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Tormenta en un vaso de agua, la columna de Juan Paredes Castro

No hagamos, pues, una tormenta en un vaso de agua por las acciones idóneas de la fiscalía y la justicia. Sin estas, sencillamente no tendremos lucha contra la corrupción ni contra el crimen organizado

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La primera ministra Mercedes Aráoz debiera ser quien dé un ejemplar giro de 180 grados, capaz de imponer decisiones y resultados sobre tanta ‘declaratitis’ oficialista que disuelve la realidad. (Foto: Sepres)

(Foto: Sepres)

Calmada la histeria colectiva alrededor de si vamos o no vamos al Mundial de Fútbol, los peruanos volvemos a encontrarnos con una vieja costumbre: la de ser parte cotidiana de una tormenta en un vaso de agua, generada esta vez por la judicialización de la política y la politización de la justicia.

Se trata de una tormenta mediáticamente amplificada, que a falta de una consistente agenda de Gobierno y Estado crece en el imaginario público como si fuese la única portadora de verdades y certezas.

La primera ministra Mercedes Aráoz debiera ser quien dé un ejemplar giro de 180 grados, capaz de imponer decisiones y resultados sobre tanta ‘declaratitis’ oficialista que disuelve la realidad.

La decisión de Kuczynski de indultar a Alberto Fujimori parecía estar esperando solo una fecha. Sin embargo, con un buen cálculo de motivaciones y un mal cálculo de consecuencias, pronto podríamos retornar a un escenario ya conocido, donde el tan manoseado tema de la excarcelación del ex presidente termina manoseando mucho más la prerrogativa presidencial de concederlo.

Los líderes de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y del Apra, Alan García, enfrentan investigaciones fiscales por lavado de activos, bajo la figura de crimen organizado. Fujimori, por la recaudación de fondos de campaña electoral en cocteles, que encerraría más de una sospecha. García, por constituir la cabeza de una banda comparada con la Camorra italiana. Para ambos, existiría la preconcebida intención fiscal de perjudicarlos política y judicialmente, bajo una figura penal que los pinta como rufianes. Para el Ministerio Público, Fujimori y García no debieran entrar en pánico por investigaciones preliminares que no los han convertido en acusados, y que acabarían desbaratadas si los fiscales abocados a los casos se equivocan de medio a medio, como podría ser, en el peso de sus cargos.

Keiko Fujimori y Alan García están de regreso de mil ajetreos fiscales y judiciales. Les conviene, como lo han hecho antes, hacer menos ruido y tener una mejor defensa legal.

Ollanta Humala, actualmente preso por presuntamente recibir tres millones de dólares de origen ilícito de Odebrecht, se niega a comparecer a una comisión del Congreso que investiga cómo Emerson Fasabi, un cabo que cuidaba su casa, apareció súbitamente muerto y sus restos embalsamados entregados por oficiales de Palacio de Gobierno a su familia en provincias. ¿Cuánto sabía Fasabi de la pérdida de las agendas de Nadine Heredia de la casa de esta? El Congreso puede investigar políticamente tanto este caso, como la fiscalía hacer lo mismo en su fuero. Lo que no puede pasar es que la defensa legal de Humala arme una pataleta pública por un crimen escandaloso sobre el cual él tiene que responder, bajo la presunción de inocencia, por supuesto.

No hagamos, pues, una tormenta en un vaso de agua por las acciones idóneas de la fiscalía y la justicia. Sin estas, sencillamente no tendremos lucha contra la corrupción ni contra el crimen organizado. Y si queremos convertir el poder político en el propicio muro de contención de esas acciones, lo que obtendríamos sería una fortalecida impunidad, como hasta antes del 2000.

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