Vladimir Cerrón otra vez en el banquillo: Prófugo fundador de PL deberá responder en nuevo juicio oral por Caso La Oroya

Desde la clandestinidad el fundador de Perú Libre (PL) ha solicitado que se le devuelva el monto de la reparación civil que pagó en este proceso a consecuencia de la condena. Sin embargo, el dinero se encuentra incautado por una medida judicial dictada en el Caso Dinámicos del Centro.

En marzo de este año, por mayoría, el TC declaró fundado un recurso de habeas corpus que presentó el exgobernador regional de Junín y dispuso anular la sentencia impuesta por las presuntas irregularidades en la licitación de la obra “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de La Oroya” durante su gestión (2011-2014).

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En su fallo, el TC determinó que se habían detectado incongruencias al momento de analizar las pruebas, por lo que dispuso que se emita una nuevo pronunciamiento para determinar si tuvo o no responsabilidad.

En esa línea, el Sexto Juzgado Unipersonal Supraprovincial Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín emitió una resolución dando cumplimiento a lo dispuesto por el TC y citó al exgobernador regional para el juicio oral.

No obstante, el documento judicial -notificado recientemente, pero con fecha 21 de abril- programó la audiencia recién para el 13 de noviembre del 2025, a las 8:30 de la mañana, de manera virtual o presencial.

Como se recuerda, por este caso, el Ministerio Público había solicitado inicialmente cinco años de cárcel efectiva contra Cerrón Rojas.

El juez Guido Arroyo explicó en su resolución que asumió la competencia del caso por disposición de la instancia superior, por lo que dispuso correr traslado de la citación a todas las partes que deban concurrir al juicio. Además, señaló que de acuerdo al Código Penal, “los testigos y peritos serán citados directamente para la sesión que les corresponda intervenir”.

“Por recibido el presente proceso del Quinto Juzgado Penal Unipersonal Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios y estando a lo dispuesto en  la sentencia de Habeas Corpus  emitida por el Tribunal Constitucional donde declara Nula la sentencia N° 041-2019-5JUP   y sentencia de Vista N° 091-2019-SPAT, en el extremo que condena a Vladimir Roy Cerrón Rojas a cuatro años y ocho meses de pena de privativa de la libertad efectiva como autor del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo; el señor Juez que suscribe se avoca al conocimiento del presente proceso por mandato superior”

Guido Arroyo, juez de investigación preparatoria de Junín

Además el juez señaló que la concurrencia de Cerrón era obligatoria bajo “apercibimiento de ser declarado reo ausente o contumaz (según corresponda) en caso de inconcurrencia injustificada, y disponerse su ubicación y conducción compulsiva por la autoridad policial correspondiente”. En la actualidad, Cerrón se encuentra prófugo de la justicia.

El magistrado también dispuso citar a sus abogados Luis Mayhua y Víctor Peralta y a la representante del Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín.

En el juicio oral se deberá determinar si existen elementos de prueba que vinculen y demuestren que Cerrón Rojas habría incurrido en ilícitos penales al haber solicitado a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura- OEI, hacer efectivos los pagos solicitados de manera indebida por el Consorcio Altiplano quien se benefició con la suma de S/ 850.000, al adjudicarse la obra “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de La Oroya”. Y, por tanto, haber producido un perjuicio al Gobierno Regional de Junín incumpliendo sus funciones de velar por los intereses de la entidad.

Según los magistrados del TC, Helder Domínguez, Francisco Morales Saravia, Gustavo Gutiérrez Ticse y Pedro Hernández Chávez, a Cerrón Rojas se le condenó también por haber buscado ampliar el plazo de cumplimiento de la obra, favoreciendo a un tercero, lo que no estaba en la imputación penal y tampoco se habría demostrado las actuaciones previas del prófugo exfuncionario para favorecer al referido consorcio.

