Yehude Simon ingresó al promediar las 10:30 a.m. a la Prefectura de Lima. La investigación al ex primer ministro ha sido declarada compleja por tratarse de organización criminal. (Foto: Andina)
Yehude Simon ingresó al promediar las 10:30 a.m. a la Prefectura de Lima. La investigación al ex primer ministro ha sido declarada compleja por tratarse de organización criminal. (Foto: Andina)
Sebastian Ortiz Martínez

El ex gobernador regional de Lambayeque fue trasladado este martes a la Prefectura de Lima, donde cumplirá los nueve días restantes de su detención preliminar. El ex jefe del Gabinete Ministerial afronta una investigación por los presuntos delitos de colusión y lavado de activos por la licitación del proyecto Olmos a favor de , a cambio de aportes ilícitos para su campaña de reelección en el norte del país en el 2006.

Yehude Simon, quien ingresó enmarrocado a la sede policial de la avenida España, dijo que no recibió dinero de la constructora brasileña, al ser consultado por la prensa.

El ex primer ministro podría recibir una condena de 12 años con 11 meses de cárcel, de acuerdo a la prognosis de pena elaborada por el fiscal José Domingo Pérez solo por el presunto delito de lavado de activos. Este elemento fue incluido en la orden de detención preliminar que dictó la jueza María Álvarez Camacho contra el político de izquierda, a la cual tuvo acceso El Comercio en su totalidad.

Pérez, integrante del equipo especial Lava Jato, tomó en cuenta para este cálculo que Simon Munaro no tiene antecedentes penales.

La resolución precisa que aún no se ha hecho la prognosis de pena por el presunto delito de colusión, “correspondiendo la sumatoria” de sentencias.

Este Diario accedió a la orden de detención preliminar contra Simon, emitida por la jueza Álvarez Camacho. (Foto: El Comercio)
Este Diario accedió a la orden de detención preliminar contra Simon, emitida por la jueza Álvarez Camacho. (Foto: El Comercio)

El mismo cálculo de pena se aplicó para Pablo Enrique Salazar Torres, ex gerente del proyecto Olmos. El técnico también fue detenido preliminarmente en la víspera.

“Odebrecht apoyó activamente” su campaña

El equipo especial Lava Jato también incluyó, en el pedido de detención preliminar al ex gobernador regional de Lambayeque, el testimonio que brindó el exsuperintendente de Odebrecht en el Perú Jorge Barata el último 31 de enero en Curitiba (Brasil). El exejecutivo afirmó que la constructora “apoyó activamente” la campaña de reelección de Simon.

Agregó que el pedido para que la empresa brasileña aporte económicamente al Partido Humanista, de Simon, fue en el “contexto” del proyecto Olmos.

Barata detalló que Odebrecht no solo entregó dinero para la campaña de reelección de Simon en Lambayeque, sino que también le dio “apoyo profesional” para que su candidatura contará con un plan de campaña.

“Es así que durante la campaña se contrató a una empresa encuestadora Vox Populi para que elaborara una investigación de opinión pública destinada a identificar las intenciones de voto para las elecciones regionales así como un asesor de campaña política, Eliseo Piris Thenarde, la empresa se llamaba Set Comunicación de Marketing LTD”, subrayó.

En comunicación con El Comercio, Luis Benavente, director de la consultora Vox Populi, indicó que su empresa se comenzó a operar en abril del 2007 y envió a El Comercio el registro de Sunat que consigna esa fecha. Por ese motivo, enfatizó que es imposible que ellos hayan realizado una encuesta para la campaña de Simon a la reelección al Gobierno Regional de Lambayeque un año antes.

De acuerdo con el expediente fiscal, Barata refirió que el aporte total de la firma brasileña a Simon Munaro fue de US$300,000, dinero que se le hizo llegar a través del hoy fallecido empresario Javier Málaga Cocchella y de Salazar Torres.

El ex representante de Odebrecht en el Perú indicó que la firma brasileña realizó este aporte ilícito, en varias partidas a través de dos ‘codinomes’: ‘Gorno’ y ‘Terco’.

De acuerdo a las planillas de la empresa, estos dos sobrenombres figuran en el proyecto Olmos.


