerdo aprobatorio de sanción de suspensión, inhabilitación o destitución por infracción constitucional, se necesita la votación de los 2/3 del Parlamento sin contar a los de la Comisión Permanente. La aplicación de la sanción impuesta por el Congreso es inmediata.

-¿Por qué son investigados?-

Los magistrados Manuel Miranda, Marianella Ledesma, Carlos Ramos Núñez y Eloy Espinoza fueron denunciados constitucionalmente por 11 marinos en retiro por haber cambiado uno de los votos de una sentencia del 2013 que consideró que los actos cometidos en un motín del penal El Frontón no eran delitos de lesa humanidad.

Los magistrados son acusados por presuntamente no haber respetado el principio constitucional de cosa juzgada al haber presentado una resolución para dejar sin efecto la mencionada sentencia al considerar como favorable el voto del ex magistrado Juan Vergara Gotelli.

Ante ello, Walter Albán, abogado del magistrado Espinoza, defendió a su patrocinado aludiendo que “no se puede hablar de que se vulneró la cosa juzgada porque no hubo fallo”.

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