De otro lado, a través de una segunda resolución, el Octavo Juzgado Unipersonal Supraprovincial Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín citó para el próximo 15 de setiembre del 2025, a las 9:00 de la mañana, la audiencia para debatir el pedido de Vladimir Cerrón, a fin de que se le devuelvan los S/.850,000.00 del monto de la reparación civil que se le impuso al ser hallado culpable en el Caso La Oroya.

El Comercio accedió a la resolución de fecha 13 de junio -notificada el 20 de junio- donde se precisa que el prófugo exfuncionario presentó un escrito ante el juzgado para que, de acuerdo al Código Civil y la Constitución, se le restituya el monto pagado al Estado.

De acuerdo al documento, el exgobernador regional de Junín también requirió que “se anule o se levante el embargo en forma de inscripción que pesa sobre su propiedad” en Huancayo.

El pedido lo presentó ante la nulidad de su condena dispuesta por el Tribunal Constitucional, y cuyo nuevo juicio oral se programó para noviembre próximo.

“Así como lo prescrito en el artículo 1267° y demás pertinentes del Código Civil, aplicados supletoriamente, debiendo su Judicatura ordenar a la Procuraduría General del Estado cumpla con restituir a mi persona, el íntegro de la suma pagada por concepto de reparación civil, ascendente a la suma de S/. 850,000.00 (Ochocientos Cincuenta Mil y 00/100 soles), suma que fuera abonada mediante depósitos judiciales a la orden de su Juzgado.”

Pedido de Vladimir Cerrón

Fuentes vinculadas al caso han señalado a este Diario que en su escrito de absolución al pedido, la Procuraduría Publica Anticorrupción de Junín ha solicitado que se rechace el pedido en todos sus extremos.

Al respecto, señalan las fuentes, se ha precisado que la procuraduría formuló una medida cautelar sobre el monto de la reparación civil teniendo en cuenta que se llevará un nuevo juicio oral solo para Cerrón Rojas.

Por tanto, recordaron que la reparación civil fue pagada solidariamente por varios sentenciados en ese caso, a través de 27 depósitos judiciales que ascienden a la suma de S/. 850,074.

Sumado a ello, precisaron, el dinero de la reparación civil que se pagó en el Caso La Oroya fue materia de incautación por parte de otro juzgado a cargo del Caso Los Dinámicos del Centro -donde Cerrón es procesado por el presunto delito de lavado de activos- por lo que no se podría efectivizar la devolución del mismo. Y, durante el proceso de incautación se determinó que Cerrón había abonado S/5,000.

Tras haber recibido la respuesta de la Procuraduría Pública Anticorrupción respecto a lo peticionado por el procesado Cerrón Rojas, sobre devolución del pago de la reparación civil, el juez Wilder Camarena citó a una audiencia, precisando que la fecha se programó teniendo en cuenta que su despacho tiene otras audiencias de carácter complejas e inaplazables, entre los meses de junio y agosto.

"Citar, según agenda judicial, e indicar que se tiene programado durante el mes junio, julio y agosto del presente año audiencias complejas y de carácter inaplazable, siendo así programese audiencia de devolución del integro del pago de reparación civil y otros, el día quince de setiembre de 2025, a horas nueve de la mañana, a realizarse en forma virtual a través del aplicativo google meet.”

Wilder Camarena, juez de investigación preparatoria de Junín

El Comercio solicitó la versión de Luis Mayhua, abogado de Vladimir Cerrón; sin embargo, pese a nuestra insistencia prefirió no pronunciarse.

Cuando el TC anuló la sentencia de su patrocinado, Mayhua señaló que si bien se había dispuesto que se realice un nuevo juicio oral, el delito ya habría prescrito.

Por ende, indicó en ese momento que, cuando sea notificado con la citación a juicio oral, solicitaría la prescripción de la acción penal a fin de que el caso sea archivado.

Entonces, explicó que el delito de negociación incompatible, por el que es acusado su patrocinado “ya prescribió en el 2020, porque pasaron los nueve años necesarios”.

“Inmediatamente voy a pedir el inicio de un nuevo juicio oral, pero el delito ya está prescrito”, dijo en ese momento.