Ante el Ministerio Público, Yehude Simon reconoció que Salazar Torres fue tesorero del Partido Humanista desde el 2006, “siendo esta la persona encargada de ver el tema de los fondos económicos para la campaña de reelección”.

El ex gerente del proyecto Olmos optó por guardar silencio cuando la fiscalía lo citó para tomarle su manifestación.

Un perjuicio económico de más de US$50 mlls.

El Ministerio Público considera, además, que Yehude Simon, como presidente regional de Lambayeque, firmó en el 2004 el otorgamiento de la concesión del proyecto de trasvase Olmos a favor de Odebrecht sin que la empresa brasileña fijará “de manera válida” la tarifa máxima por el precio del agua. Esto provocó, agrega, un perjuicio económico de más de US$50 millones al Estado Peruano.

Pérez Gómez- en su solicitud de detención preliminar para Simon y Salazar- detalla que el 14 de mayo de 2004, el Comité de Proinversión en Proyectos de Infraestructura y Servicio Públicos aprobó la remuneración unitaria máxima presentada por BNP Paribas. Este documento establecía que el Estado Peruano debía pagar entre US$0.0628 a Odebrecht por metro cúbico de agua trasvasada.

No obstante, de acuerdo con la tesis fiscal consignada en la resolución de la jueza María de los Ángeles Álvarez, BNP Paribas para establecer el monto consideró la inversión total de US$147′284.000 para el proyecto Olmos, “sin deducir” el cofinanciamiento de US$77 millones que el Estado Peruano, a través del gobierno central, hizo a la obra.

“Una distribución proporcional a los montos de aportes del Estado Peruano y el concesionario [Odebrecht] determinan que la remuneración máxima que se debió recomendar resulta US$0.0343; lo que según la fiscalía, al haberse comprendido el US$0.0341 resultante del aporte del Estado Peruano al costo de inversión de la obra pública, significó un indebido beneficio económico” para la constructora brasileña, subraya la orden de detención.

La fiscalía sostiene que, entre agosto de 2012 a diciembre de 2015, se le pagó a la firma brasileña US$120’590,474, que desagregado de acuerdo a los porcentajes de participación del Estado Peruano (41,66%) y Odebrecht (58,34%), “se determinó que US$50’237,991 corresponde a un pago indebido derivado de la sobreestimación de la tarifa del trasvase de agua”.

“Yehude Simon obtuvo del gobierno central un cofinanciamiento de US$77 millones, por lo que tenía pleno y previo conocimiento que el postor que ganara la concesión de trasvase Olmos debería descontar dicho aporte al momento que percibiera la tarifa por el precio máximo del agua, lo cual finalmente no sucedió”, subraya el fiscal Pérez, en su solicitud de detención preliminar, a la que también accedió este Diario.

A pesar de esta situación, agrega, Simon Munaro firmó el contrato de concesión con Odebrecht, “beneficiaria indebida de dicho pago [el cofinanciamiento del gobierno central] no descontado favoreciéndola de esta manera en perjuicio del Estado Peruano”.

Yehude Simon, como presidente regional de Lambayeque, firmó concesión del proyecto Olmos a favor de Odebrecht sin que la empresa fijará “de manera válida” la tarifa máxima por el precio del agua. (Foto: El Comercio)
Yehude Simon, como presidente regional de Lambayeque, firmó concesión del proyecto Olmos a favor de Odebrecht sin que la empresa fijará “de manera válida” la tarifa máxima por el precio del agua. (Foto: El Comercio)

Edwin Espinoza, abogado del ex primer ministro, negó su cliente tenga responsabilidad penal por la firma del contrato del proyecto Olmos. Agregó que el ex presidente regional confió en los informes que le emitió Proinversión.

“¿Dónde está que Yehude Simon tenía conocimiento [de esta tarifa irregular]? Lo que hace un presidente regional o un ministro es sujetarse a los informes técnicos, esto en la administración pública se llama la confianza razonable o legítima. Él no es el especialista, ganó una elección, pero eso no significa que debe saber de trasvase, para eso están los técnicos”, refirió a El Comercio.

Espinoza también indicó que es posible que Simon pueda tener una responsabilidad administrativa, pero no penal, porque él no nombró a los funcionarios que establecieron las bases del concurso.

Te puede interesar