Tomás Gálvez: ¿Qué sucederá con los equipos especiales del Ministerio Público?

La permanencia o no de los Equipos Especiales Lava Jato, Los Cuellos Blancos del Puerto y contra la Corrupción del Poder (Eficcop) aún se mantiene en suspenso en la Junta de Fiscales Supremos (JFS).

Este lunes 10 de noviembre, la máxima instancia del Ministerio Público (MP) tenía en agenda debatir la propuesta sobre la continuidad de los mencionados equipos, pero se frustró debido a que los informes técnicos sobre la productividad, eficacia e integrantes no estuvieron listos.

La propuesta para la evaluación de los citados equipos provino del fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, quien confirmó a El Comercio que el tema permanece en la agenda de la JFS y será debatido de todas maneras en los próximos días.

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Gálvez Villegas aseguró que no se trata de una propuesta para su “desactivación” sino para evaluar la “permanencia” de los mismos y, sobre, ello adoptar decisiones.

“Yo siempre he dicho que se está evaluando la permanencia de los Equipos Especiales, no he dicho nunca la desactivación de estos equipos. Y eso tenemos que hacerlo con informes técnicos, pero nos han mandado informes técnicos incompletos, tanto en la cuestión de personal como de recursos y de resultados. Entonces, no podemos tomar una decisión con un informe incompleto, por eso se ha quedado para ser visto para la próxima (sesión)”

Tomás Gálvez Villegas, fiscal de la Nación interino

Sin embargo, esta propuesta podría quedar sin efecto si es que se ejecuta la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación, dispuesta este lunes por el Poder Judicial (PJ).

Espinoza podría retirar de la agenda de la JFS este tema o dejarlo para que finalmente se analice y se adopten decisiones al respecto.

Como se recuerda, el 2018 se creó el Equipo Especial Los Cuellos Blancos del Puerto, tras la difusión de diversos audios que daban cuenta de la existencia de una organización criminal que integraban jueces, fiscales, abogados, empresarios y algunos políticos, que utilizaban el sistema de justicia para beneficiarse.

En el caso de Lava Jato, se creó entre el 2017 y 2018, tras conocerse la confesión de la empresa Odebrecht ante la justicia de Estados Unidos sobre diversos actos de corrupción a nivel transnacional y pagos ilícitos, que incluía al Perú.

Finalmente, en el 2022, se creó al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), tras revelarse diversos actos ilícitos cometidos durante la gestión del vacado expresidente Pedro Castillo.

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, señaló que el análisis de la productividad de los Equipos Especiales y su permanencia se encuentra en agenda desde el jueves pasado, sin embargo, para entonces tampoco se tuvo a tiempo los informes técnicos.

“Pero recuerde usted que es sobre la permanencia, yo nunca he dicho la desactivación, yo no he dicho esto (¿Cuál es la diferencia?) La desactivación significa que ya pues, se desactivará, que se pondrá fin. Mientras que la evaluación es que se va a evaluar su trabajo y sobre eso se tomará una decisión que puede ser cualquiera”, remarcó Gálvez Villegas.

El fiscal supremo recordó que la JFS es el máximo órgano del Ministerio Público, y si bien tiene determinadas facultades taxativamente establecidas, nada le impide que cualquier problema vinculado a la política institucional se someta a su conocimiento para que pueda emitir una opinión.

Al ser consultado si la JFS decide que los Equipos Especiales permanezcan activos, su despacho lo acataría, aseguró que lo aceptaría.

“Se tiene concordar (con la Junta de Fiscales Supremos) ¿Sino para qué lo voy a someter a la Junta de Fiscales Supremos? Yo hubiera tomado la decisión así nada más, pero lo que queremos es que haya un trabajo armónico, de unidad, buscando concensos”, aseguró Gálvez.

Finalmente, anunció que la próxima semana ya estarían listos los informes técnicos, por lo que la Junta de Fiscales Supremos podría ya debatirlo en la sesión de esas fechas.

“Lo cierto es que si se llega a la conclusión de que permanezcan, permanecerán; y si se puede hacer algún cambio también es posible, pero de esto aún no se habló nada”, comentó el fiscal.

En diálogo con El Comercio, el fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, afirmó que la decisión de crear unidades especializadas en el Ministerio Público no es una situación ajena a otras realidades alcanzadas por el fenómeno de Lava Jato, como por ejemplo, en Brasil.

Es decir, se crea un grupo de fiscales dedicados a conocer exclusivamente este tipo de casos, ya que permite tener una cierta garantía de independencia, autonomía y permanencia de la labor que van a desarrollar.

Por tanto, señaló que desactivar los Equipos Especiales, como Lava Jato, perjudicaría y debilitaría a la fiscalía.

