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Quién manda arriba y quiénes mandan abajo, por Juan Paredes Castro

Si alguna reforma constitucional está pendiente es la del poder presidencial, para evitar que este funcione como un órgano de gobierno más, en el mismo nivel que el Legislativo.

Martín Vizcarra

El presidente Martín Vizcarra presentó los proyectos de ley para una reforma política ante el Congreso. Su propuesta es que sean sometidos a un referéndum. (Foto: Andina)

El presidente Martín Vizcarra ha marcado un precedente insólito al ponerse por encima del Congreso y del Poder Judicial.

Lo ha hecho en su condición de jefe del Estado, no para entrometerse en las jurisdicciones propias de ambos poderes, sino para comprometer a estos y a los ciudadanos también, vía referéndum, en dos reformas sustanciales: la política y la judicial, a partir de un diagnóstico de crisis que no puede esperar más tiempo.

Estar hoy en día, en la práctica, dos peldaños arriba de su restringida función de jefe del Estado, supone para Vizcarra ser consciente de la carencia de mandatos claros y explícitos como él quisiera tenerlos y emplearlos a la luz de la Constitución.

Connotados juristas como Marcial Rubio, Raúl Ferrero, Enrique Bernales y Mario Castillo coinciden e inciden en la necesidad de que una jefatura del Estado debería estar, realmente, por encima de la organización política representativa del país.

Si alguna reforma constitucional está pendiente es precisamente la del poder presidencial, para evitar que este funcione como hasta ahora, como un órgano de gobierno más, en el mismo nivel que el Legislativo y el Judicial.

Esta reforma debiera aspirar a convertir al primer ministro en el jefe de gobierno, expuesto, por supuesto, a un mayor desgaste político que el presidente, y a su recambio periódico si las necesidades lo reclaman. El hombre fusible viene a ser el primer ministro y no el presidente.

Se requiere, por lo visto, que la jefatura del Estado sea constitucionalmente menos nominal y más efectiva, con una presidencia abocada mucho más a políticas de Estado, y con un primer ministro, en este caso César Villanueva, inmerso en el gobierno del día a día.

La decisión de Vizcarra nos conduce, así, de inmediato, a la siguiente exigencia: que el primer ministro César Villanueva deje de ser el acompañante protocolar del presidente y se convierta real y concretamente en el conductor de la administración estatal.

Villanueva, que justamente pasó por la moledora de carne de los Humala-Heredia, debería asumir un protagonismo gubernamental tan audaz como Vizcarra lo ha hecho con la jefatura del Estado.

Así podremos ver, en los próximos tres años, a un Vizcarra enteramente dedicado a las políticas de Estado y a un Villanueva haciéndose cargo de que ministros, viceministros y directores generales respondan, con resultados medibles, a las demandas más dramáticas del país en salud, educación, seguridad, transporte, trabajo, ambiente y reconstrucción del norte.

Haber descolocado al Congreso, al Poder Judicial, al Ministerio Público y a los órganos electorales, con un impulso reformista sin precedentes, habla muy bien de Vizcarra. Lo deseable es que la materialización de este impulso reformista, a todas luces popular, respete los canales legales y constitucionales, donde lo impopular resulta muchas veces mejor para el país que el populismo con tinte autocrático.

A Vizcarra lo que es de Vizcarra. Hizo mal Luz Salgado en desoír un llamado de Kuczynski a Palacio de Gobierno. Hace mal Salaverry al ponerse en el mismo nivel que el presidente.

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