Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
El Tribunal Constitucional (TC), integrado por siete magistrados, se alista a debatir y votar el recurso presentado por Vladimir Cerrón, con la finalidad de que se anule la orden de captura y prisión preventiva en su contra en el proceso que se le sigue por presunto crimen organizado y lavado de activos.
Tras realizarse la audiencia de la vista de causa, el órgano constitucional quedó expedito para emitir la sentencia sobre el exgobernador regional de Junín.
Hoy viernes, el pleno del TC tiene previsto sesionar para analizar diversos casos que han quedado al voto como es el recurso de agravio constitucional presentado por Cerrón Rojas y su defensa, buscando que se declare fundado un hábeas corpus por presunta violación a su libertad personal.
MIRA TAMBIÉN: José María Balcázar es el nuevo presidente del Perú: Cinco gráficos para entender la inestabilidad política
El Comercio se comunicó con la presidenta del TC, Luz Pacheco, a fin de confirmar si el caso de Cerrón Rojas estaba considerado dentro de la agenda de este viernes, pero señaló que “los trámites son internos” por lo que no podía darnos dicha información.
Al ser consultada si se tenía un plazo previsto para emitir y de qué depende de que se agende el caso, señaló que “todo es consensuado”.
“Dependerá de lo que dure el debate (la emisión de la sentencia). Dudo que sea de tan fácil solución”, indicó Pacheco.
Además de Pacheco Zerga, el pleno del TC lo integran Helder Domínguez (vicepresidente), Francisco Morales, Gustavo Gutiérrez, César Ochoa, Manuel Monteagudo y Pedro Hernández.
Desde el interior del TC han señalado a este Diario que existe un interés por parte del magistrado Pedro Hernández Chávez, quien es el ponente del caso, para que la causa se ponga al debate lo más pronto posible.
Tal como ha trascendido, la ponencia de Hernández Chávez se inclinaría por darle la razón al prófugo fundador de Perú Libre (PL), cuya finalidad es poder hacer campaña como candidato presidencial, pese a que desde hace dos años y cinco meses decidió fugarse para no enfrentar a la justicia.
Hernández deberá sustentar su proyecto de resolución ante el Pleno del TC y dicho documento se someterá a votación. Si alcanza la mayoría simple (cuatro votos de los siete magistrados) habrá una sentencia, de lo contrario continuará en análisis.
En este escenario, se podría solicitar al ponente realizar algunas modificaciones o se designará un nuevo ponente para que presente una nueva propuesta.
El Comercio solicitó la versión de Hernández Chávez, pero hasta el cierre de este informe no respondió.
Pedro Hernández como autor de fallos polémicos y su camino hacia el TC
Pedro Alfredo Hernández Chávez (53) es abogado, maestro y doctor por la Universidad de San Martín de Porres (USMP) y según su currículum tiene más de 20 años de experiencia profesional en el sector público y privado.
Durante su gestión como magistrado del Tribunal Constitucional ha sido ponente en procesos importantes que han tenido impacto en el sistema de justicia.
Hernández Chávez fue el ponente y autor de la sentencia del TC que terminó restándole poder de acción al Ministerio Público para investigar al Presidente de la República en ejercicio, al declarar fundada la demanda de competencia que interpuso la destituida expresidenta Dina Boluarte, para suspender sus investigaciones bajo el amparo del artículo 117 de la Constitución.
El cuestionado magistrado también fue ponente y autor de las resoluciones que ordenaron la reposición del fiscal supremo y actual fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, al anular el proceso disciplinario inmediato que le siguió la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto.
Similar situación ocurrió con el repuesto juez supremo Martín Figueroa, destituido por la JNJ debido al Caso Los Cuellos Blancos, y repuesto por el TC y sustentado en la propuesta de Hernández Chávez.
En marzo del 2025, el magistrado también fue autor de la sentencia en mayoría 90-2025 (EXP. N. ° 01513-2024-PHC/TC), que declaró fundado un recurso de hábeas corpus y anuló la condena de 4 años y ocho meses de pena privativa de la libertad que se le impuso a Vladimir Cerrón por el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo en el Caso La Oroya.