“Desactivar los equipos especiales significaría un retroceso, sobre todo en lo que es la forma de cómo la fiscalía planea afrontar estos fenómenos criminales de corrupción trasnacionales, de lavado de activos, de organización criminal, que implica tener coordinación con otros países a través de la cooperación internacional, donde se debe usar técnicas especiales de investigación y el Equipo Lava Jato ha utilizado los procedimientos de colaboración eficaz, en los casos Cuellos Blancos tengo entendido el estudio y análisis de todas las escuchas legales y en el caso de Eficcop también empleó técnicas especiales de investigación. Entonces, es una forma distinta de poder afrontar este problema y usar técnicas más acordes a cómo se registran estos casos y obviamente, la desactivación va a debilitar a la propia fiscalía”

José Domingo Pérez, fiscal del Equipo Especial Lava Jato

Respecto a la eficacia de los Equipos Especiales a lo largo de los años, Pérez Gómez dijo que la eficacia se mide con las sentencias y en el caso de Lava jato, “todas las sentencias han sido condenatorias”.

Sostuvo que quienes cuestionan o buscan afectar el desarrollo o imagen del equipo especial que integra, apuntan a la demora de las investigaciones, “pero allí tenemos por ejemplo la condena de Gregorio Santos, César Álvarez, Bussines Track que son procesos que han demorado más de una década”, y que bajo su perspectiva tampoco habría querido que demore tanto.

Añadió que el trabajo del Equipo Especial Lava Jato no inició hace más de diez años, sino recién entre el 2017 y 2018, por lo que se les debe evaluar a partir de cuando asumieron las investigaciones.

Además, acotó, cuando los casos estuvieron en el Poder Judicial se extendieron porque la ley tampoco pone límites para, por ejemplo, la fase de juzgamiento.

Recordó que -a diferencia del caso del expresidente Alejandro Toledo- donde la Sala priorizó las audiencias y emitió condena en un año, no se hizo así con el proceso del exmandatario Ollanta Humala, puesto que la acusación fue presentada por la fiscalía en el 2019 y la sentencia recién se emitió este 2025.

Sobre las críticas a su gestión luego de las sentencias del Tribunal Constitucional (TC) puntualizó que se trataba solo en el caso Cócteles y Keiko Fujimori.

“Si usted me dice por el tema de la efectividad, queda claro que la efectividad es al cien por ciento, y si vamos a ver las circunstancias y de las sentencias que emitió el Tribunal Constitucional, solamente han sido para el caso de la señora Fujimori, por lo tanto no puede ser un solo caso el indicador de todos los demás casos donde ya se tiene sentencias condenatorias.”

José Domingo Pérez, fiscal del Equipo Especial Lava Jato

Finalmente, sostuvo que con la desactivación de los Equipos Especiales lo que se busca es la injerencia en la conducción de los casos, y que estos sean reasignados a otros fiscales que pueden adoptar otros criterios o decisiones y donde podría generarse una desatención.

Recordó que los Equipos Especiales, a dedicación exclusiva, y especialmente en el Equipo Especial Lava Jato, tiene “mega-casos” porque tienen pluralidad de acusados y de pruebas. Además, indicó que la mayoría de los procesos ya se encuentran en fase de juzgamiento o en camino para ingresar a dicha etapa.

“Lo que pasa es que con la desactivación de los Equipos Especiales se tendrá injerencia en la conducción de los casos, porque los casos podrían ser encomendados a otros fiscales y esos otros fiscales podrían tener otras decisiones u otros criterios. Pero en general, en el Equipo Especial Lava Jato, que es lo que yo haré mención, prácticamente todos están con acusación o juzgamiento. Entonces, sacar a los fiscales que están en plena sustentación o juzgamiento implicaría que haya un riesgo que no tengan el mejor desarrollo y puedan tener un resultado adverso”, anotó.

En diálogo con El Comercio, Antonio Maldonado, exprocurador anticorrupción, consideró que la propuesta era “un error y no cualquier error, sino un error garrafal”.

Consideró que traerá consecuencias adversas a la organización institucional que tiene Ministerio Público puesto que con los Equipos Especiales se ha respondido a la necesidad de cumplir con las funciones de manera efectiva ante el fenómeno de la criminalidad organizada, los medios y métodos criminales de lavado de activos y la captura de entidades, entre otros.

Recordó que los Equipos Especiales son grupos de tareas, porque es la única forma que tiene una institución para enfrentar este tipo de criminalidad organizada y además, porque se especializa en un tema.

Por tanto, remarcó, la propuesta sería “una decisión que no tiene fundamento ni lógica va a generar impunidad y la complacencia de los perpetradores”.

