TC y el cierre de seis penales: ¿Por qué se amplió el plazo para cumplir sentencia sobre deshacinamiento?

El lunes 26 de mayo se cumplió el plazo de cinco años que tenía el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia (Minjusdh), para cumplir con la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), expedida el 26 de mayo del 2020, que ordenaba el deshacinamiento de los penales en el país.

Ello, como consecuencia de haber declarado “estado de inconstitucionalidad” la situación de las cárceles a nivel nacional. Encontrando, incluso, hacinamiento poblacional en más del 500%.

Transcurrido el plazo de cinco años, dicha situación no ha cambiado. El Comercio accedió a los informes del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), a febrero del 2025, donde se indica que existe una población penitenciaria a nivel nacional de 100 mil 603 internos en los 69 penales a nivel nacional.

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Los penales ubicados en Lima y el norte del país concentran la mayor cantidad de internos. En la capital del país existen 46 mil 745 internos y en la zona norte otros 19 mil 453 presos.

Como se recuerda, el 26 de mayo del 2020, el Tribunal Constitucional emitió sentencia en el expediente 05436-2014-HC, mediante el que declaró el “estado de inconstitucional” del hacinamiento penitenciario del país.

Como parte de la sentencia, ordenó al Poder Ejecutivo, a través del Minjusdh, que se adopten las medidas para lograr el deshacinamiento de los penales a nivel nacional y le impuso, como plazo en mayo del 2025.

El plazo se cumplió este lunes 26 de mayo sin que se haya superado el problema calificado como “inconstitucional” por el TC.

En esa línea, de acuerdo a la sentencia emitida hace cinco años por el TC, si hasta el 2025 no se lograba superar dicho estado de cosas inconstitucional “se deberán cerrar seis establecimientos penitenciarios” que al vencimiento de dicho plazo tengan los mayores niveles de hacinamiento.

Según los registros del Inpe, a febrero del 2025, los penales que podrían estar destinados a cerrar por su alto porcentaje de hacinamiento de población carcelaria, en cumplimiento de la sentencia, serían los de Quillabamba (513%), Camaná (496%), Abancay (478%), Huancavelica (470%), Callao (466%), Chanchamayo (438%) y Jaen (400%).

Otros penales con alto índice de hacinamiento son los de Tacna (387%) , Miguel Castro Castro (365%) y Huaral (306%).

De acuerdo a la sentencia, las cárceles deben ser pobladas preferentemente por personas que hayan cometido “delitos graves que impliquen peligro social” y los otros internos que no estén en dicho rubro podrían cumplir penas alternativas a la privación de libertad.

En su sentencia, además, el TC llamó a un trabajo conjunto y coordinado del Ejecutivo, Legislativo y el Poder Judicial, así como la participación de la sociedad en general.

El lunes 26, El Comercio solicitó información al Ministerio de Justicia respecto a las acciones que vienen adoptando para el cumplimiento de la sentencia; teniendo en cuenta que al término del plazo, el hacinamiento penitenciario no ha sido solucionado como ordenaba el TC y tampoco ha disminuido.

En un breve pronunciamiento, desde el Minjus señalaron que “el 24 de abril hemos solicitado, mediante oficio, la ampliación del plazo al Tribunal Constitucional”.

Desde el TC adelantaron que emitirían un pronunciamiento sobre el tema, pero hasta el cierre de este informe (el 26 de mayo) no dieron respuesta.

ACTUALIZACIÓN: El martes 27 de mayo, el TC publicó una resolución en la que amplía el plazo hasta el año 2030.

De acuerdo a la resolución, el Pleno del TC señaló en el documento que el Ejecutivo, a través del Minjush, sustentó la razones por las que no se pudo dar cumplimiento a la sentencia emitida en el 2020.

De acuerdo a ello, el Ministerio de Justicia indicó que durante la etapa de ejecución de la referida sentencia constitucional, por efectos de la crisis sanitaria del Covid-19 y los daños ocasionados por el ciclón Yaku, se generó una contracción en el crecimiento económico de nuestro país, que “obligó al gobierno central a una inmediata reasignación de recursos a fin de atender principalmente los requerimientos del sector salud”.

Por tales razones, se solicitó al TC que se evalúe la adecuación del plazo otorgado para el cumplimiento de lo ordenado en la precitada sentencia

“En ese sentido, manifiesta que tal situación afectó significativamente su asignación presupuestal y la correspondiente al Instituto Nacional Penitenciario para las inversiones en el sistema penitenciario nacional; y, consecuentemente, su capacidad para dar efectivo cumplimiento a lo dispuesto por el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente 05436-2014-PHC/TC, en el plazo señalado.”

Tribunal Constitucional

Por lo anterior, y otros aspectos esgrimidos, el pleno del TC estimó razonable ampliar el plazo a fin de garantizar el efectivo cumplimiento de los objetivos propuestos en la Política Nacional Penitenciaria del Ejecutivo, vía el Plan Estratégico Multisectorial de la Política Nacional Penitenciaria al 2030.

Por ello, resultaba conveniente “que el plazo señalado en la aludida sentencia para cumplir con la reducción significativa del hacinamiento carcelario, se amplíe hasta el año 2030”, resolvió el TC.

Además, reitera que el INPE y el Ministerio de Justicia informen al TC en enero de cada año sobre los avances concretos y el cumplimiento de los objetivos establecidos en la Política Nacional Penitenciaria al 20230 a fin de alcanzar el deshacinamiento carcelario.

Esta es la parte resolutiva de la decisión del TC:

Cabe precisar que, recientemente, el Ministerio de Justicia anunció que en los próximos días estarían excarcelando a 2 mil 200 internos que cumplieron sentencias por omisión familiar y otros 4 mil internos por hurto simple, como parte de un programa de resocialización. Ello tendría como efecto la reducción de poco más de 6 mil internos.

