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Walter Gutiérrez: “Nadie dijo que elegir a los miembros de la JNJ iba a ser fácil”

Walter Gutiérrez

Gutiérrez preside la comisión especial de la Junta Nacional de Justicia, que también integran otros altos funcionarios y académicos. (Foto: Dante Piaggio / GEC) (Foto: Dante Piaggio / GEC)

Dante Piaggio

El defensor del Pueblo Walter Gutiérrez, quien preside la comisión especial a cargo de la elección de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), responde sobre las dificultades del proceso.

—¿Cuál es su balance después de que solo tres personas aprobaran el examen de conocimientos realizado el último domingo?
Quisiera explicar cómo es que se elaboró este concurso, cómo se llegó a esta situación y qué viene después. En la comisión especial nos preguntamos cuál debería ser el perfil de las personas que ocuparan un cargo tan importante como ser integrantes de la Junta Nacional de Justicia. A parte de tener una trayectoria profesional y una solvencia moral incuestionable, deberían tener determinadas competencias como, por ejemplo, saber algunos conceptos fundamentales del Derecho, porque será un evaluador de los jueces, quienes actúan en el marco de las leyes y jurisprudencia. Lo segundo era conocer lo relativo a los temas disciplinarios, por lo tanto se debía conocer algo sobre derecho administrativo sancionador. Luego, y ya que se convertiría en funcionario, debía conocer asuntos referidos a la administración pública. Por último, conocer todo el sistema de justicia. Así fue el perfil y así se hicieron sus preguntas. Pasado todo esto, y viendo el resultado, hemos hecho un análisis y autocrítica, y lo que podría haber fallado es que las preguntas no eran necesariamente aplicativas. El hecho de que sean muy teóricas o conceptuales podría ser uno de los errores.

—¿Cuál fue el criterio por el que se llegó a algo que se asemeja a un examen de admisión? La Ley Orgánica de la JNJ estipula que haya una evaluación de conocimientos. ¿Estipula que sea una de esta naturaleza?
La Constitución y la ley orgánica hablan de un concurso de méritos. Un concurso de méritos tiene varios filtros. Uno es el de conocimientos, es inevitable. Podían ser casos o podían ser preguntas. Nosotros enfrentábamos el problema de no saber cuántos se iban a presentar. Imagínese evaluar los casos de 500 o 1.000 personas. Por ello se planteó no rechazar lo de los casos, pero sí hacer un primer filtro de conocimientos. Al final [el día de la prueba] se presentaron 104 [postulantes]. No es que sean [preguntas] tipo examen de admisión, sino que respondían a un perfil, con determinadas competencias muy acotadas.

—Al decir examen de admisión me refiero a la metodología…
Por eso hemos hecho una autocrítica: las preguntas debieron tener un correlato práctico. Eso se puede corregir.

—Y se va a corregir en el examen anunciado…
Lo que le puedo decir es que hemos hecho una evaluación. Le puedo adelantar tres cosas que he hablado con mis colegas, pero que aún no han sido aprobados: primero, la prueba que viene será nacional. Porque le doy un dato adicional: el 65, casi el 70% de los postulantes son de Lima. Entonces, la prueba será macrorregional. La UNI ha garantizado que está en condiciones de manejarlo. Lo segundo es que se evaluará que las preguntas tengan un correlato más aplicativo. Y lo tercero, que es algo que también se ha cuestionado, es que el examen ha tenido una característica muy general; por lo tanto, podrían ser en adelante pruebas en que haya un cúmulo de preguntas generales, y un 60% a 70% que el propio postulante pueda escoger según su especialidad.

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—¿Qué tan persuasivo es para un abogado ser integrante de la JNJ? Se calcula que hay 100 mil abogados en el país; solo 104 han dado la prueba. ¿En la comisión se ha discutido cómo animar a más postulantes?
En la web se presentaron 120; 113 presentaron su documentación y 104 dieron el examen. Los resultados los conocemos todos. En la circunstancia que vivimos, muy poca gente se anima a ingresar a la función pública. Lo que también evidencian los resultados es que hay un problema de educación legal serio. Ahora, este tipo de procesos siempre son cuestionados. La sociedad, los medios y el propio Estado tienen que hacer un esfuerzo por estimular a los abogados para que participen en este concurso. Saludo a los que han tenido el ánimo, el valor de haberse presentado a la prueba. La prueba venidera no impide que se vuelvan a presentar.