“Entonces, lo que hará este señor (Tomás Gálvez) es exactamente eso, va a incumplir con sus deberes constitucionales de Fiscal de la Nación (interino) va a generar una situación de crisis y bloquear las pocas alternativas que tiene el Ministerio Público con la creación de eso Equipos Especiales tal como lo hizo Brasil. Y esto es llamativo, porque de todos los países donde impactó Lava Jato, eran doce aproximadamente; el Perú, con todos sus defectos, era el que más avanzó.”

Antonio Maldonado, exprocurador anticorrupción

Maldonado indicó que existe una contraposición sobre la figura del fiscal. Por una lado, está el fiscal con una visión tradicional de su función, con la cinta, el asiento, la postura burocrática, que no critica nada, que proviene de una escuela trasnochada, frente al fiscal moderno, propio del sistema acusatorio, que es activo, que sale de sus despachos, y que incluso tiene opinión política.

“En la parte institucional se tiene cómo enfrentar este tipo de criminalidad tan avanzada, tan compleja, con tantas redes, que no solamente es exitosa en el cumplimiento de sus funciones criminales. Es decir, obtiene ganancias, dinero y otros beneficios. Ese tipo de criminalidad, hoy en día tiene mucha fuerza, por eso es que el modelo tradicional del Ministerio Público -representado por el fiscal pasivo, con su cinta, calladito y obedeciendo todos- frente a un fiscal moderno, están contrapuestos, y el último, el fiscal moderno, es lo que necesita para enfrentar a estas organizaciones. Mientras que en lo institucional, la fiscalía común, provincial, que tiene su competencia para temas normales, evidentemente se ve sobrepasada por la organización criminal”, expresó.

Maldonado recordó que en Brasil, el presidente Lula Da Silva también desactivó el Equipo de Tarea que se creó para Lava Jato, y al final lo que obtuvo fue la impunidad para él y sus allegados.

El abogado penalista, Carlos Caro, dijo a este Diario que en términos generales, los Equipos Especiales son importantes en casos grandes, sobre todo cuando un caso empieza ya que se requiere de dedicación exclusiva, un cien por ciento de concentración para armar la teoría del caso.

El caso Odebrecht, por ejemplo señaló, un fiscal que no se concentra puede perder el norte o ver el tema muy compartimentalizado, si la investigación está en diez fiscalías. Lo mismo en el Caso Cuellos Blancos, que tenía miles de horas de grabaciones y que, incluso hasta ahora, no se ha podido completar las escuchas.

“Entonces, por lo menos, en un inicio, estos equipos especiales pueden ser súper importantes para efectos de darle un empujón inicial a este equipo con mega-procesos o mega-casos”, expresó.

Sin embargo, indicó que también hay que analizar los desaciertos que han tenido los equipos especiales, sobre todo en el Caso Lava Jato.

“¿Pero qué es lo que ha pasado concretamente con estos casos? Yo creo que hubo muchos problemas, por ejemplo, en el Equipo Especial Lava Jato, hemos visto aciertos como desaciertos. De los aciertos ya lo hemos visto porque están habiendo condenas y juicios. Sin embargo, sobre los desaciertos vemos que hubieron decisiones que plantean ciertas dudas sobre su nivel de politización. Está la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el caso Keiko Fujimori y que ahora el fiscal Pérez y Vela salen a criticarla, pero por otro lado el fiscal Pérez dice que evalúa su aplicación en el caso de Susana Villarán.”

Carlos Caro, abogado penalista

Finalmente, considero que los equipos especiales deben ser medidos por los resultados, y volviendo al Caso Cócteles, señaló que le guste o no a cierto sector, habría que pensar en todas las horas y logística desplegada por los jueces, fiscales y abogados, lo cual se refleja en una gran costo público, más allá de lo económico.

“Por tanto, creo que ahora sí, en este momento, considerando que ya dieron el impulso a los casos, yo creo que ahora sí es adecuado su desactivación y que los casos pasen a las fiscalía especializadas y que los mismos fiscales pasen a esas fiscalías de acuerdo a su especialización”, comentó.

Humberto Abanto, abogado penalista y defensa de Jaime Yoshiyama en el Caso Cócteles, dijo a este Diario que los Equipos Especiales no han dado los resultados esperados, sobre todo porque han transcurrido muchos años y los resultados no han sido óptimos.

Por el contrario, en el Caso Lava Jato, dijo que desde hace casi ocho años que se investiga y hasta ahora no se ha visto grandes resultados, y por el contrario -bajo su apreciación- lo que se presentó como una operación de toma de todo el Poder Judicial y del Sistema Nacional de Justicia y al final se trató de una “picaresca corrupción al interior de una de las cortes superiores más pequeñas del país (Callao)”.

Sobre Eficcop, sostuvo que el equipo nació “irregularmente” puesto que al frente se puso a una fiscal provincial provisional y no titular, como Marita Barreto.