Su llegada como magistrado del TC no estuvo exenta de cuestionamientos, sobre todo porque se declaró viable su candidatura en el 2023, pese a que dos años antes había sido excluido del proceso de selección de magistrados del TC, por falta de solvencia e idoneidad moral.
En el 2021, cuando Pedro Hernández tentó por primera vez una plaza como magistrado del más alto tribunal en materia constitucional del país, fue expectorado del concurso por parte del Congreso de la República.
Durante el proceso, la congresista Isabel Cortez, presentó una tacha en contra del postulante por registrar dos procesos judiciales por violencia familiar en su modalidad de maltrato (físico y psicológico).
De acuerdo a las resoluciones judiciales, uno de los procesos se interpuso en contra del ahora magistrado del TC en setiembre del 2014. Sin embargo, ocho meses después, en mayo del 2025, la denunciante -su entonces cónyuge- se desistió de la denuncia y el caso fue archivado por el Tercer Juzgado de Familia Transitorio de Lima.
El otro proceso, seguido ante el Quinto Juzgado de Paz Letrado de Surco por la misma denunciante, tampoco llegó a término.
Si bien el entonces postulante alegó que ambos procesos no habían tenido sentencia de fondo o declarado su responsabilidad, la entonces Comisión Especial Encargada de la Selección de Candidatas o Candidatos Aptos para la Elección de Magistrados del Tribunal Constitucional presidida por el congresista y hoy presidente José María Balcázar, declaró fundada la tacha y por tanto Hernández Chávez fue excluido del proceso.
De acuerdo a la resolución que obra en los archivos del Congreso, los documentos judiciales mostraban que no podía ser considerado un candidato de solvencia moral, puesto que se había demostrado que incumplió el requisito de “conducta personal intachable” y se había producido la “acreditación al cuestionamiento de la solvencia e idoneidad moral”.
Pese a que Hernández interpuso un recurso de reconsideración, la comisión rechazó la misma y quedó fuera del concurso en dicho proceso.
Sin embargo, en el 2023, Hernández Chávez volvió a presentarse para el proceso de selección de candidatos aptos para la elección de magistrado del Tribunal Constitucional (TC).
La Comisión Especial para la elección del miembro del TC, presidida por Elías Varas, inició el proceso con los candidatos hasta que se dio el período de tachas y exclusión de candidatos, donde una vez más Hernández Chávez fue cuestionado.
En ese momento, a sus dos procesos judiciales de familia se sumaron otros hechos como investigaciones y procesos como denunciado por delitos Contra los Recursos Naturales y Medio Ambiente, sanciones administrativas por parte de la Municipalidad de Miraflores (una de ellas fue revocada) e incluso se le abrió un proceso administrativo por “falta grave” en el Congreso de la República cuando trabajó como asesor; sin embargo el caso se archivó por prescripción (es decir, que no fue absuelto; sino que el caso no pudo ser sancionado porque el plazo para hacerlo, venció).
El informe que proponía nuevamente la exclusión de Hernández Chávez señalaba que lo consignado en su declaración jurada de postulante no reflejaba la información completa sobre los procesos seguidos en su contra.
Sin embargo, el documento presentado por el entonces presidente de la comisión especial, Elías Ávalos, no fue aprobado por el resto de miembros del grupo de trabajo. Este y el caso de otros dos postulantes, produjo la renuncia del presidente de la Comisión.
Ávalos fue reemplazado por el congresista Idelso García Correa, quien prosiguió con el proceso de selección secundado por los congresistas Rosselli Amuruz Dulanto y José Jerí Oré.
La reconformada comisión no tomó en cuenta ninguno de los procesos abiertos contra Hernández y lo aprobó con puntajes de 20, 19, 16 y 15 en el rubro de “solvencia e idoneidad”.
Así, el magistrado Hernández Chávez pudo llegar hasta la última instancia cuando su designación fue debatida en el Pleno del Congreso en diciembre del 2023.
Finalmente, con el apoyo mayoritario de Fuerza Popular y Perú Libre, pudo ser electo como magistrado del TC en reemplazo de Augusto Ferrero Costa
En total fueron 103 votos a favor, 15 en contra y 7 abstenciones los que sellaron su elección.
Conforme a los criterios de
NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.