Vladimir Cerrón: Congreso gasta S/126 mil mensuales en pago de personal de la bancada de Perú Libre

Pese a que la bancada del lápiz tiene solo 11 integrantes cuenta con trece trabajadores cuyos salarios suman un total de S/ 126.762,91, de acuerdo con la página de Transparencia del propio Parlamento. Es decir, la agrupación tiene más colaboradores que parlamentarios. Eso sin contar con el personal que labora en los despachos de cada uno de sus legisladores.

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Cuando el grupo parlamentario llegó al Congreso con 37 congresistas, contaba con 23 trabajadores. En ese entonces, el número de asesores, técnicos y auxiliares no superaba a la cantidad de parlamentarios.

La bancada de Perú Libre preside la Comisión de Justicia que, tal como lo advirtió El Comercio, aprobó cuestionados dictámenes, que han beneficiado a los investigados, obstaculizando la labor de la fiscalía. En concreto, es el responsable de los severos golpes a la lucha contra la criminalidad organizada y la corrupción.

En la actualidad, Perú Libre tiene mayor cantidad de personal que Alianza para el Progreso (APP), que los supera en número de miembros, con 14 congresistas.

También sobrepasa a Renovación Popular, que cuenta con la misma cantidad de parlamentarios, y Podemos Perú, que está conformada por 13 congresistas. Estas bancadas tienen 7 y 9 colaboradores, respectivamente, entre asesores, auxiliares y técnicos.

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En el acuerdo 028-2024-2025/MESA-CR, que se suscribió el último 18 de septiembre, la Mesa Directiva dispuso diversos cambios en los módulos de personal de confianza de las organizaciones parlamentarias.

La Mesa Directiva es presidida por Eduardo Salhuana (APP) e integrada por Patricia Juárez (Fuerza Popular), Waldemar Cerrón (Perú Libre) y Alejandro Cavero (Avanza País).

Por ejemplo, decidió que las oficinas de coordinación de los grupos parlamentarios conformados por 11 o más congresistas-como Perú Libre, APP y Fuerza Popular- cuenten dentro de sus plazas de asesores con jefes de gabinete con nivel remunerativo SP-12 (S/ 19.278,50). Ello sin afectar la plaza de asesor coordinador, ni variar el número de integrantes de dicha oficina.

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La decisión de la Mesa Directiva benefició a Clever Ricardo Untiveros Lazo, hombre de confianza del prófugo Vladimir Cerrón, quien hoy se desempeña en el Congreso como jefe de gabinete de la bancada perulibrista con un salario de S/.19 mil.

Untiveros es exgerente general del Gobierno Regional de Junín. Inicialmente fue contratado en el Parlamento como asesor de la agrupación y recibía una remuneración de S/15.572.61, pero luego, gracias al acuerdo de la mesa, pasó a ser jefe del gabinete con un sueldo mucho mayor.

Su contratación en el Congreso se dio el 3 de agosto, pese a las pesquisas fiscales que tiene en su contra. Una de ellas está relacionada con el dinero maculado que habría ingresado a la campaña electoral que llevó a Pedro Castillo a la Presidencia; y en la que está incluida incluso la mandataria Dina Boluarte.

En su caso, la Fiscalía señala que Untiveros habría tenido “un rol de ejecutante respecto a actos de conversión y transferencias de dinero que facilitarían a la organización criminal las operaciones de lavado de dinero”. Así lo había dado a conocer El Comercio en un anterior informe.

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Le siguen Rogelio Choque Alave, con un salario de S/15.470,11; Edgar Tito Chira, con S/12.765,61; y Paul Enrique Gonzales Ghiglino, Mario Andrés Auqui Cáceres, Cecilia Nataly Castillo Yauri y Jackeline Flores Peña. Cada uno de ellos gana S/12.663,11.

Como trabajador de la agrupación también figura William Córdova Pardo, un médico veterinario que, en la etapa castillista, fue designado por el polémico exministro de Salud Hernán Condori como asesor.

Córdova Pardo ocupa el cargo de técnico con un salario de más de S/ 7 mil. En el 2022, el diario “Perú 21″ dio a conocer que el médico veterinario fue expulsado del Cuerpo General De Bomberos Voluntarios Del Perú por “haber ingresado en aparente estado de ebriedad a la compañía de El Tambo 198, donde ejercía como segundo jefe”.

¿Quiénes son los asesores, técnicos y auxiliares de Perú Libre?

Respuesta

A la consulta de El Comercio por el gasto en asesores, Flavio Cruz, portavoz de la bancada de Perú Libre, respondió: “Si ese fuese el monto real, sujeto a corroboración, cuánto será entonces en las demás bancadas, pero todo ataque es a Perú Libre, ya se hizo una costumbre”.

Adelantó, además, que la oficina del grupo parlamentario pasará por un proceso de reestructuración.