Adujo que dicho grupo de trabajo habría tergiversado sus atribuciones al investigar a personas para las que no tenían competencia como la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides y la expresidenta Dina Boluarte.

“Eso acarreará la nulidad de los procedimientos. Así como ha tomado ocho años que los casos Lava Jato terminen como están terminando. Hay que mirar si esta investigación fue un fraude a la ley con el propósito de tomar el Ministerio Público, desde mi punto vista”, dijo.

Sobre Equipo Lava Jato, Abanto remarcó que la sentencia del Tribunal Constitucional en el caso de Keiko Fujimori, era la muestra clara “de una persecución” durante nueve años sin la existencia del tipo penal vigente al tiempo de los hechos.

“¿Qué revela esto? Que se dedicaron a perseguir a los partidos políticos en lugar de perseguir a los actores de la corrupción”, cuestionó.

Acotó que, por el contrario, diversos empresarios peruanos, así como Odebrecht terminaron siendo beneficiados con los acuerdos de lenidad. Pese a ello, hoy por hoy, no se puede usar la información o documentación que entregó Odebrecht, la principal empresa que debía haber sido procesada y sancionada.

Al ser consultado si los acuerdos de colaboración demostraban precisamente que sí existió corrupción en los casos Lava Jato, el abogado lo reconoció, pero aseguró que ello también mostraba la complacencia hacia las empresas.

“Por supuesto (los acuerdos revelan que existió presunta corrupción), pero también revela que hubo una gran complacencia con los factores más graves de la corrupción ¿O no? Finalmente, ya, un funcionario se llevó la coima, pero ¿quién se llevó el contrato y las utilidades de este contrato? ¿Entonces quién fue el más beneficiado, el funcionario corrupto o el que se quedó con el control e inclusive nos sigue cobrando hoy?”

Humberto Abanto, abogado penalista

Finalmente, Abanto aseguró que no tenía ninguna duda de que se debe sancionar a los funcionarios corruptos y servidores públicos corruptos; lo que cuestiona -reiteró- era por qué se tenía que “exonerar a los grandes beneficiarios de la corrución”

“Otra cosa importante, en Brasil se ha declarado la nulidad del acuerdo de Odebrecht, por tanto Odebrecht no está condenada ni sus ejecutivos. En el Perú, el fiscal José Domingo Pérez está buscando anular el acuerdo de colaboración eficaz”, adujo.

Por ello, concluyó señalando que “hubo una estrategia mal pensada” por parte del Equipo Especial Lava Jato, puesto que nadie reflexionó sobre que “estábamos dejando el destino de estos casos en manos extranjeras”, sumado a que “se escogió el camino más fácil” al depender de recoger lo que estaban haciendo desde el extranjero, en lugar de hacer una investigación propia como se estaba haciendo al inicio del caso.

“Yo creo que si desactivan los equipos especiales, lo prudentes sería que esos despachos se integren a las fiscalías comunes para que no se pierda el conocimiento que esta gente tiene y la responsabilidad que deben tener sobre los resultados de esos procesos. Es decir, se desactiva, pero todos esos fiscales deben pasar a las fiscalías competentes que investigarían desde el sector ordinario o permanente del Ministerio Público, para que no se pierda ni la memoria ni la responsabilidad”, expresó.

El abogado penalista, Miguel Reyes, también se mostró de acuerdo en que se desactiven los Equipos Especiales, al sostener que bajo su perspectiva no han tenido los resultados que se esperaban.

“Estoy de acuerdo con la desactivación pues con el paso del tiempo no han demostrado eficiencia en la persecución del delito, en los casos que se le asignaron. Hasta donde hemos visto, por ejemplo, recién en julio de este año se emitió la condena a Jorge Cuba, por el caso del Metro de Lima, pero Jorge Cuba está fugado”

Miguel Reyes, abogado penalista

Dijo, como ejemplo, que en Estado Unidos no se ha visto que hayan creado equipos especializados para un solo caso, por lo que no habría necesidad de que exista una unidad especial con prerrogativas distintas frente a otros fiscales, cuando no se ve ni eficacia ni efectividad en la administración de los recursos.

“De qué sirven ahora las condenas cuando no se puede ejecutar. Por ejemplo, el caso de Jorge Cuba que está fugado, lo tuvieron en prisión preventiva bastante tiempo, luego pasó el tiempo. Acá han usado las prisiones preventivas como suerte de teatro romado”, comentó.

Finalmente, señaló que al desactivarse los equipos especiales, los casos bien podrían ser asumidos por los fiscales competentes, ya sea de lavado de activos o corrupción, pues cualquier fiscal debería tener la capacidad de defender un caso, sea la especialidad que sea.