Vladimiro Montesinos: Las claves del el Caso ‘Sobres bomba’

La Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria programó para este viernes 20 de marzo la lectura de sentencia contra el exasesor presidencial Vladimiro Montesinos Torres por el Caso ‘Sombres bomba’.

El otrora hombre fuerte del Gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) es acusado por el Ministerio Público de ser el autor mediato del homicidio de la periodista Melissa Alfaro Méndez y el ciudadano Víctor Hugo Ruiz León. La fiscalía pide que sea condenado a 35 años de prisión.

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Este caso alcanza también al coronel en retiro Víctor Penas Sandoval, quien es sindicado por el Ministerio Público como presunto autor directo del crimen.

El 6 de marzo, al ejercer su autodefensa, Montesinos Torres, conocido como el ‘Doc’, hizo mención a la ley 32107 dictada por el Congreso, que limita los alcances de los delitos de lesa humanidad; y la norma 32181, que dispone que los mayores de 80 años no cumplan su condena en una prisión.

Sin embargo, la audiencia se extendió hasta el próximo viernes 13 de marzo, debido a que Penas Sandoval se excedió por más de una hora en sus alegatos. La siguiente semana solo podrá hacer uso de la palabra por 30 minutos.

Tras esta etapa del juicio oral, solo queda pendiente fijar la fecha para la lectura de la sentencia.

El juicio está a cargo de la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria de la Corte Superior Nacional.

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El Caso ‘Sobres bomba’ está relacionado con hechos de violaciones a los derechos humanos durante la década del 90.

Alfaro Méndez y Ruiz León fueron asesinados como consecuencia de la explosión de ‘sobres bomba’, el 10 de octubre de 1991, y el 21 de junio del mismo año, respectivamente.

Además de la imputación por estos crímenes, a Montesinos y Penas también se les atribuye les atribuye el presunto delito de homicidio calificado en grado de tentativa en agravio del defensor de derechos humanos Augusto Zúñiga Paz (ahora fallecido), el entonces parlamentario Ricardo Letts Colmenares y el periodista Carlos Arroyo Reyes.

Zuñiga Paz también fue víctima del explosivo mortal camuflado en un sobre manila, el 15 de marzo de 1991, tras lo cual quedó herido en uno de sus brazos; y Letts Colmenares recibió el letal encargo el 16 de octubre del referido año en su oficina en el Parlamento.

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De acuerdo con la acusación fiscal, los ‘Sobres bomba’ fue una de las políticas del gobierno de entonces para “combatir el terrorismo dirigida a eliminar a quienes consideraban defensores de los derechos humanos de los terroristas o que tuvieran vínculos terroristas”.

“Por ello, se le imputa a Montesinos Torres que, al ser informado por sus canales de inteligencia respecto a la presencia de personas que tenían supuesta vinculación terrorista (…), ordenó que se cumpla con el envío de sobre bomba contra estas personas”, señala la acusación fiscal.

A Penas Sandoval se le imputa que, en su condición del oficial del Ejército, fue uno de los ejecutores de la estrategia militar antisubversiva, quien habría elaborado los ‘Sobres bomba’ y materializado las acciones contra las víctimas mencionadas.

En los casos de Alfaro Méndez y Arroyo Reyes laboraban en ese entonces en el semanario Cambio, al cual, según la acusación fiscal, el gobierno de turno acusó de ser vocero oficioso del grupo terrorista MRTA.

Sin embargo, años después la Sala Nacional de Terrorismo y luego la Corte Suprema de Justicia absolvieron del delito de apología de terrorismo a los trabajadores de la mencionada publicación que fueron comprendidos en un proceso judicial.

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En la audiencia de este viernes, el ‘Doc’ rechazó haber ordenado al entonces comandante del Ejército, Pedro Villanueva, enviar los ‘sobres bomba’ y afirmó que la fiscalía no tiene pruebas directas sino indiciarias del supuesto delito.

El ex número dos del Gobierno fujimorista subrayó que en sus testimonios de Villanueva; el exdirector de Inteligencia del Ejercito, Juan Rivero Lazo; el entonces coronel Víctor Silva; y Víctor Pasos Sandoval niegan haber recibido la orden de enviar sobre bomba.

Remarcó que la fiscalía no ha probado a quién le dio las supuestas órdenes para el envió de sobres a los agraviados.

En otro momento, Montesinos Torres pidió que se le aplique la ley 32107 al recordar la sentencia del Tribunal Constitucional que rechazó la demanda de inconstitucionalidad contra esta norma. Esta ley limita los alcances de los delitos de lesa humanidad al establecer que no pueden ser calificados como tales si se cometieron antes del 2002.

Además, consideró que la pena de 35 años solicitada por la fiscalía vulnera el principio de legalidad porque supuestamente para el delito de homicidio solo se pueden requerir 25 años.

De otro lado, pidió que la sala tome en cuenta que tiene 80 años y que se le aplique la ley 32181, para que, en caso de ser sentenciado, se ordene que cumpla la condena en su domicilio. Para sustentar su requerimiento citó otros casos donde se aplicó la norma.

“Finalmente, como consta en mi partida de nacimiento […] en la que ya tengo más de 80 de edad y en conformidad con los principios de humanidad y favorabilidad solicitó resolver [...] se tenga el presente al momento de resolver si es aplicable el artículo 32181”, dijo.

Montesinos argumentó también que, en 1991, el Estado peruano, en el campo de la seguridad, defensa e inteligencia, estaba regido por un marco jurídico “totalmente diferente al de 1992”.

Indicó que esa diferencia de marzos legales “no han sido advertidas” en la acusación presentada por el Ministerio Público.

Tras haber sido detenido en junio de 2001, y pasar casi 24 años recluido, actualmente el exjefe del SIN tiene dos sentencias que están vigentes, una más próxima que la otra. La primera de ellas, a 25 años de cárcel por el Caso Barrios Altos, cuya pena impuesta culminaría el próximo 24 de junio del 2026.

Esta sentencia fue dictada en octubre del 2010, tras un juicio que duró cinco años. El proceso incluyó la matanza de Barrios Altos y las desapariciones forzadas de nueve campesinos del Santa y del periodista Pedro Yauri. Fue condenado Montesinos, así como los exgenerales Nicolás Hermoza Ríos, Julio Salazar Monroe y Julio Rivero Lazo, entre otros militares.

A esta se suma otra condena a veinte años de cárcel, que aún vence en agosto de 2031, como autor mediato de los delitos de desaparición forzada y homicidio calificado de Santiago Fortunato Gómez Palomino (27), perpetrado por el Grupo Colina en julio de 1992. Sus retos fueron encontrados en mayo de 2012, en la playa La Chira.

Además, Montesinos Torres fue condenado, en enero del 2024, a 19 años y 8 meses de prisión por los casos Pativilca y La Cantuta luego de que se acogiera a la conclusión anticipada.

No obstante, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema aceptó el recurso de nulidad presentado por el Ministerio Público y dispuso que la condena del exasesor presidencial vencerá el 30 de septiembre de 2037.

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