Walter Gutiérrez: “El Ejecutivo no puede intervenir en la justicia administrativa”

El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, consideró que el reciente audio del presidente Martín Vizcarra, en el que dialoga con las autoridades de Arequipa sobre una salida al conflicto de Tía María, ha puesto en “entredicho” la credibilidad del Consejo de Minería, entidad que debe definir el futuro del proyecto minero.

— El ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, afirmó que la suspensión de la licencia para Tía María fue una decisión “autónoma” del Consejo de Minería. Tras escuchar el audio del presidente Vizcarra y las autoridades de Arequipa, ¿usted comparte esa posición?
Primero quisiera decir que el rol de la Defensoría del Pueblo siempre ha sido y es el de ponerle límite al poder, es decir ser una suerte de contrapoder. Y en relación a la pregunta, no se puede hacer política con la justicia ni la jurisdiccional ni la administrativa, porque esta es una de las bases de la institucionalidad y del Estado de derecho. Los tribunales administrativos [como el Consejo de Minería] resuelven procedimientos administrativos que generan derecho u obligaciones a las personas, por eso tiene que ser técnico y alejado de toda interferencia política. Entiendo que fue el ministro [Ísmodes] el que ha anunciado esto [la suspensión de la licencia a Tía María]. Me pregunto si primero se le notificó a las partes, si no fue así, sería gravísimo. Es como si el ministro de Justicia informara sobre una resolución de la Sunarp. […] La justicia administrativa es la antesala a la justicia que luego se discute en el Poder Judicial y el Ejecutivo no puede intervenir.

— ¿Cree que hubo una injerencia del presidente Vizcarra en la decisión del Consejo de Minería?
No puedo afirmar si hubo o no [injerencia], lo cierto es que la forma y la manera cómo se ha informado y todo lo que se ha revelado, por lo menos genera una preocupación. En los últimos 20 años se crearon algunos tribunales administrativos que han logrado independencia, como el tribunal fiscal, el tribunal registral, el Indecopi, pero hay una veintena de consejos administrativos, como el Consejo de Minería, que no tienen esta misma institucionalidad, no tienen autonomía funcional. Y realmente preocupa, porque se habla de una reforma de justicia, pero no se puede hablar de la reforma de justicia si estos tribunales terminan siendo una suerte de apéndice del Ejecutivo.

— El Consejo de Minería aún tiene que resolver el pedido de anulación de licencia de Tía María formulado por el Gobierno Regional de Arequipa. ¿Tiene la credibilidad para pronunciarse sobre el fondo del proyecto?
La situación ha puesto en entredicho esta independencia. Creo que se debe salir a aclarar. El Consejo de Minería se crea por la Ley General de Minería en 1981 y la manera como se nombra [a sus integrantes] no se asemeja a cómo se designa a los miembros del tribunal de los Registros Públicos, que es por concurso.

— ¿Cuáles son las implicancias administrativas que existen con lo ocurrido con Tía María?
Desde el punto de vista formal esta [suspensión de la licencia] es simplemente una medida, el tema de fondo todavía no se ha resuelto. Yo creo que [la suspensión] ha generado una situación de paréntesis, que ya se ha dado en Tía María, y no necesariamente ha resuelto la situación. Se dio un paréntesis en el 2011 y luego otro hasta el 2015. Lo que se tiene que resolver es el tema de fondo, se tiene que buscar un espacio para el diálogo sincero, abierto y con toda la información sobre la mesa y estar dispuestos, incluso, a revisar si fuera el caso el estudio de impacto ambiental (EIA) y ver objetivamente la viabilidad del proyecto.

— Usted ha mencionado que, si es necesario, se debe volver a realizar el EIA. ¿Esto no significa volver a fojas cero con Tía María?
Las cosas atropelladas, apresuradas y sin objetividad generan a veces situaciones más complicadas...

— Un sector del Congreso pide las renuncias de los ministros de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, y del de Energía y Minas. ¿Cree que tiene la razón?
Ese es un tema político, yo no me ocupo de temas políticos, solamente hablo de cuestiones que tienen que ver con el derecho de los ciudadanos. Mi planteamiento y preocupación nace de que la justicia administrativa tiene que tratarse como cualquier justicia de manera independiente.

— El presidente Martín Vizcarra consideró que la filtración del audio de su reunión con las autoridades de Arequipa busca distraer la propuesta del gobierno para adelantar las elecciones generales…
Esta pregunta también es bastante política, me exoneraré de responderla. Pero sí quiero decir lo siguiente: la grabación en una reunión de autoridades, porque entiendo que solo había autoridades, es evidentemente una grabación avezada y absolutamente clandestina. Grabar al presidente de la República o a cualquier autoridad nos lleva a una situación de precariedad institucional de la que debemos alejarnos.

— Con lo que ha sucedido, ¿usted tiene la sospecha de que el presidente Vizcarra u otros integrantes del Ejecutivo tienen injerencia en otros órganos autónomos?
Lo que creo es que hay un déficit de institucionalidad en la justicia en general, hay un déficit de legitimidad y en particular en la justicia administrativa que tiene un modelo en el Perú un poco sui géneris, porque es un modelo que parte de instancia estatales que dependen indirectamente del Ejecutivo, esto no es normal en otros países. Por eso hay que buscar mecanismos para que estas instancias sean más independientes. Si usted me pregunta si me preocupa eso, sí, me preocupa seriamente. Si usted me pregunta si tengo evidencia de que hay una influencia política, no le puedo dar una respuesta categórica, pero evidentemente en un contexto como el que estamos viendo es donde se revelan estas grietas institucionales.

