Vladimir Cerrón busca la prescripción de juicio que podría aumentar condena por corrupción

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia fijó para el próximo cuatro de marzo la calificación de la casación interpuesta por el fiscal superior anticorrupción de Junín, Ramón Vallejos Odría, a fin de que se incremente la condena de cuatro años de pena suspendida que se le impuso en el 2019 al líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, por el delito de negociación incompatible.

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Sin embargo, a través de un escrito, Cerrón Rojas solicitó que se declare prescrita la acusación formulada por la fiscalía al alegar que el delito por el cual fue condenado ya caducó hace catorce meses, es decir en 2020.

“Cerrón Rojas Vladimir Roy solicita se declare prescrita la acción penal, pues vuestra Sala carece de competencia para seguir conociendo una acción penal extinta”, se indica en el petitorio.

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Guillermo Olivera, abogado de Vladimir Cerrón, confirmó a El Comercio que han solicitado la prescripción del caso como uno de los tres puntos de su petitorio. Los otros son que se admita el recurso de casación del Ministerio Público, se analice si existió delito o no y se absuelva al exgobernador regional de Junín.

“En último término hemos planteado el concepto de prescripción en aplicación de la normatividad que existe. El delito de negociación incompatible prescribe a los nueve años y los hechos denunciados se produjeron el 15 de diciembre del 2011, entonces los nueve años han transcurrido al 15 de diciembre del 2020, por tanto ya estamos catorce meses fuera del término de prescripción que es el plazo que el Estado tiene para perseguir a quien considera culpable”, sustentó.

Fiscalía busca corregir errores de Sala

El 5 de agosto del 2019, el Quinto Juzgado Penal Unipersonal Supraprovincial Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huancayo condenó a Vladimir Cerrón, por su actuación en el cargo de Gobernador Regional de Junín y a otros, por negociación incompatible en agravio del Estado.

En ese momento, impuso a cada uno cuatro años y ocho meses de pena privativa de libertad (condena efectiva), un año de inhabilitación y el pago solidario de S/850 mil por concepto de reparación civil.

Cerrón fue hallado culpable por emitir la Carta N° 117-2011-GRJ/PR, el 15 de diciembre de 2011, solicitando a la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) el pago de mayores gastos generales (S/850 mil) a favor de una empresa contratista encargada de ejecutar una obra de saneamiento en La Oroya.

Sin embargo, el 18 de octubre del 2019, la Sala Penal De Apelaciones Transitoria de la Corte Superior de Junín, revocó la condena efectiva y rebajó la sentencia a cuatro años de pena suspendida.

La fiscalía apeló la decisión y luego de varias recursos de queja y casación, en agosto del 2020 finalmente el Ministerio Público logró que la Corte Suprema ordene a la Corte Superior de Justicia de Junín que eleve el expediente para revisar el caso.

Sin embargo, el expediente recién fue elevado casi un año después, el 11 de junio del 2021, y ocho meses después se programó la fecha de calificación del recurso de casación para marzo del 2022.

La fiscalía busca que se analice adecuadamente la proporcionalidad de la condena que se le impuso a Cerrón, pues considera que la Sala Penal De Apelaciones Transitoria de Junín no tuvo en cuenta su condición de funcionario público al momento de rebajarle la sentencia.

“No aplicó el artículo 45 del Código Penal (CP), puesto que no consideró la condición de los sentenciados como funcionarios públicos y los deberes que ostentaban”, se indica en la resolución de la Corte Suprema que le dio la razón a la fiscalía cuando solicitó que se eleve el caso a la máxima instancia del Poder Judicial.

Además, se indicó que el tribuna de Junín solo consideró los aspectos de la norma que beneficiaban al exgobernador regional determinando así una sanción en el extremo “mínimo de la pena abstracta”.

Una vez que la Corte Suprema califique el recurso de casación puede declararlo improcedente, infundado o bien concedida. Si es admitido, la Sala Suprema fijará fecha para una audiencia pública en la que se analizará el fondo del pedido; es decir, incrementar la condena de Cerrón Rojas.

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