Vladimir Cerrón: El sorpresivo pedido de la Defensoría del Pueblo, a cargo de Josué Gutiérrez, en su proceso judicial

El próximo 6 de abril, Vladimir Cerrón, cumplirá dos años y medio prófugo de la justicia, sin que desde el gobierno -Ministerio del Interior y Policía Nacional- hayan logrado su captura desde que entró a la clandestinidad en octubre del 2023.

Sobre Cerrón Rojas pesa una orden de captura y prisión preventiva por 24 meses, que se dictó en su contra por el caso de los aportes a Perú Libre, donde es investigado por los presuntos delitos de lavado de activos y crimen organizado.

Recientemente, el Poder Judicial (PJ) renovó las órdenes judiciales de búsqueda y captura a nivel nacional e internacional, las mismas que tendrán vigencia por otros seis meses, tal como lo informó El Comercio.

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Es precisamente en este caso seguido contra Vladimir Cerrón donde la Defensoría del Pueblo, a cargo de Josué Gutiérrez, solicitó ser considerada en el proceso judicial bajo la figura de “amicus curiae”, según un escrito presentado ante el Sexto Juzgado De Investigación Preparatoria Nacional.

Gutiérrez Cóndor, otrora abogado de Cerrón Rojas usó a la oficina de la Adjuntía para los Derechos Humanos y la Población Indígena y Afroperuana de la Defensoría del Pueblo para tal propósito.

“Al escrito con ingreso N° 53829-2025, presentado por Carlos Fernández Millán, Adjunto para los Derechos Humanos y la Población Indígena y Afroperuana de la Defensoría del Pueblo, mediante el cual se apersona al proceso y solicita se le considere como amicus curiae”, se lee en el escrito.

Sin embargo, el juez Cristóbal Ayala señaló que dicho pedido era “incompatible” con el estadío del proceso judicial seguido en contra de Cerrón Rojas.

El magistrado recordó que la medida de prisión preventiva contra el prófugo fundador de Perú Libre fue dictada en diciembre del 2023, tras revocarse su orden de comparecencia.

Agregó que esta decisión fue confirmada por la Tercera Sala Penal de Apelaciones en enero del 2024.

Finalmente, el magistrado señaló que por resolución de mayo del 2024 se había declarado “inadmisible” el recurso de casación excepcional solicitado por Cerrón Rojas en contra de su prisión preventiva.

“Por lo que, lo solicitado por la entidad requirente (Defensoría del Pueblo) resulta incompatible con el estado del presente proceso, en consecuencia, téngase por informado sobre el estado del incidente procesal de su interés”, resolvió el magistrado

El Comercio buscó la versión de Gutiérrez Cóndor y de la Defensoría del Pueblo sobre su decisión de constituirse como “amicus curiae” en el proceso judicial que se le sigue al prófugo Cerrón Rojas, pero no hubo respuesta hasta el cierre de este informe.

No es la primera vez que Gutiérrez Cóndor busca intervenir en proceso judiciales o causas judiciales que implican a personajes controvertidos. Se apersonó también como “amicus curiae” en la demanda de Daniel Urresti, presentando un informe a su favor y cuestionando la condena de 12 años que se le impuso por el Caso Hugo Bustíos.

También se presentó como “amicus curiae”, a favor del sentenciado expresidente Martín Vizcarra, cuando el INPE emitió un informe reconsiderando su clasificación del Penal de Barbadillo al Establecimiento Penitenciario Lurigancho.

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, también intervino como “amicus curiae” en la demanda de habeas corpus a favor de Betssy Chávez, emitiendo un informe a favor de la expresidenta del Consejo de Ministros de Pedro Castillo ante el Tribunal Constitucional.

¿Qué función tiene la Defensoría del Pueblo como amicus curiae?

Según la Defensoría del Pueblo, su Ley Orgánica señala que el objetivo es aportar, como “amigo del tribunal”, criterios técnico-jurídicos no vinculantes, útiles para una adecuada interpretación de los derechos fundamentales, con la finalidad de contribuir en la tarea común de garantizar la efectiva vigencia de los derechos fundamentales de todos los integrantes de la ciudadanía.

Ese también habría sido el fin en el caso del proceso seguido contra Vladimir Cerrón, ahora candidato presidencial desde la sombra, quien ha intentado anular la decisión judicial que ordena su captura y prisión preventiva, pero sus recursos han sido desestimados en el Poder Judicial por no acatar los fallos judiciales.

Ahora, Cerrón Rojas busca que el Tribunal Constitucional (TC) anule dichas órdenes judiciales (captura y prisión preventiva) bajo el argumento de que tenía derecho a fugarse y buscando que se legalice la decisión de no acatar las decisiones judiciales.

El marte último, el Pleno del TC sesionó para analizar la proceso del trámite de la demanda que siguió al interior de la institución.

Fuentes de la entidad dijeron a El Comercio que en las próximas horas el TC estará emitiendo una decisión sobre el caso.

Como se recuerda, la magistrada Luz Pacheco, presidente del TC, informó a este Diario que se habían cometido “irregularidades” en el trámite que siguió la demanda antes de ser evaluado en audiencia pública el pasado 11 de marzo.

A su calificación y puesta en agenda para la vista de la causa en menos de un mes -desde que llegó al TC el pasado 11 de marzo- se suma el hecho de que la ponencia o proyecto de resolución no fue firmado (visado) por el coordinador de la Comisión de Habeas Corpus del TC a cargo de analizar lo expedientes como se realiza de manera regular en todos los casos.