— Por ejemplo, la Unidad Funcional del Ministerio de Justicia debe decidir si el Estado Peruano reembolsa S/524 millones a Odebrecht por la venta de Chaglla. Y el presidente Vizcarra ha expresado su negativa a entregar este dinero…
El presidente es un ciudadano, es el que tiene el mandato de ejercer la presidencia de la República y cualquier cosa que diga y haga va a tener un peso, una incidencia muy fuerte en el sistema de justicia y él como jefe del Estado debe guardar cierta ponderación, distancia y respeto a todos los poderes del Estado. A él se le ha encargado mantener el equilibrio al que se refiere la Constitución. Dicho esto, sí me preocupa que en ocasiones el presidente se pronuncie en esos términos.

— ¿La propuesta de adelanto de elecciones generales es el único camino para superar la crisis política? ¿Por qué?
El Ejecutivo tiene todo el derecho, está validado por la Constitución, de presentar iniciativas de reforma constitucional, pero no las puede imponer. El que determina y tiene la facultad para debatir es el Congreso, pero dado que el presidente ha hecho una propuesta, un desafío institucional, es importante que el Congreso entienda la urgencia de resolver esta situación, en el sentido, de que estime conveniente. Y no, no es la única salida, pero salir con rapidez de esta situación sí es urgente e importante.

— ¿Y para usted cuál es la salida a la crisis?
No quisiera hacer un planteamiento o sustituir a quienes son los que tienen que señalar ese derrotero que son los poderes políticos: el Ejecutivo y Legislativo.

— ¿Se ha ofrecido o le han solicitado ser mediador entre el Ejecutivo y el Congreso?
No me lo han ofrecido, yo he hablado con el presidente del Consejo de Ministros y el presidente del Congreso para llamar la atención de lo que está sucediendo con los ciudadanos, con la educación, salud, reconstrucción [del norte], la violencia contra la mujer y otros, que son temas que a los cuales el Estado debe abocarse en el día a día y que estos temas políticos están perturbando en su funcionamiento normal.

— ¿Usted está conforme con la reforma política aprobada por el Parlamento?
[…] Será muy difícil que la reforma de justicia y la política puedan avanzar si es que no hay voluntad desde el Congreso y el Ejecutivo y este nuevo episodio de crisis pone entredicho su viabilidad.

— ¿Cree que el Congreso pudo desprenderse de la inmunidad parlamentaria?
Desde nuestro punto de vista, el Congreso ha dado pasos concretos para desprenderse en gran parte de lo que antes era el marco de la inmunidad parlamentaria. Es una figura que si bien es cierto ha sido objetivo de uso y abuso de varios congresos, también ha servido para que los congresistas puedan hacer trabajos de investigación que han coronado exitosamente. Le pongo el ejemplo de Víctor Andrés García Belaunde que se enfrentó al clan Orellana, que le inició toda una andanada de juicios, sin inmunidad, él no podría haber salido airoso de esa situación. Lo que hay que hacer es reglamentar mejor la inmunidad, se ha hecho un avance importante en el Congreso.

— El Parlamento continúa siendo juez y parte…
Se ha relativizado eso, porque ahora si no lo hacen hasta un determinado tiempo lo haría el Tribunal Constitucional, eso es un avance importante, antes pasaban meses y meses y no se avanzaba en el levantamiento de la inmunidad parlamentaria, ahora tienen un plazo prácticamente preventorio, eso objetivamente es un avance.

— Usted también preside la comisión especial para seleccionar a los integrantes de la JNJ, ¿cuándo se convocará al nuevo concurso?
En este momento estamos en una etapa sumamente interesante, hemos tenido reuniones con cerca de 20 expertos que representan a las universidades, colegios profesionales, ONG y gente de la academia, a quienes les hemos explicado lo que ha sucedido, las limitaciones de la ley, también nos han hecho críticas y aportes, que son muy valiosos. Mañana tenemos una última sesión y a partir de ahí estimo que en una semana o en 10 días se lanzará el nuevo cronograma. Estimamos que si las cosas marchan al ritmo que hemos planteado, entre fines de noviembre y antes de la quincena de diciembre debemos haber culminado el proceso [de selección].

— El Reniec y la ONPE no tienen a sus titulares, el JNJ los debe elegir. En ese contexto, ¿los órganos electorales están preparados para unas eventuales elecciones generales en el 2020?
También tengo una seria preocupación en relación a eso, no solamente porque un proceso electoral toma sus tiempos, sino porque los observadores internacionales, en las últimas elecciones, convinieron que de ninguna manera deberían hacerse cambios normativos en el año anterior al proceso. ¿Entonces, cómo hacer cambios normativos e, incluso, constitucionales? Hacerlo significa debilitar el proceso electoral, generaría riesgo de precariedad, que pueda generar contingencias inesperadas. Si en los tiempos normales, los observadores internacionales recomendaron que no se realice cambios, si se hace en la actual situación de precariedad, la respuesta cae de madura.