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Testimonio de Odebrecht no puede ser usado contra aspirantes a colaboración

El Comercio accedió al acta de compromiso que firmaron las 12 personas que estuvieron presentes durante el interrogatorio en Curitiba, Brasil, al ex CEO de la constructora

Marcelo Odebrecht

El envío del tan esperado interrogatorio dependerá, por un lado, de las últimas negociaciones que realicen los fiscales de lavado de activos y, por otro, de las que ejecute el fiscal Castro.. (Foto: Reuters)

En los últimos días, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, así como miembros de la Comisión Lava Jato, han pedido que se levante la reserva de las declaraciones que brindó Marcelo Odebrecht en Curitiba, Brasil, el pasado 9 de noviembre. Según ellos, de esta manera se evitarán especulaciones y se conocerá, por fin, el contenido del interrogatorio al ex CEO de la constructora brasileña, que duró más de cuatro horas y media.

Este Diario accedió al acta de compromiso que firmaron las 12 personas que estuvieron presentes durante el interrogatorio a Odebrecht, las mismas que acordaron cumplir una serie de requisitos para que la transcripción y el registro audiovisual lleguen al Perú en el más breve plazo.

El acta señala claramente que “el testimonio recogido a Marcelo Odebrecht no puede ser utilizado en su contra, ni en contra de las empresas Odebrecht y [la subsidiaria] Braskem ni en contra de los otros colaboradores del Ministerio Público brasileño que hayan firmado acuerdos de colaboración premiada en el Caso Lava Jato”. Dice además el documento que “las personas físicas y jurídicas quedan absolutamente exentas de cualquier tipo de sanción penal o civil”.

En otro extracto del acta se precisa que “la remisión del presente testimonio a la República del Perú queda condicionada a la presentación de una petición conjunta firmada por las autoridades peruanas y por los abogados de la empresa Odebrecht en Brasil y de Marcelo Bahía Odebrecht, dirigida al Ministerio Público autorizando su envío, vía autoridad central, manteniendo el sigilo hasta su entrega a las autoridades peruanas. En caso de no presentar dicha autorización, el documento no se enviará y perderá su efecto”, dice el acta.

La petición conjunta que se menciona se trataría de un segundo documento que las autoridades peruanas se han comprometido a firmar, luego de subsanadas todas las condiciones establecidas antes del interrogatorio.

Esta exigencia de Marcelo Odebrecht responde a su preocupación respecto a que han pasado once meses desde que la empresa brasileña tomó contacto con las autoridades peruanas y ninguno de los cuatro delatores ha cerrado sus acuerdos de colaboración eficaz en nuestro país. Por el contrario, luego de la delación que el ex director ejecutivo de Odebrecht en el Perú Jorge Barata brindó ante el jefe del equipo especial, Hamilton Castro, este le inició una investigación preparatoria por el delito de tráfico de influencias y colusión en el caso de la Interoceánica Sur. Otra de las consecuencias fue que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó una operación sospechosa de retiro de sus fondos previsionales, razón por la cual se le abrió un proceso en la fiscalía de lavado de activos. Cabe recordar que fue Barata quien reveló el presunto pago de sobornos al ex presidente Alejandro Toledo.

Tal como se consigna en el acta de cooperación judicial internacional entre el Perú y Brasil , estuvieron presentes, por el lado brasileño, el procesado Marcelo Odebrecht, sus tres abogados Thiago Neuwert, Eduardo Sanz y Mauricio Dantas Bezerra; el procurador regional de Brasil, Orlando Martello; el asesor de Gabinete, Victor Hugo Dos Santos; la traductora Vera Lucía Menezes Diniz; y por el lado peruano, el fiscal José Domingo Pérez Gómez, responsable de la investigación; el fiscal adjunto, Walter Villanueva Luicho; el coordinador de Lavado de Activos, Rafael Vela; así como Edward García Navarro y Beno Fraga Brandao, abogados de Keiko Fujimori.

El envío del tan esperado interrogatorio dependerá, por un lado, de las últimas negociaciones que realicen los fiscales de lavado de activos y, por otro, de las que ejecute el fiscal Castro.

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