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En diálogo con El Comercio, el exoficial mayor del Congreso José Cevasco explicó que la cantidad de personal de las agrupaciones parlamentarias “debe ir en función a la cantidad de parlamentarios que tienen las bancadas”.

“Tienen que adecuar su equipo técnico al número de congresistas que tienen como grupo parlamentario. Todas estas decisiones se toman de acuerdo a la proporcionalidad del grupo, comisiones, etc.”, subrayó.

Finalmente, señaló que el Poder Legislativo, en estos momentos, debería trabajar en cuidar su imagen. “La imagen es muy importante para la legitimidad y la institucionalidad del Parlamento”, remarcó.

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De otro lado, Alejandro Rospigliosi, abogado constitucionalista y experto en temas parlamentarios, cuestionó a los integrantes de la Mesa Directiva, que encabeza Eduardo Salhuana (APP), por permitir esta situación.

“Ellos son responsables de la administración del Congreso”, señaló.

Asimismo, opinó que casos como estos ameritan un pronunciamiento de la Contraloría General de la República y una investigación del Ministerio Público. “La autonomía del Congreso no es autarquía”, añadió.

“Estamos hablando de la misma patología que tiene diferentes consecuencias y efectos. Hay un despilfarro de recursos públicos y una sobrepoblación laboral, como la bancada de Perú Libre que tiene personal excesivo”, expresó también.

Rospigliosi consideró que el Parlamento debería maximizar el trabajo del personal nombrado. “Con tanto personal nombrado, cómo puedes explicarte la contratación de mas trabajadores de confianza. Es inaceptable e injustificable”, acotó.

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En septiembre, El Comercio dio a conocer que el segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón, maneja, en la actualidad, cuatro oficinas del Legislativo, entre ellas la suya como congresista, la Segunda Vicepresidencia, la de Cooperación Internacional y de Asesoramiento Científico. En total dispone de 45 trabajadores, cuyos salarios en conjunto ascienden a S/342,972.05 cada mes.

El parlamentario perulibrista ha utilizado el poder que tiene sobre estas instancias del Congreso para designar a 27 militantes y vinculados a su partido y a su hermano en altos cargos.

De los 11 trabajadores que tiene la Segunda Vicepresidencia del Parlamento, seis son afiliados a Perú Libre y otros dos tienen vinculación directa con los hermanos Cerrón. Por ejemplo, Ana María Córdova Capucho, fundadora y secretaria de Organización Nacional del partido del lápiz, está como asesora de la referida área, percibiendo S/15,470.11 al mes. Ella afronta una pesquisa por el presunto delito de obstrucción a la investigación por terrorismo.

En un informe, la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía Nacional reveló que ella habría pagado un soborno al testigo Eddy Villarroel ‘Sacha’ para comprar su silencio en una investigación por terrorismo que se le sigue a Vladimir Cerrón, exgobernador regional de Junín.

Además, Córdova Capucho fue condenada a cuatro años de cárcel por los delitos de uso de documento público falso y falsa declaración el 30 de mayo de 2018. En setiembre del 2019, la Primera Sala Penal Liquidadora de Lima reformó esa sentencia a tres años, declarando la excepción por prescripción y extinción de la acción penal solo del delito de falsa declaración. No obstante, quedó firme la de documento público falso.

Otros dirigentes de Perú Libre ubicados en la Segunda Vicepresidencia del Congreso son Natalia Jiménez Velásquez, secretaria de Juventudes, y Richard Rojas, secretario de Prensa y Propaganda del cerronismo. La primera es asesora y percibe S/15,470.11, mientras el otro renunció a mediados de julio para viajar a Venezuela invitado por el chavismo como veedor de la elección del 28 de julio, pero retornó a su cargo tiempo después.

Loly Herrera Lavado también es uno de los asesores mejor remunerados por el congresista de izquierda. Él no es militante perulibrista, pero sí es cercano a los hermanos Cerrón. Ha sido abogado de la madre de estos, Bertha Rojas, y también gerente general en el Gobierno Regional de Junín en el 2019 durante la segunda administración del hoy prófugo exgobernador.

En noviembre de 2022, en el último tramo del gobierno de Castillo, la entonces ministra de Salud, Kelly Portalatino, lo nombró secretario general de ese sector. En ese momento, este Diario informó que el letrado registraba una serie de investigaciones en la fiscalía.

Carlos Palacios Pérez- exministro de Energía y Minas durante la administración castillista- también figura como asesor de Cerrón en la Mesa Directiva.

Antes de ser designado ministro, en febrero de 2022, Palacios Pérez se venía desempeñando como director regional de Energía y Minas de Junín. Esto a pesar de no cumplir los requisitos para el cargo, de acuerdo con un informe de la contraloría.

El Comercio, además, detalló sobre copamientos en la de Cooperación Internacional y la de Asesoramiento Científico, adscritas a la Segunda Vicepresidencia del Congreso.