Walter Martínez, director general de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, anunció que la “Campaña de libertad 2025” con la finalidad de contribuir al deshacinamiento penitenciario.

“Esta campaña está orientada a personas que estarían condenadas por delitos leves; o sea, no estamos hablando aquí de delitos más gravosos como son extorsión, sicariato, organización criminal, etc, esos no. Nuestra campaña está enfocada a personas que habrían cometido estos dos delitos menos gravosos. Estamos hablando de omisión a la asistencia familiar cuyas penas van hasta los tres años o el hurto que va desde uno hasta los tres años, con la finalidad de contribuir al deshacinamiento de los penales”, dijo en declaraciones a Canal N.

Días atrás el Inpe anunció la construcción y la ampliación de seis establecimientos penitenciarios con una inversión de S/ 1,182 millones a través de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión).

Según el proyecto, dichas obras se ejecutarán en las regiones de Ica, Huánuco, Amazonas, La Libertad, Piura y Lima, y comprenden la construcción, ampliación, equipamiento y modernización de establecimientos penitenciarios, así como programas de capacitación para los operadores del sistema.

A través de un comunicado señalaron que en Amazonas se construirá un nuevo establecimiento en el Centro Poblado de Jahuanga, distrito de Bagua Grande, con una inversión de S/ 315 millones.

Mientras que en Ica, se ejecutará el Mejoramiento y ampliación del servicio de readaptación social del Establecimiento Penitenciario de Ica (inversión de S/ 280 millones).

En Huánuco se desarrollará la Creación del servicio de readaptación social en el Establecimiento Penitenciario Venado Pampa, en el distrito de Castillo Grande, provincia de Leoncio Prado (inversión de S/ 230 millones).

En tanto, en Piura se realizará la ampliación de la capacidad de albergue del Establecimiento Penitenciario (inversión de S/ 82 millones) y en la Libertad se ampliará el Establecimiento Penitenciario Trujillo Varones, en el distrito de Huanchaco (inversión de S/ 211 millones).

Finalmente, en Lima se realizará el mejoramiento y ampliación del servicio de readaptación social en el Establecimiento Penitenciario de régimen cerrado Ancón I (inversión de S/ 62 millones).

Wilfredo Pedraza, exdirector del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) señaló que en los cinco años que han transcurrido desde que el TC declaró la inconstitucionalidad de la situación carcelaria en el país, el Ejecutivo no ha realizado acciones importantes para el cumplimiento de dicha sentencia.

Salvo algunas situaciones simbólicas, explicó el también exministro del Interior a El Comercio, como la declaratoria de emergencia, el intento de ampliar el uso de grilletes electrónicos que quedó en la ley y no tiene presupuesto, y las acciones por el efecto del Covid-19, no se han construido cárceles o adoptado acciones que se puedan identificar como políticas orientadas al cumplimiento de dicha sentencia.

Por tanto, consideró que lo que podría ocurrir es que el Tribunal Constitucional hará una evaluación y, probablemente, amplíe el plazo. Lo cual calificó de “razonable”.

“Es evidente que el Ejecutivo no realizó acciones importantes para cumplir esa sentencia de cinco años. Consecuentemente, el incumplimiento es manifiesto (…) Yo creo que la inconstitucionalidad está dictada, pero me temo que el Ejecutivo no ha hecho ningún esfuerzo para cumplir, aunque fue parcialmente, ese mandato constitucional. El cambio sucesivo de ministros, de gobiernos, de representantes haya sido quizás una causa, pero la otra causa es que tampoco veo voluntad para hacerlo porque no se han construido cárceles penales sino del 2015.”

Wilfredo Pedraza, exdirector del Inpe

Pedraza, también abogado del expresidente Ollanta Humala, recordó que el último penal que se construyó en el país fue en el 2015, en Cochamarca, Cerro de Pasco.

Por tanto, indicó que existe la percepción de que invertir en las cárceles del país es un gasto sin importancia, cuando sí se puede destinar un presupuesto para reducir el hacinamiento.

Por ejemplo, explicó que en el caso de los grilletes electrónicos lo que podría reducir en 6 mil plazas carcelarias, a corto plazo, y solo cuesta ocho millones de soles.

“Esto, es eventualmente nada en el presupuesto, a pesar de que el ministro de Justicia, ahora premier, lo anunció antes y hace poco, como premier, lo ha vuelto a anunciar; lo concreto es que en este momento no existe presupuesto siquiera para implementar ese tema”, cuestionó.

Por ello, dijo que el TC también debería considerar que se establezca la responsabilidad de funcionarios, en el sentido de evaluar si realmente hicieron algo o no para el cumplimiento de esa sentencia.

Sobre la orden para cerrar los seis seis penales más sobrepoblados en la actualidad, como se indica en la sentencia del TC, Pedraza señaló que no sería razonable.

Y si bien, antes se pudo cerrar el Penal de Lurigancho o Castro Castro, al día de hoy sería complicado puesto que los reos de los penales que se cierren tendrían que ser reubicados, lo que traerá consigo la afectación de sus procesos penales y el alejamiento de sus familiares.

“Yo diría que el perjuicio podría ser mayor un cierre de penales por hacinamiento, porque al final la derivación de ese interno va a ser también a otro penal igual de ordinado donde debería estar, igual de hacinado y además distante a la familia, cosa que es un drama para un preso. Lo peor que le puede pasar a un preso es estar distante de la familia. Si eso es así, me parece que la idea de cerrar penales por hacinamiento quizás podría ser razonable en 2020, 2021, pero ahora no porque el promedio de hacinamiento es casi idéntico en todo.”

Wilfredo Pedraza, exdirector del Inpe