—¿Cuándo debería conocerse cuáles son los seleccionados? ¿Y qué se hace para llenar los catorce sitios –siete titulares, siete suplentes– que se requieren para que la JNJ funcione?
En la medida que son solo tres los que han pasado, esto nos permite reprogramar el cronograma. Se esperaba terminar todo el proceso en la quincena de julio [para estar listos el 19 de ese mes]; se estará terminando el 15 o 20 de junio, para poder cumplir con todas las etapas: la revisión del currículum, la prueba de confianza y finalmente las entrevistas.

—Son plazos bastante apretados, para una función tan sensible.
En relación a los tres en carrera, los plazos son apretados pero aceptables. En relación a los 11 que faltarían, sí son muy apretados. Los plazos ya eran ajustados porque así lo estipula la norma, algo que señalamos desde el principio.

—¿Se han explorado las posibilidades de que estos plazos se prolonguen?
Lo hemos conversado en la comisión y hemos dados dos pasos conducentes a eso. Se ha mandado un oficio a las comisiones de Constitución y de Justicia del Congreso para que sesionen conjuntamente para explicarles cómo ha avanzado el proceso y pedirles, entre otras cosas, que se amplíe el plazo [unas 3 o 4 semanas] para poder hacer el segundo concurso. Además, se ha enviado una comunicación al presidente de la República para que convoque al consejo nacional para la reforma a una reunión de coordinación para discutir el tema y hacer un planteamiento que se direccione hacia el Congreso. Porque todo empezó y todo termina en el Congreso.

—¿Cuál ha sido el rol de las universidades en este proceso?
Con el perfil desarrollado, nos acercamos a todas las universidades con facultades de Derecho, licenciadas, con 50 años de antigüedad. Nos respondieron cuatro: San Marcos, Católica, San Martín y San Agustín. Estas elaboraron las preguntas; el 80% de las preguntas fue elaborado por Católica y San Marcos.

—También se ha cuestionado que los miembros de la comisión no conocieran las preguntas.
Más bien, eso debería ponderarse adecuadamente. Algo que se le cuestionaba al CNM era que sus protocolos de seguridad eran bastante laxos. Era inaceptable que los miembros de la comisión especial conociéramos con antelación las preguntas. Eso generaba un riesgo de filtración, dejando a salvo la honorabilidad de todos los miembros, por supuesto. Nosotros conocíamos el tipo, la metodología de la preguntas. Un equipo técnico tuvo que enclaustrarse para que no se filtraran las preguntas. Hubo un protocolo de seguridad muy riguroso. Nosotros hemos conocido las preguntas al final. Es un estándar de seguridad que nos exigió la UNI, que tuvo un rol muy técnico, muy profesional.

—¿Hay el espacio para que se declare desierto el concurso?
Vamos hacer el esfuerzo por tener una junta a través de la nueva convocatoria, hacia mediados o fines de agosto. Hay espacio para tener junta y debemos hacer todo el esfuerzo posible. Nadie dijo que esto iba a ser fácil. Estamos tratando de establecer otros estándares. Y eso va a costar tiempo, aprendizaje y un poco de tolerancia también, para no horadar el esfuerzo que están haciendo las instituciones.

—La ley es la misma, los parámetros son los mismos, en esencia se va a seguir haciendo lo mismo. ¿Es posible ser optimista y esperar un resultado distinto?
Yo por definición soy optimista. Las situaciones críticas permiten identificar errores y revertirlos, para así reconducir el esfuerzo para tener una institución importante en la reforma de la justicia.

—¿La justicia que tendremos en adelante será mejor que la que tuvimos hasta el 2018?
Yo así lo espero. Desde la comisión especial, vamos a hacer el esfuerzo para alcanzar ese propósito.

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